El PADELAI espera justicia

El 25 de febrero de 2003, un grupo de funcionarios del Estado poderosamente armado desalojó a los ciudadanos desarmados que habitaban en el antiguo edificio del Patronato de la Infancia (PADELAI), sin privarse de utilizar parte de su armamento y su capacidad intimidatoria contra hombres, mujeres y niños.

Los funcionarios del Gobierno porteño encargados del operativo justificaron entonces su decisión de expulsar a los moradores del edificio en una pericia elaborada por el ingeniero Augusto Gonella, en la que éste advertía, con un remarcable exceso de amor al prójimo, que las construcciones que albergaban las humanidades y aún los sueños de los desahuciados estaban a punto de derrumbarse.

Hoy, dos años después de los sucesos relatados, el Gobierno porteño prepara una licitación para construir un centro comercial y cultural en aquellos edificios que ya no podían albergar gente, pero que sí están en condiciones de cobijar el saber, quizás porque no ocupa lugar.

Entre otras cosas, la arquitecta María Rosa Martínez, la funcionaria de la Dirección General de Cultura que firmó el proyecto del llamado a licitación obvió que la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo San Telmo Limitada es la propietaria -en condominio con el Gobierno porteño- del terreno, que se encuentra situado en la estratégica esquina de Balcarce y San Juan y que posee, por lo tanto, una más que interesante valuación, si de negocios se hablara.

La propiedad del terreno les fue concedida a los habitantes del PADELAI por medio de las Ordenanzas 44.838/91 y 44.522/90, que la Legislatura elevó en 1996 a la categoría de leyes.

Pero, el 18 de junio de 1998, los diputados Eugenio Zaffaroni -actual integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por aquel entonces miembro del bloque del FREPASO, al igual que el actual jefe de Gobierno- y Gabriela González Gass, radical alfonsinista, presentaron el Proyecto de Ley Nº 3510, modificatorio de las leyes nombradas, que hubieran permitido ya entonces el desalojo de la gente del PADELAI. El proyecto, en ese entonces, no concitó la adhesión del resto de los legisladores y fue archivado.

Posteriormente, en el Decreto 49/03 del Poder Ejecutivo porteño, que ordenó el desalojo de los habitantes del PADELAI, no fueron cuestionados los derechos de los desplazados a la propiedad del predio, que además fueron beneficiados con un subsidio para cubrir transitoriamente su situación habitacional. En base a esta situación, los abogados de los damnificados, César Augusto Arias, Silvana Assis Marolo y Diego Guglialmelli le advirtieron mediante carta documento a la arquitecta Martínez que "todo lo actuado en violación a las normas citadas genera responsabilidad civil y penal".

EL DÍA DESPUÉS

El día posterior al desalojo, cuando ya una cuadrilla había comenzado -haciendo gala de una celeridad muy poco municipal- a demoler uno de los edificios del predio, la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario porteño -formada por Carlos Balbín, Inés Weinberg de Roca y Horacio Corti- hizo lugar a una medida cautelar solicitada por los letrados de los desplazados y le ordenó al Gobierno porteño, entre otras cosas, no demoler nada sin su previa autorización y preservar, además, "la unidad de los grupos familiares".

Esta resolución judicial detuvo, al menos por el momento, a las piquetas fiscales. De todos modos, en el llamado a licitación de la Secretaría de Cultura, el Gobierno actúa como si fuera el único propietario del lugar, lo cual según César Augusto Arias, "perfecciona la maniobra defraudatoria", ya que en la escritura fechada el cinco de noviembre de 1991, inscripta con el número 166 en el Folio 392, que lleva el Registro Notarial Nº 222 figuran como titulares del predio el Gobierno y los vecinos del PADELAI.

INTRIGAS PALACIEGAS EN EL INAES

Tres años antes de que entraran en acción los tiernos garrotes de la Guardia de Infantería, María Vicenta (Mary) Sánchez asumió su cargo de presidenta del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y el organismo dictó, casi inmediatamente la Resolución Nº 1/00, por la que se decidió investigar a la Cooperativa San Telmo, que agrupaba a los habitantes del PADELAI.

Tras firmar la resolución, Sánchez se fue de vacaciones, al igual que la mayoría de los miembros del flamante gobierno de la Alianza, fatigados por una intensa campaña electoral. A juzgar por los resultados de sus gestiones, algunos de ellos en los últimos días de diciembre de 2001, aún seguían entregados al descanso reparador.

Desde el Gobierno porteño, entretanto, se presionaba con fuerza sobre el INAES para que esta repartición hiciera caer la Matrícula Nº 12.254, que correspondía a la Cooperativa San Telmo. Por esta razón hay radicada en el Juzgado de Instrucción Criminal Nº 16, del que es titular Gustavo Rofrano, la causa Nº 30.078/03 por maniobras defraudatorias contra la ex sindicalista de los docentes.

UN INFORME TÉCNICO HECHO A MEDIDA

El 12 de noviembre de 2002, en un Informe Técnico de cinco carillas que llevaba el membrete de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y la firma de Enrique Augusto Gonella, se dictaminó que las edificaciones "A" y "B", construidas sobre el terreno del PADELAI se encontraban en peligro de derrumbe.

Inclusive, el perspicaz profesional notó en el punto D) de su informe que algunas construcciones que se erigían sobre un patio interior "pueden ser alcanzadas por el probable desmoronamiento de los ladrillos de los tres metros superiores de la chimenea descripta en C)". Ésta era una chimenea de 15 metros de altura y este punto era el resultado de una observación meticulosa que debería haber sido producto de la presencia del ingeniero en el interior del predio, que nunca fue confirmada y que los habitantes del edificio desmintieron.

Otro punto destacado del supuesto informe técnico es la admirable suposición -que aparece en dos ocasiones- de que "no se descarta que en el caso de la instalación del gas existan conexiones clandestinas". Quizás el ingeniero nunca estuvo en el interior de las edificaciones e ignoraba que los esforzados habitantes del PADELAI utilizaban para sus quehaceres cotidianos el recurso del gas envasado en garrafas.

Es preciso destacar estos puntos ante la denuncia de los vecinos del lugar de que Gonella no estuvo nunca dentro del lugar, lo cual explicaría la superficialidad y la endeblez argumental que campean en su escrito. Por esta razón se le inició una causa, que está radicada en el Juzgado Criminal de Instrucción Nº 16, a cargo del juez Gustavo Rofrano. En ella, el ingeniero aparece acusado por falsedad ideológica, violación de domicilio, violación de los deberes de funcionario público y defraudación contra el Estado porteño.

Entre otras razones, Gonella fue denunciado porque afirmó que había ingresado al predio sin autorización de sus titulares, acompañado por Alicia Vasconcello, la titular de la Unidad Ejecutora (?) de PADELAI. Además, reconoció que por su trabajo se cobró la suma de ocho mil pesos.

DECRETOS METICULOSOS

El Gobierno porteño emitió varios decretos en relación con el PADELAI. Dos de ellos fueron el que lleva el Nº 680/00, que firmaron Enrique Olivera -que reemplazó a Fernando de la Rúa cuando éste se mudó a la Casa Rosada- y su secretaria de Desarrollo Social, Lidia "Pinky" Satragno, y el Nº 1621/00, que lleva la firma de los sucesores de los firmantes anteriores, Aníbal Ibarra y Daniel Figueroa.

Este último incluyó dos anexos, de los cuales el primero contenía los modelos de convenios de desocupación que se les obligó a firmar a los damnificados del PADELAI.

Pero el Anexo segundo era el más interesante, porque incluía el diseño de un detallado operativo de seguridad para garantizar efectivamente el desalojo de los habitantes del predio. Inclusive preveía -tal como después se concretó- la instalación de una casilla de vigilancia en la entrada al terreno, en la que los policías federales destacados en ella llevaron a cabo una larga lista de atropellos, que incluyeron algunos cacheos efectuados sobre los cuerpos de algunas mujeres y la prohibición de ingresar a los pobladores sus indispensables garrafas, con la excusa de que estaba prohibida la entrada de muebles.

LA POBREZA JUDICIALIZADA

Tantas arbitrariedades existieron en este proceso, que una cantidad más o menos equivalente de causas judiciales habitan en los juzgados porteños de distintos fueros.

En el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad ya intervinieron en distintas ocasiones los magistrados Roberto Gallardo, Patricia López Vergara y Hugo Zuleta, además de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones que conformaban Carlos Balbín, Inés Weinberg de Roca y Horacio Corti, que advirtió a los funcionarios del Gobierno porteño que, si su resolución fuera desobedecida, el jefe de Gobierno pagará de su propio patrimonio una multa de mil pesos por cada día que persistan en el desacato.

En el Juzgado Nº 16 del fuero Criminal de Instrucción existe una causa en la que Mary Sánchez está acusada de maniobras defraudatorias y falsedad ideológica por haber intentado hacer caer la matrícula de la Cooperativa San Telmo.

En el Tribunal de Casación, entretanto, habita en estos momentos un recurso que tiene por objeto evitar el cierre de la causa contra el ingeniero Gonella, a la cual los letrados que asesoran a los cooperativistas agregaron el dictamen de la arquitecta Martínez, que contradice sin complejos el dictamen del ingeniero.

En el Juzgado Federal Civil y Comercial Nº 3, del que es titular el juez Roberto Torti, está radicada la causa en la que el INAES intenta demostrar que la Cooperativa ya no tenía asociados, al haber sido éstos desalojados del edificio de PADELAI.

FUEGO EN LA NOCHE

En la noche del 14 al 15 de febrero de 2003, en un operativo que completó la Guardia de Infantería apenas 10 días después, manos anónimas encendieron dos fuegos en distintos lugares del predio de PADELAI. Ambos focos fueron rápidamente dominados por los vecinos, que se encontraban montando guardia para evitar que otras manos anónimas -o las mismas- volvieran a tapar con trapos los desagües.

En este caso, los letrados de los habitantes del edificio iniciaron otra causa judicial, que fue a dar al Juzgado de Instrucción Nº 45, que está a cargo de la jueza María Dolores Fontboná de Pombo.

En el ínterin, los amables muchachotes de la Policía Federal hicieron su trabajo y los pobladores de PADELAI fueron echados a la calle. La jueza lo mismo les envió una citación para que los damnificados fueran a ratificar su denuncia… a la dirección de la cual habían sido desalojados. A continuación, cuando apenas habían transcurrido 20 días de la denuncia, Fontboná de Pombo archivó, sin más ni más, la causa.

Por esta razón, la magistrada fue denunciada ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, trámite que fue cumplido el cuatro de noviembre de 2004, cuyo número de expediente es el 475/04.

UNA DEMANDA MILLONARIA

Los miembros de la Cooperativa presentaron ante el juzgado Nº 7 del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, cuya titular es la jueza Lidia Lago, una demanda contra los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que operaron políticamente contra ellos, que deberían responder con su patrimonio personal.

La cifra -que podría ser aún mayor- fue deducida por los abogados de los querellantes tomando en cuenta el sufrimiento padecido por sus representados ante el hostigamiento que sufrieron a partir de 1998.

Arias, uno de los abogados de los habitantes desalojados del PADELAI, manifestó que "tomamos como referencia las pautas que surgen de las leyes reparadoras para las víctimas del Terrorismo de Estado, que establecen una suma de 74,66 pesos por cada día de sufrimiento. Esto significa que el monto podría ser aún mayor".

Finalmente, Silvana Assis Marolo, otra de las patrocinantes, señaló que a esto "hay que agregarle el hecho de haber sido desalojados de una propiedad que les pertenece; a los años caídos en la explotación de los locales comerciales cuya construcción contemplaba el proyecto original, a lo que habría que agregar el daño psicológico que les causó a los menores la serie de vicisitudes que debieron soportar ellos mismos y sus padres".

FINAL ABIERTO

Más allá de las cuestiones de dinero, las peripecias que debieron soportar los antiguos habitantes del PADELAI operarían como un caso emblemático del funcionamiento de la justicia argentina, que condena con la rapidez del rayo a los pobres, en tanto que opera de manera complaciente y aún contemplativa cuando el sujeto sobre el cual se debe impartir justicia pertenece al sector "pudiente" de la sociedad.

LA VOZ DEL GOBIERNO

La procuradora general del Gobierno porteño, Alejandra Tadei, entretanto, manifestó que "actualmente no hay ningún litigio radicado en esta oficina sobre la propiedad de la tierra y los edificios del PADELAI".

"De todos modos, cuando termine la feria judicial, el Gobierno porteño va a plantear ante la Justicia la recuperación de la propiedad del predio, cuya titularidad la Cooperativa San Telmo había recibido en forma de fideicomiso", anunció la funcionaria.

Actualmente -aclaró Tadei- el Gobierno se encuentra realizando tareas de conservación y mantenimiento de los edificios, para evitar que se deterioren, ya que son muy antiguos".