El Gobierno porteño quiere escrachar a los grandes empresarios que no pagan impuestos
El Poder Ejecutivo porteño pretende que cuando los legisladores aprueben la Ley de Presupuesto, junto con la cual se votan la Ley Tarifaria y la Ley de Código Fiscal, modifiquen el artículo 80 de esta última, que obliga al Estado porteño a guardar el secreto fiscal con respecto a sus contribuyentes.
Una fuente del Gobierno manifestó que "nosotros estamos obligados a guardar en secreto las declaraciones juradas impositivas de los empresarios, pero no estamos obligados a callar si cumplen o no con sus compromisos fiscales, por eso queremos modificar el artículo que nos impide difundir sus eventuales incumplimientos".
"Como en la Ciudad no hay fuero penal tributario, ni tribunal fiscal, ni la posibilidad de embargar preventivamente, tenemos que tener la oportunidad que ya tiene la AFIP, que publica las listas de sus morosos y cobra sus impuestos compulsivamente cuando es necesario", agregó el funcionario.
Pero la solicitud del Gobierno se enmarca en una situación de recaudación fiscal que tiene luces y sombras. Para muestra bastan dos casos, en los que importantes empresas generaron graves conflictos con el Estado: las que ocupan el subsuelo y el espacio aéreo de la Ciudad y las empresas petroleras.
Las primeras, según fuentes gubernamentales, tienen una tasa de morosidad "cercana al cien por ciento". Estas empresas se dividen en cuatro grupos: las que cuestionan la potestad de la Ciudad para cobrar la tasa, las que eluden el pago depositando cifras menores a las que corresponden, las que reclaman que la Justicia interprete la forma en que se debe cobrar este impuesto -y el monto que les corresponde abonar- y las que ni siquiera se acercaron a la oficina de Rentas para conocer la deuda que mantienen con la Ciudad
En este grupo figuran Edesur, Metrogas, Edenor, Telecom, Telefónica y Aguas Argentinas, acompañadas por Metrored, Comsat, Diveo, Soinco, Siemens, Telred Sud, Calcaterra, CRM, NSS, IMPSAT y Techtel se suman al grupo de deudores con el fisco porteño. Entre todas deben al menos 40 millones de pesos. Este conflicto se mantiene aún sin resolver.
La empresas petroleras, por su parte, mantuvieron durante alrededor de nueve años un litigio judicial con el Estado porteño por el cobro de la tasa por Ingresos Brutos. Estas empresas reclamaban que el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) no debía formar parte de la base imponible sobre la que la Dirección de Rentas calculaba el monto de los Ingresos Brutos.
Ante la negativa del Gobierno a aceptar el argumento, las petroleras llevaron la contienda a los estrados judiciales y la mantuvieron allí durante nueve años. Finalmente, ante una serie de fallos adversos a su postura en otros juicios similares, las empresas aceptaron la posición del Estado porteño y se acogieron a la Ley 761, que permite regularizar la situación de los morosos con una condonación de intereses y un amplio plan de facilidades de pago. En estos momentos, los petroleros están pagando de una manera desacostumbradamente puntual.
