ObSBA: Conciliación sin el Gobierno
El Gobierno porteño, SUTECBA, y Auditoria General debían sentarse a conciliar, por orden de la justicia porteña. La cita fue requerida para este martes por el titular del juzgado N° 2 del Fuero Contencioso Administrativo y Tibutario, Andrés Gallardo.
Los grandes ausentes fueron las máximas figuras del macrismo en el tema. Ellos son: la vicejefa de Gobierno, Gabriela Michetti; el procurador, Pablo Tonelli; y el interventor de la ObSBA, Jorge Rey. En representación del Gobierno, solo participó un empleado de planta de Procuración, llamado Marcelo Wajnszyld.
En el auditorio de la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA), poco después de las 11, el juez Gallardo argumentó el llamado a la conciliación: "Se acumuló en una misma secretaría por las semejanzas de los expedientes y por el ahorro económico. Al convocarlos pretendemos enriquecer al tribunal en su postura" y agregó que quienes no asistieron "se debió a diversas situaciones", las que no preciso.
Por la obra social de los municipales estaba presente su titular, Patricio Datarmini, y tomó la palabra uno de los tres abogados que los representa, el joven e inmenso letrado Andrés Gil Domínguez. Éste criticó al Gobierno por no estar presente y de esta manera "evitar escuchar al otro para llegar a un acuerdo por la constitucionalidad de la intervención de la ObSBA".
Gil Domínguez luego expuso cómo el gremio municipal pretende desregular la obra social. "La Superintendencia de Riesgo de Salud dijo que con las actuales normas es imposible incorporar a ObSBA al sistema de obras sociales nacionales. Nosotros presentamos un proyecto y la Superintendencia apoyó el proyecto que presentamos y al derecho a la opción".
Desde el gremio, que tuvo a su secretario gremial Alejandro Amor como representante, pretenden que se suspenda la intervención decretada por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri. Además plantearon y dejaron al juez la documentación que avala su proyecto de desregulación de la ObSBA que permitiría la libre opción de los afiliados.
"Queremos crear una nueva obra social e incorporarnos al sistema de obras sociales nacionales para ello necesitamos de nuevas normas y que el Gobierno complete el consejo directivo de ObSBA, que en un primer momento designó y luego intervinó", explicó a este medio uno de los abogados del gremio. Además quieren que el juzgado designe un interventor informante para controlar la futura desregulación.
El amparo iniciado para anular el informe de la Auditoria General, que sirvió de fundamento de la intervención de la obra social, tiene como argumento que no se respetó la confidencialidad. Así lo aseguró el abogado Gil Domínguez.
La titular de la Auditoria General, Sandra Bergenfeld, hizo un recontó cronológico para explicar que su gestión no filtró el preinforme y que lo completó con un 20 por ciento a través de una comisión ad doc. De todas maneras por la filtración del informe se abrió una investigación sumarial.
Bergenfeld continuó diciendo que el pedido de nulidad fue rechazado porque "los informes o dictámenes no son posibles de ser recurribles según el derecho administrativo. Nosotros lo que requerimos a la comisión de Ética de la Legislatura (presidida por el radical PRO, Oscar Zago) es que nos permita profundizar la investigación. La única manera de rehacer el informe es por pedido de los legisladores".
La postura del Gobierno fue que "no tenemos injerencia en la cuestión ObSBA y Auditoria por eso no agregamos nada. Y expediente SUTECBA donde se pone en duda la constitucionalidad se encuentra apelada y a fin que resuelva la Cámara (que horas más tarde resolvería a favor del Ejecutivo local)".
