Un polémico informe de la Auditoría cuestiona a Ibarra y a Schifrin

Un informe preliminar de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, que no carece de un cierto aire a recurso de campaña, cargó con dureza contra la participación del antiguo secretario administrativo de la Legislatura y actual secretario de Descentralización y Participación Ciudadana del Gobierno porteño, Ariel Schifrin y del propio Aníbal Ibarra en las obras de remodelación de la Legislatura.

El informe fue elaborado y ya está listo desde hace, al menos, un año y medio. Tanto es así que en repetidas ocasiones -en especial cuando se desataron conflictos entre la Auditoría y la Legislatura- siempre apareció la amenaza de los auditores, nunca cumplida hasta estos días, de hacerlo público.

Éstos cuestionaron en el documento una larga serie de aparentes irregularidades. En el comienzo, nomás, los funcionarios se quejaron por la falta de documentación que existe acerca de las obras en las oficinas de la Legislatura. Entre otras cosas, debieron solicitar los originales de numerosas fotocopias de certificados de obra en el juzgado Criminal de Instrucción Nº 48, en el que se sustancia una causa por "defraudación por administración fraudulenta".

Entre los múltiples problemas que aquejaron a los investigadores, el 12 de septiembre de 2000, manos veloces les sustrajeron la computadora que les había suministrado la Legislatura, perdiéndose en el hecho gran cantidad de documentación, que luego debió ser repuesta.

También cuestionaron los funcionarios la urgencia alegada en la Resolución Nº 369/98 para efectuar algunas adjudicaciones, porque, al no existir estudios técnicos que la avalen, no existe "una justificación válida que posibilite prevalerse de los procedimientos de excepción previstos en la normativa vigente en materia de contrataciones públicas".

El total de lo gastado en las obras fue de 15.903.489,21 pesos, de los cuales 13.189.848,62 correspondieron a las licitaciones públicas y privadas que se realizaron a lo largo de los trabajos. El resto son contrataciones directas, fondos rotativos y locaciones de servicios, entre otros ítems.

En otro capítulo, los miembros del organismo de control pusieron la lupa sobre el hecho de que algunos integrantes del grupo de auditoría interna que controló los trabajos está "integrado en algunos casos por los mismos funcionarios que intervinieron en diferentes etapas del proceso licitatorio, ejecutando, de tal modo, tareas de revisión respecto a su propia gestión, en claro apartamiento de elementales principios de control por oposición de intereses". Incluso, relatan el caso del coordinador del grupo de auditores "integró, a su vez, la comisión evaluadora encargada de entender y preadjudicar en los distintos llamados a licitación".

Los auditores también alegaron que "la carencia de un proyecto integral de edificio y de un plan general de obras a realizar, aparejó que la documentación técnica resultara incompleta e inexacta en algunos casos".

De todos modos, el informe, que se encuentra en este momento en la vicepresidencia 1° de la Legislatura para la realización del correspondiente descargo, fue firmada por sólo cinco de los siete auditores, ya que Jorge Argüello -que no debe ser confundido con su homónimo, diputado justicialista- y Nicolás Corradini, que responden al oficialismo, se negaron a apoyarlo. A favor de la aprobación votaron el presidente del organismo, Vicente Brusca, Noemí Fernández Cotonat -ambos actualmente cercanos a Mauricio Macri-, José María Pazos, Daniel Rodríguez Paz y Gabriela Serra.

Una vez concluido el descargo el informe volverá a la Auditoría donde se realizará el informe final y recién en ese momento que retornará a la Legislatura, puntualmente a la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control.