El Estado nacional transferirá tierras que alimentarán la depredación urbanística

En una conferencia de prensa que se iba a realizar en la Dirección Nacional de Vías Navegables y que, tras un ruego de Aníbal Ibarra a Víctor De Gennaro, terminó llevándose a cabo en la sede nacional de ATE, diversas organizaciones vecinales porteñas, agrupadas en la Asamblea Permanente por los Espacios Verdes Urbanos (APEVU), patrocinados por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), denunciaron que el Estado nacional le cedió a la Ciudad de Buenos Aires una serie de tierras -actualmente pertenecientes la ONABE- que fueron puestas bajo la jurisdicción de la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A., sólo para favorecer los negocios de algunos estudios arquitectónicos y empresas constructoras. También serán transferidas tierras que pertenecieron alguna vez a la empresa ferroviaria estatal.

Estuvieron presentes representantes de las organizaciones Asociación Amigos del Lago de Palermo; Asociación de Vecinos del Lago Pacífico; Comisión de Vecinos de la Calle Irala y Adyacencias y Vecinos Autoconvocados por la Reserva. Además, entre los convocantes a la conferencia de prensa estuvieron el Centro de Profesionales de Dragado y Balizamiento; el Centro de Políticas Urbanas (CEPU); la Comisión Nacional Salvemos al Tren; la Mesa Federal de la Corriente Clasista y Combativa; el Foro Argentina de Argentinos por un Transporte Integrado y Nacional y la Red de Vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Todas las organizaciones decidieron, además, que este evento signifique el alumbramiento de la Coordinadora en Defensa del Patrimonio Público.

Fueron también a expresar su solidaridad los titulares de GESTA, Rafael Bielsa y de Autodeterminación y Libertad, Luis Zamora, a los que se sumaron el candidato a jefe de Gobierno por el PARI, Eduardo Jozami y la legisladora porteña de la misma fuerza, Beatriz Baltroc, entre otros.

UNA HISTORIA DE TRASPASOS ILEGALES

El cuatro de noviembre del año pasado se firmó una Carta de Intención entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires, en la que "las partes sotienen que las condiciones del medio urbano y ambiental son determinantes en el desarrollo individual y colectivo de las comunidades, por lo que resulta indispensable tender a la preservación y el mejoramiento de estos aspectos".

Además, en la Carta de Intención, ambas partes -a veces, la inspiración divina se muestra oportuna- convinieron en la creación de una Comisión para asesorar al Gobierno nacional acerca de los trámites necesarios para efectuar la transferencia de las tierras al Estado porteño.

En el texto de la Carta de Intención figuran como pasibles de ser transferidas las tierras del predio de la Estación Buenos Aires; los terrenos de la Isla Demarchi y las tierras incluidas en el Proyecto Retiro. Además, la Nación autoriza al Gobierno porteño a ejecutar el enlozado sobre las vías del antiguo Ferrocarril Sarmiento -el anteriormente llamado "Corredor Verde del Oeste", que en la remota administración de la Rúa formaba parte del Plan Nacional de Infraestructura, e iba a ser financiado con créditos de la Nación.

Luego, en el Anexo I de la Carta, se detallan la gran cantidad de calles que deberá abrir la Ciudad en las propiedades de la ONABE -ex ENABIEF-, todas sobre tierras que anteriormente pertenecieron a Ferrocarriles Argentinos. Entre esas tierras habría que destacar los terrenos que están en las cercanías de las estaciones Federico Lacroze, Caballito, Liniers, Mercado de Hacienda, Paternal, Casa Amarilla y Villa del Parque, entre otras.

Más allá de estas transferencias de tierras de altísimo valor inmobiliario y del destino que a éstas se les dé en el futuro, la Constitución Nacional es clara en cuanto a este punto. El artículo 75, en su inciso 5º, declara que es facultad del Congreso Nacional: "Disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional". Si la división de poderes fuera una prioridad institucional en nuestro país, este tipo de decisiones ya hubiera provocado un grave conflicto de poderes.

Desde que en 1978 el intendente-aviador de facto, Osvaldo Cacciatore, cedió una gran porción de las tierras públicas del Parque "Tres de Febrero" a varios clubes que contaban con socios de alto poder adquisitivo, las tierras fiscales de la Ciudad de Buenos Aires vienen siendo administradas con una liviandad inaceptable por los gobiernos que se fueron sucediendo desde entonces.

UNA SOCIEDAD ANÓNIMA QUE VENDE TIERRAS DEL ESTADO

En 1989, el Poder Ejecutivo Nacional creó -por medio del decreto Nº 1.279, la Corporación Antiguo Puerto Madero Sociedad Anónima y le transfirió las tierras comprendidas entre la Avenida Córdoba y la calle Brasil, tomando como límite oeste las avenidas Madero e Ingeniero Huergo. Ésta fue la frutilla que coronó una torta que fue horneada con ingredientes de nula transparencia. Uno de los objetivos de esta organización era "la venta y/o locación de las tierras pertenecientes al área en cuestión". Las tierras ya fueron vendidas y los edificios ya fueron construidos casi en su totalidad. Casi todos los actos de la Corporación fueron ilegales, comenzando por la propia existencia de una sociedad anónima negociando tierras estatales.

De todas manera, esta institución ya perdió su razón de ser y debería autodisolverse, pero resoluciones como la que terminan de tomar el presidente de la Nación y el jefe de Gobierno le otorgan una sobrevida que redunda en beneficio de una logia de depredadores urbanos, como es el caso de los constructores de un gigantesco edificio que se encuentra situado a menos de 50 metros del Río de la Plata y a unos pocos metros más de la Reserva Ecológica. No estaría demás señalar, al mismo tiempo, que el estudio de arquitectos que diseñó ese engendro está liderado por el actual decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires.