La purga de Ibarra generó repercusiones en la oposición

La decisión del jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, de disolver la Dirección General de Verificaciones y Control (DGVC), y de pasar a disponibilidad a sus quinientos empleados -trescientos de ellos inspectores- generó todo tipo de repercusiones.

El legislador demócrata progresista Oscar Moscariello, presidente del bloque Juntos por Buenos Aires, manifestó su deseo de que "el organismo con el que se piensa reemplazar a la Dirección General tenga un perfil profesional y esté integrado por gente que garantice un funcionamiento adecuado para el control y la prevención". Refiriéndose a la purga, subrayó: "Más vale tarde que nunca".

A su vez el diputado Atilio Alimena -quien hace casi una década ocupó el cargo de director general de la Policía Municipal durante la gestión de Guillermo Francos al frente de la por entonces denominada Subsecretaría de Inspección General y Habilitaciones- consideró, en consonancia con Moscariello, que "nunca es tarde si la dicha es buena. Si la decisión implica transformar y actuar, bienvenido sea". Sin embargo, señaló que la reforma "podría haberse hecho mucho tiempo antes". "Espero que esté respaldada con una decisión política apropiada y que no sea una simple declamación", expresó.

El diputado Fernando Caeiro (Unión por todos), autor de la ley que impone restricciones a la venta de alcohol de 23 a 8 de la mañana, aseguró estar de acuerdo con la decisión de Ibarra. Y aunque también entendió que "lo tendría que haber hecho antes", justificó la demora porque se trató de "una decisión complicada". "El tema es cómo implementar un sistema que no tenga los mismos vicios", añadió Caeiro, quien recordó que, durante la campaña electoral, el bullrichismo había abogado por la disolución del organismo.

La postura más dura la tuvo la legisladora de Izquierda Unida Vilma Ripoll. "Lo primero que quiero señalar -dijo- es la responsabilidad de los funcionarios del riñón de Ibarra. Tras una corrupción de años no pueden deslindar responsabilidades". También subrayó que "no se debe cesantear al sector de empleados administrativos" y remarcó que "los servicios de control los debe y puede realizar eficazmente el Estado. Por ejemplo, desde que se creó el cuerpo de inspectores de obras, la cantidad de obreros muertos disminuyó sensiblemente", concluyó Ripoll. Según datos del Gobierno porteño, en esa unidad, denominada PVO (Profesionales Verificadores de Obra), se registraron, en tres años, sólo tres casos de corrupción, cuyos protagonistas fueron llevados ante la Justicia.