La Legislatura podría iniciarle juicio político al asesor general de incapaces
El asesor general del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Cabiche, podría ser sometido a jucio político. Así lo dispuso en la sesión de este jueves la Legislatura porteña, al darle curso -a las 18- a una Cuestión de Privilegio que presentó la legisladora Beatriz Baltroc.
La razón de esta decisión se originó en un conflicto que surgió entre Cabiche y el asesor tutelar de 1ª y 2ª en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Gustavo Daniel Moreno. Cabiche dictó las Resoluciones Nº 71 y 72 -que ahora la Legislatura solicitó que sean revocadas-, por las que le recortó atribuciones a su subordinado.
A raíz de estas resoluciones, Moreno quedó impedido de actuar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario; está obligado a consultar con su superior antes de iniciar cualquier acción judicial y además debe elevarle a Cabiche cualquier oficio pidiendo informes y requerimientos ante las autoridades administrativas. También se le impide mantener relaciones institucionales con los organismos administrativos, como el Consejo de la Magistratura y el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
La Legislatura acusó a Cabiche de asumir funciones legislativas por sí mismo, al recortarle las atribuciones a Moreno, modificando los procedimientos para la defensa de los derechos de los niños. Esta acción lesionó seriamente la posibilidad de defensa de los derechos de los menores, al complicar los procedimientos para su defensa por parte del asesor tutelar.
El parlamento porteño basó su decisión en los artículos 92, 93 y 94 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que le otorgan las facultades para "...destituir por juicio político fundado en las causales de mal desempeño o comisión de delito en el ejercicio de sus funciones o comisión de delitos comunes..." a los funcionarios más importantes del distrito porteño.
Roberto Cabiche es un viejo militante radical que fue designado en el puesto que todavía ocupa por el ex presidente Fernando de la Rúa, cuando éste aún era jefe de Gobierno porteño. "Nunca debió haberlo nombrado", le manifestó a NOTICIAS URBANAS un legislador que alguna vez supo habitar en las cercanías del ex líder radical.
Para agravar la cuestión, Cabiche figuró como cuarto convencional nacional en las boletas de Gabriela González Gass, que compitió en la última interna radical. Lo peor fue que esta lista perdió en la interna, justamente a manos de Cristian Caram, el vicepresidente primero de la Legislatura que le iniciará juicio político.
La votación fue unánime -se necesitaba la voluntad positiva de dos tercios del total de los diputados, es decir, 40 votos- y tan masiva que hasta el propio Caram alegó -con cierta displiscencia- que no votó favorablemente el proyecto.
LO QUE SIGUE
La Legislatura está dividida en una sala acusadora -conformada por el 75 por ciento de sus miembros- y en una sala de juzgamiento, integrada por el 25 por ciento restante.
Como el juicio político no es contra el jefe de Gobierno ni contra su vicejefa, tanto el presidente de la sala de juzgamiento como el de la sala de acusación serán elegidos entre los propios diputados. Si aquel hubiera sido el caso, la sala de juzgamiento debería haber sido presidida por el presidente del Tribunal Superior.
La sala acusadora designó una comisión para investigar los hechos, que tendrá facultades de instrucción y le garantizará al imputado su derecho a defenderse. La decisión final deberá ser apoyada por los dos tercios de los diputados. Si su decisión fuera impulsar efectivamente el juicio político, inmediatamente Cabiche quedará suspendido en sus funciones , sin goce de haberes.
Iniciado el juicio político, la condena sólo puede ser de destitución, y el acusado puede ser inhabilitado hasta por diez años para ocupar cargos públicos en el ámbito de la Ciudad. Si el fallo no se produce antes de los cuatro meses de la suspensión, el acusado se podrá considerar absuelto y no podrá volver a ser juzgado por el mismo hecho.
SOLIDARIDAD
Una larga serie de ONG's enviaron a los medios un correo electrónico en solidaridad con Moreno, entre las que se cuentan la Fundación Ciudad, la Pastoral Social porteña, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Poder Ciudadano, el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), Autoconvocatoria por el Derecho y la Justicia (ADEJU), el Centro de Estudiantes de Derecho de la UBA, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Clínica Jurídica de la Universidad de Palermo, la Fundación Unos Con Otros, la Fundación Infectológica para la Niñez y la Adolescencia, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CASACIDN).
