Vecinos y empresarios enfrentados por una tintorería industrial

El barrio de Villa Mitre es una zona de la Ciudad de Buenos Aires ubicada entre los barrios de Flores, Floresta, Villa Santa Rita, Villa del Parque, Paternal y Caballito. En los años '90 se instaló en él una tintorería industrial denominada "Colorpool", que inició sus actividades en la calle Galicia entre la avenida Boyacá y la calle Andrés Lamas.

Un grupo de vecinos que integran el Movimiento Barrial "Café La Humedad" denunciaron frente al Gobierno de la Ciudad y la Defensoría del Pueblo una serie de irregularidades por parte de la empresa. Según aseguraron "por aquellos años comenzaron a sufrir una leve contaminación por vapores tóxicos provenientes de una chimenea muy baja y de mediana dimensión; y excesivos ruidos molestos por carecer de materiales aislantes. Tanto la contaminación tóxica como la auditiva se fue incrementando a medida que la empresa iba creciendo, sugestivamente, en una época en que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas textiles quebraban en nuestro país".

Entre los fundamentos de la denuncia, también se menciona que "la planta original, habilitada tan sólo como depósito y no para actividades industriales, se fue extendiendo a terrenos con salida a las calles Tres Arroyos y Andrés Lamas. La empresa ocupó el pulmón de manzana e instaló una chimenea anti reglamentaria de enormes dimensiones que tan sólo alcanza el cuarto piso de los edificios más altos de la manzana que tienen nueve pisos. Esta chimenea expulsa durante las veinticuatro horas del día vapores con sustancias tóxicas y altamente oxidantes que modifican el ADN de quienes las absorben y pueden generar, a la larga, cáncer y leucemia".

"Lo llamativo del caso -agregan- es que la chimenea expulsa estas sustancias a veinte metros de una clínica denominada Clínica de la Esperanza, que en una época perteneció al Sindicato del Tabaco, pero en la actualidad es explotada por una empresa privada. Esto es insólito, pero mucho más insólito es que la clínica no haya hecho ningún reclamo ante el Gobierno".

Además, los denunciantes aseguran que, ante la queja de los vecinos más inmediatos, "la empresa le compra la propiedad a dichos vecinos y silencia la protesta, al mismo tiempo que gana nuevos terrenos para ampliar la superficie de su planta industrial. Salvo el depósito de la calle Galicia, el resto de la propiedades (aproximadamente media manzana) no está habilitado para otra cosa que no sea uso como vivienda civil. O sea que, además de actuar ilegalmente, este señores defraudan al fisco de la Ciudad pagando impuestos a la propiedad como si fueran unos vecinos comunes y corrientes".

Frente a estas denuncias, el directo de Colorpool SA, Isaac Marcos Holsman, explicó que "desde que hace cuatro años la empresa desistió de comprarle la propiedad al señor Eduardo Buchar que tasó en 300.000 dólares, curiosamente la empresa se convirtió para este vecino en la generadora de todos los males del barrio. Más allá de las más de 26 inspecciones que hubo durante todos estos años, en las que no se detectó absolutamente nada irregular, los vecinos 'molestos', continúan con su plan de desprestigio y de mentiras".

Holsman afirmó: "Nos parece un despropósito que esta gente siga detrás de la sombra de la impunidad trabajando para que 500 familias vivan momentos de incertidumbre en esta fecha próxima a las fiestas ante las amenazas de cierre de la compañía. Sugerimos que se los investigue también a ellos ya que por la forma en que se mueven estarían buscando algún rédito económico aprovechando diferencias políticas que involucran a varios organismos públicos de la Ciudad. Terminemos con esta injusticia".

En tanto, los miembros del Movimiento Barrial insisten en que "ya hay varios vecinos, especialmente niños, con problemas de alergia respiratoria y reacciones cutáneas producidas por la toxicidad del aire del barrio. Hay mascotas que vecinos tenían en las terrazas que han muerto. ¿Debemos esperar a que comiencen a morir seres humanos? Las graves infracciones que impunemente comete esta empresa están documentadas en un expediente de más de 700 fojas que incluye informes de los profesionales al servicio del Gobierno porteño, peritos de Aguas Argentinas, laboratorios privados contratados por los vecinos, y, fundamentalmente, pudieron ser constatadas por los funcionarios de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que intervinieron ante el reclamo de los vecinos".

Fuentes de la Defensoría consultadas por NOTICIAS URBANAS, reconocieron haber concurrido al lugar pero relativizaron las denuncias realizadas por los vecinos. "Gran parte de las irregularidades declaradas no se podían comprobar en la realidad. Por ejemplo, los vecinos hablan de ruidos molestos pero si dentro de la fábrica no se escuchaban, dudo que se pudieran escuchar desde sus casas", manifestaron.

De todas maneras, la Defensoría recorrió el lugar y pidió una serie de informes al respecto. "Nosotros sólo podemos ir de veedores porque no tenemos poder de policía. Igualmente le pedimos información al Gobierno y a Aguas Argentinas sobre el estado del agua, y planteamos alguna que otra preocupación que nos surgió de la visita", agregaron funcionarios del organismo de control.

La empresa, por su parte, aseguró que "el inspector Luis Marinelli de la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental del Gobierno detectó 42 decibeles de sonoridad en el dormitorio de la vivienda del señor Eduardo Buchar cuando el límite máximo aceptado es de 45. Además, el Ejecutivo estableció que los valores de concentración de aire ambiente de los contaminantes indicadores evaluados no excedieron el valor límite admisible establecido como nivel de inmisión".