La Ciudad zafó de pagar 4.000 millones a los acreedores de Interama
El Gobierno porteño y las administraciones futuras de la Ciudad zafaron de pagarle 4.000 millones de pesos a los acreedores de Interama, el inmenso parque de diversiones creado por la última dictadura militar en el barrio de Villa Soldati. La Corte Suprema de Justicia revocó este martes, por unanimidad, el fallo dictado en 1999 por la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial contra la Municipalidad para que se indemnizara a los acreedores de la quiebra de Interama SA por las construcciones erigidas allí. "La condena dictada contra el municipio carece completamente de sustento legal", sostuvo el fallo.
La historia se remonta al 27 de junio de 1977, cuando el brigadier Osvaldo Cacciatore, intendente de la Capital, llamó a licitación para crear un parque de diversiones de 110 hectáreas. Con una ordenanza, se adjudicó la obra al consorcio Interama SA para explotar el lugar por 35 años y se le dio un aval inicial de 40 millones de dólares. Tres años después, los avales se habían cuadruplicado y el parque aún no estaba en funcionamiento. Finalmente fue inaugurado en 1982, pero el 16 de diciembre de 1983 el ex intendente Julio Saguier rescindió el contrato aduciendo que la empresa no había cumplido con lo estipulado en la licitación. El parque de diversiones, comenzó a llamarse entonces Parque de la Ciudad.
En septiembre de 1999, la Cámara en lo Comercial le dio la razón a los acreedores de Interama al señalar que las edificaciones realizadas en el predio municipal fueron de buena fe y habían acrecentado el valor del inmueble objeto de la concesión.
Sin embargo, la Corte acaba de anular esa resolución: "El razonamiento seguido por la Cámara (Comercial) lleva al absurdo de considerar que cualquier subcontratista de obras públicas o privadas tiene, al margen de los derechos emergentes del respectivo contrato, carácter de 'edificador'", sostuvo la resolución de 71 puntos. Si así fuera, dicen los miembros del máximo tribunal, cualquier subcontratista podría llevar adelante una "acción para percibir del dueño del terreno el valor de los materiales y el trabajo puestos en la construcción".
