Nueva embestida judicial contra Macri

El nuevo faltazo judicial desencadenó las presentaciones en su contra. Y para colmo de males no son nada agradables. El embate contra el Jefe de Gobierno de la Ciudad tuvo un motivo determinante. Se originó luego de que Alejandro Pérez Chada ?el abogado que patrocinó a Boca Juniors entre 1995 y 2007, mientras Mauricio fue su presidente?, que ahora defiende al jefe porteño en la causa caratulada ?Macri, Mauricio, Piccardo, Pablo, UCEP s/Amenazas y otros delitos?, en donde se investigan los presuntos delitos de lesiones, amenazas, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público, se presentara en horas del mediodía del viernes 25 de febrero en el despacho del magistrado a cargo del Juzgado Correccional de Instrucción Nº 49, Facundo Cubas, para solicitar la postergación de la indagatoria de su defendido, ya que debía participar de un almuerzo de campaña que se realizó en una fábrica ubicada en la localidad bonaerense de San Martín.

El expediente judicial que complica al líder de PRO tiene bajo la lupa un gran número de acciones llevadas a cabo por el personal de la disuelta Unidad de Control del Espacio Público (UCEP) entre julio de 2008 y octubre de 2009, en donde se denunció a esa fuerza por malos tratos y hechos de violencia cometidos contra personas en situación de calle.

La pesquisa se inició por una denuncia presentada por la diputada nacional de Proyecto Sur Liliana Parada, a la que luego se le sumaron testimonios de personas que adujeron haber sido víctimas de la violencia de la UCEP. En la causa, además de Macri, están involucrados 29 ex integrantes de la UCEP y Juan Pablo Piccardo, el ex ministro de Espacio Público del Gobierno porteño, bajo cuya órbita funcionaba la fuerza de choque. Todos ellos fueron llamados a declarar por la Justicia.

El ex funcionario fue citado el viernes 25, y al contrario de su ex jefe, se presentó a la indagatoria judicial y respondió las preguntas del juez. El ingeniero, por su parte, había sido llamado a declarar por segunda vez por el magistrado a cargo del caso para el mismo día que debía presentarse Piccardo, después de no haber concurrido a su primera citación del viernes 10 de diciembre de 2010. El primer faltazo provocó que el juez lo llamara nuevamente, pero sin aviso previo, la defensa de Macri concurrió ese día a tribunales para presentar un nuevo escrito pidiendo la postergación de la declaración.

Este segundo plantón desencadenó el enojo de Cubas.
?El magistrado se siente ninguneado por Macri, quien se ausentó dos veces y encima de eso avisó de sus faltazos el mismo día que debía concurrir a tribunales, mediante dos textos presentados por su abogado, con excusas endebles y obligaciones de poco peso para sustentar las ausencias. El plantón del viernes 25 provocó el mal humor de Cubas, quien llegó a barajar la posibilidad de citar nuevamente a Macri, pero obligándolo a presentarse mediante el uso de la fuerza pública?, le confesó a NU un colaborador cercano al juez de Instrucción.

El desaire de Macri motivó una importante presentación judicial en su contra, en la que se solicitó su desafuero y detención. El 1 de marzo, el abogado Adrián Albor, que defiende a Graciela Cisneros, una de las personas que denunció ante el juez Cubas haber sido víctima de maltrato por parte de miembros de la UCEP, presentó un escrito pidiendo el desafuero y la comparecencia ante los tribunales de Macri. El letrado de la mujer justificó su pedido ante la nueva postergación de la indagatoria del Jefe de Gobierno.

En el texto dado a conocer por la defensa de Cisneros, se recordó que la mujer denunció ?haber sido golpeada por personal de la UCEP el 1 de octubre de 2009, cuando dormía en la calle Pasco, entre Constitución y Cochabamba y afirmó que el Jefe de Gobierno porteño faltó a la cita judicial bajo falsos pretextos, al pedir la postergación del trámite, argumentando compromisos adquiridos con anterioridad al 25 de febrero, fecha fijada para su declaración, pero Macri incurrió en una falta, ya que debió informar esa situación con mucha más anticipación?.

El escrito sigue acusando al jefe porteño: ?Conforme fuera advertido por los medios periodísticos, los compromisos que adujo previos al 1 de febrero (y que eventualmente debió informar inmediatamente, y no 24 días después) fueron en realidad actos de campaña política, que lejos se encuentran de ser ineludibles. Macri cuenta con el irritante privilegio constitucional de declarar por escrito y al no haberlo hecho no caben dudas de que nos encontramos ante maniobras dilatorias, impropias de un imputado en proceso penal, las que no deben ser toleradas por el juez de la causa. El imputado procura su impunidad mediante medios antiéticos, demorando un acto procesal clave para el avance de la causa y por eso se pide el desafuero de Macri, a fin de proceder a su captura y posterior indagatoria?. Lisa y llanamente se estaba pidiendo la detención del ingeniero para que fuera obligado a declarar por la fuerza.

Según pudo averiguar NU, la situación de Macri en la causa es complicada debido a las declaraciones judiciales que realizaron ex miembros de la UCEP, quienes le habrían dicho al juez que sus actos de violencia ?fueron ordenados por sus superiores políticos?, en este caso el ex ministro Piccardo, quien les decía a sus subordinados que ?tenía el aval de Macri para proceder de esa manera?.

La rueda de indagatorias, que hará desfilar por los tribunales a 29 ex empleados de la Ciudad, comenzó el 11 de febrero. Allí se presentaron a declarar Agustín Lanuse, quien fuera coordinador político del organismo parapolicial, y Luis Manuel Savoiardo, quien oficiaba de jefe operativo de UCEP en los desalojos realizados por la fuerza. Estos primeros testimonios deslindaron responsabilidades y apuntaron las culpas hacia arriba.

Otra de las denuncias que más complica al macrismo fue presentada por el Observatorio de Derechos Humanos, que proveyó un video en el que se ve al personal de la UCEP golpeando e insultando a personas que están a punto de ser desalojadas de la vía pública, donde vivían.

Las declaraciones de ex funcionarios, las filmaciones y las múltiples acusaciones de víctimas directas colocan a Macri ante un panorama judicial nada alentador, que amenaza con convertirse en una pesadilla personal, nada menos que en un año electoral.