Ciudad: Medio millón de personas sin casa propia
En la actualidad, y solo en la Ciudad de Buenos Aires, unas quinientas mil personas tienen dificultades que se inscriben en una problemática de vivienda. Es decir, viven en la calle; habitan en una vivienda de tipo precaria (inquilinato, conventillo, hotel, o pensión, en una construcción no destinada a vivienda, un rancho o una casilla); en situación de hacinamiento; o no son propietarios, y terminan alquilando.
En este marco, la legisladora porteña Rocío Sánchez Andía, junto al dirigente Facundo Di Filippo (ambos de la Coalición Cívica) y el legislador de Igualdad Social, Martín Hourest, presentarán el informe "Buenos Aires Sin Techo. La Ausencia de políticas de acceso a la vivienda: una violación a los derechos humanos". A través de sus más de 100 páginas, aborda esta problemática desde una perspectiva histórica, teniendo en cuenta la evolución del sector de la construcción con posterioridad a la crisis del 2001; la evolución del crédito hipotecario; y la situación actual de los alquileres.
Además, la investigación, con información de los últimos dos años, detalla la situación actual en los asentamientos urbanos, núcleos habitacionales transitorios y villas de emergencia; también en los hoteles públicos, barrios municipales y complejos habitacionales.
"El problema de vivienda es más que un problema habitacional, es un problema socio-económico, algo así como una de las expresiones más crudas y visibles de una crisis social que llegó para quedarse. Es por eso que no solo se trata de implementar mayores regulaciones y políticas integrales de vivienda -que evidentemente hacen falta- sino tam-bién, políticas económicas y sociales que sean capaces de erradicar progresivamente la desigualdad, el desempleo y la pobreza", se sostiene en las conclusiones del informe.
"Es decir, una política integral de vivienda que atienda cada una de las problemáticas en su interconexión, pero que además sea parte de un conjunto de políticas públicas complementarias e interrelacionadas que actúen sobre las causas estructurales que producen y reproducen la pobreza, y las múltiples consecuencias de un persistente cuadro social deteriorado, que incluye: problemas de alimentación, deserción escolar, drogadicción, alcohol, vivienda, salud y desestructuración del núcleo familiar, entre otros. Es decir, no se puede pensar una política de vivienda parcializada, ni una política habitacional integral aislada de un programa de gobierno, y tampoco de un solo nivel de gobierno, porque aquí también ejercen influencia las desigualdades nacionales y la necesidad de generar oportunidades en ciudades y pueblos del interior que promuevan la desconcentración demográfica de las grandes capitales", agrega.
Otro apartado hace mención a la cantidad de desalojos en la Ciudad, y a la autogestión como estrategia alternativa de acceso. "No es un problema exclusivo de la falta de viviendas: en la ciudad existen aproximada-mente 100.000 inmuebles privados vacíos aptos para la vivienda , miles de inmuebles estatales ociosos y muchas de las viviendas que hoy presentan déficit pueden convertirse en viviendas adecuadas a través de inversiones menores en infraestructura y equipamiento básico. Tampoco es un problema exclusivo de los sectores más empobrecidos, porque también afecta a los sectores medios bajos y medios", se destaca.
DIEZ AÑOS EN EMERGENCIA
Más allá de la presentación de este informe, la Legislatura porteña podría votar una nueva prórroga por tres años que mantenga la emergencia habitacional en la Ciudad, que fue declarada por primera vez en 2004. Así se llegará a diez años en estado de emergencia sin que se haya registrado ningún avance significativo en la lucha contra la vivienda precaria.
