Segunda prueba no superada para el Consejo de la Magistratura

Tal como sucedió el miércoles pasado, las autoridades del Consejo de la Magistratura de la Ciudad fueron dura y profundamente indagados por legisladores porteños de casi todas las extracciones políticas, al visitar nuevamente la Legislatura para justificar la partida
presupuestaria que consideran necesaria para el año próximo.

Nuevamente se hizo presente en el Salón Montevideo el presidente del Consejo, Carlos Rosenfeld, pero esta vez estuvo acompañado por la jueza Carla Cavaliere (vicepresidenta primera) y Magdalena Iráizoz (secretaria). Los tres conforman el Comité Directivo del Consejo, aunque en total son nueve consejeros.

Participaron en la reunión -que en esta oportunidad estuvo presidida por el diputado Jorge San Martino- los legisladores Santiago de Estrada, Jorge Mercado, Jorge Enríquez (Juntos por Buenos Aires); Gabriela Michetti, Marcelo Godoy, Helio Rebot, Rodrigo Herrera Bravo, Paula Bertol (Frente Compromiso para el Cambio); Carlos Ameijeiras (Partido de la Ciudad); Miguel Talento, Claudio Ferreño, Diego Kravetz, Silvia La Ruffa (Frente para la Victoria); Laura Moresi (Frente Grande); Roberto Vázquez (UCR), Beatriz Baltroc (Autonomía Popular); Vilma Ripoll (Izquierda Unida); Daniel Betti (Bloque del Sur); Fernando Cantero (ARI) y Roy Cortina (PS).

Ni bien comenzó el encuentro, Mercado criticó duramente que Bettina Castorino y Juan Sebastián De Stéfano -representantes junto a Rosenfeld de la Legislatura en el Consejo- hayan concurrido a dar explicaciones no sólo del presupuesto proyectado para el 2005 sino también sobre lo ejecutado este año. En el mismo sentido se expresaron Baltroc, Ripoll, Talento y Rebot.

La ausencia de estos consejeros fue defendida por Iráizoz, quien sostuvo que los demás integrantes del Consejo no habían sido invitados a la reunión y que se había decidido que estuviera presente el Comité de Administración. En tanto Enríquez y Moresi coincidieron en que los consejeros que estaban presentes bien podían contestar todas las preguntas que se formularan.

Mercado sostuvo, además, que "hasta el momento se ha ejecutado del presupuesto del Consejo la mitad, pero recientemente un fallo dado a conocer por la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, dio la razón a los magistrados de primera instancia que habían pedido que se declare una feria judicial porque no podían seguir trabajando en esas condiciones. Denunciaron falta de recursos humanos, problemas edilicios (algunos de gravedad), falta de computadoras y hasta de sillas para la gente. Mis preguntas son, entonces, ¿en qué gastan la plata?, ¿se gasta en personal?, ¿si es así, cuánto gana un empleado promedio?"

Cavaliere sostuvo que "el edificio de Beruti tiene algunos problemas producto de que este inmueble no iba a ser utilizado por tanto tiempo, pero el fracaso de algunas licitaciones alargó los tiempos para que pudiera ocuparse el edificio de la calle Tacuarí. La idea es que allí funcionen en Beruti y Coronel Díaz 12 juzgados Contravencionales y de Faltas; y luego de una reforma edilicia, el Fuero Contencioso y Tributario. También está previsto mudar, por lo menos, uno de los dos Centros de Gestión y Participación que funcionan allí".

Sin embargo, estas aclaraciones no fueron suficientes para Mercado, quien pidió el detalle de lo ejecutado del presupuesto 2004, la cantidad de personal permanente que tiene el Consejo actualmente y cuantos empleados había cuando cambiaron las autoridades y señaló: "Quisiera saber por qué se han incorporado 117 personas a planta permanente y sin concurso público y cuál es el sueldo de los nueve consejeros".

Cavaliere reconoció esta situación y afirmó que "se está terminando el reglamento para hacer un llamado a concurso público y abierto, a fin de saldar este tema".

Al no responder Iráizoz rápidamente la segunda pregunta de Mercado, el presidente del Bloque Juntos por Buenos Aires ironizó: "No puede ser que no me respondan ni una pregunta tan sencilla que saldría hasta en un cuestionario de Billiken, como es cuánto ganan de sueldo".

Finalmente, y en otro tramo de la reunión, Rosenfeld dijo estar ganando 9.600 pesos "con 40 años de profesión", claro está, sin los adicionales que cobran por antigüedad y demás. A lo que Enríquez replicó: "Si es por eso, yo cobro poco más de la mitad y tengo 32 años de abogado".

Con respecto a la decisión de no cargar en el Siser -sistema informático en el que se puede hacer un seguimiento diario del Presupuesto- la ejecución presupuestaria del año en curso, calculada en alrededor de 71 millones de pesos (dato que había sido preguntado por Talento en la reunión anterior), Iráizoz aseguró: "Nunca la cargamos porque de Hacienda no nos lo pidieron, pero en base a la preocupación de los legisladores ya lo comenzamos a hacer".

Enríquez criticó duramente la subejecución presupuestaria que tiene el Consejo, las condiciones en las que los jueces de la Ciudad están trabajando y la poca cantidad de empleados que tienen algunos juzgados. "El Fiscal General Adjunto, Luis Cevasco, sostuvo que estas deplorables condiciones y el arduo trabajo que origina la falta de personal (en algunos casos hay cinco empleados por juzgado, y digo cinco porque sé que el juez muchas veces tiene que hacer las fotocopias, de lo contrario tendría que remitirme a cuatro) hacen que haya muchos empleados que pidan el pase al Consejo de la Magistratura".

Sin embargo, Rosenfeld expresó: "Esto no es cierto. Además no ha llegado a mí ninguna queja de los jueces por las condiciones de trabajo y tengo como testigo al subsecretario de Justicia y Trabajo, Marcelo Antuña, quien recorrió conmigo los juzgados de la calle Beruti".

Pero el presidente del Consejo reconoció que "hay que encontrar una solución edilicia rápidamente, pero no es sencillo construir un edificio judicial. Hace dos años que venimos estudiando el tema, porque no encontramos un estudio especializado en construcciones judiciales en la Ciudad de Buenos Aires".

Por su parte, Talento sugirió que se realice otra reunión con los miembros del Consejo de la Magistratura en pleno y solicitó que "se trabaje en esa oportunidad sobre un plan que contemple tres ejes fundamentales referidos a la problemática edilicia, (que consideró se encuentra en una situación aberrante); una política de personal que supere la desigual distribución que afecta fundamentalmente al Fuero Contencioso Administrativo y el tercer punto referido a la Ejecución Presupuestaria".

En tanto, Herrera Bravo manifestó que "el grado de credibilidad de esta gestión en cuanto a la administración del presupuesto no es el mejor, por lo que no tomé en cuenta su propuesta sino la del Poder Ejecutivo. No puedo pensar en designarles 30 millones de pesos más, cuando la relación entre el Poder Legislativo y ustedes es de tanto encono".

A raíz de lo que Rosenfeld aclaró: "Nosotros no venimos con encono, no nos molestan las preguntas, no venimos a tomarle el pelo a nadie, sólo a informar. Pero es necesario que tengan en cuenta que hace sólo 20 días que se formó, a instancias de la Legislatura, una comisión tripartita donde están representados el Consejo y el Poder Ejecutivo y Legislativo; y recién a mediados de este año se integró completamente el Consejo de la Magistratura".

Algunos diputados -como Godoy y San Martino- decidieron darles sus preguntas por escrito a los consejeros, mientras que otros se manifestaron "indignados" por las respuestas.

Luego de varias horas de duros embates contra los representantes del Consejo de la Magistratura, se fijó una nueva reunión a la cual están "invitados" todos los consejeros. La cita es el miércoles 3 de noviembre a las 10 en el Salón Montevideo, y seguramente también dejará mucha tela para cortar.