Un legislador de Macri en apuros
Un legislador electo de la lista Mauricio Macri, Álvaro González, fue denunciado ante la Justicia por presunta asociación ilícita destinada a defraudar a la Provincia de Santa Fe y evadir impuestos nacionales.
El requerimiento de instrucción penal fue presentado por la fiscal general de Santa Fe, Griselda Tessio, ante el juez federal Reinaldo Rodríguez.
Tessio argumentó en su pedido que existe una "ingeniería muy fina y delicada" entre el gremio UPCN - Santa Fe, cuyo secretario general es el reutemista Alberto Maguit, y otras firmas que reciclaban dinero y realizaban maniobras fraudulentas.
Una de las empresas nombradas es AGB S.A, propiedad de González, quien fue electo legislador por la lista de Macri e ingresará a la Legislatura el próximo 10 de diciembre.
Consultado por NOTICIAS URBANAS, el legislador de Macri rechazó la acusación al juzgar que la causa tiene un "trasfondo" político y juzgó que está motorizada por enemigos políticos que buscan "ensuciarlo".
Por su parte, explicó que denunció a Tessio ante el procurador general de la Nación Nicolás Becerra porque, a su juicio, la fiscal busca generar un impacto mediático con una denuncia sin sustento.
En esta causa -que en verdad fue iniciada por la DGI - AFIP y presentada ante la Fiscalía de Tessio- se investigó la provisión de ropa de trabajo a empleados públicos.
"El gremio aparecería como proveedor de toda la ropa de trabajo de los empleados estatales, salvo los docentes, por lo que se podría pensar que se compró por licitación y a mejores precios que de manera directa, para luego proveer a los trabajadores públicos", explicó Tessio.
Lo que la DGI - AFIP encontró (e informó a la Fiscalía) fue "la existencia de una serie de empresas que permitieron la tercerización de estas compras, donde aparecieron montos distintos en algunos objetos, los cuales han visto aumentado su precio el 384 por ciento de su valor".
La investigación de la fiscal -una figura prestigiosa en la provincia- va atando una serie de operaciones que indican que este esquema estaba destinado a defraudar al Estado provincial santafesino y evadir impuestos nacionales a través de la rotación dineraria y pagos realizados a empresas que volvían después a la conducción del gremio.
"Las entidades estaban armadas sin ningún tipo de sustento real y figuraban a modo de testaferros y a modo de operadores económicos", asegura la fiscal.
En el requerimiento de instrucción penal figura como una de las entidades sospechadas AGB SA, que tiene domicilio en la avenida Córdoba 455 4º piso, de la Capital Federal, y está integrada por Augusto Borlle y Álvaro González. Su actividad declarada es el servicio de asesoramiento profesional contable, jurídico e informático.
Como la empresa de González tiene domicilio fiscal en Capital Federal, Rodríguez se declaró incompetente y la causa fue girada a la Cámara Federal, que está definiendo en qué jurisdicción continuará la investigación.
ÁLVARO GONZÁLEZ SE DEFIENDE
"Esto es increíble, si mañana me tiran un cadáver en la puerta de mi casa, entonces se deduce que soy homicida", se quejó el legislador electo.
González admitió ser dueño de AGB S.A pero rechazó las acusación de asociación ilícita y de evasión impostiva, que le imputa Tessio. Según su versión, su empresa administra un fondo en UPCN - Santa Fe por el cual cobra un honorario, junto con su socio, de 10 mil pesos.
"Nosotros fabricamos uniformes para UPCN, pero jamás se han detectado sobreprecios, ni nada por el estilo. Es más: ya se hizo otra investigación que quedó archivada porque no se pudo probar nada", apuntó.
González, que es abogado, calificó de "poco seria" la investigación de Tessio porque en su presentación "no estipula cuál es el monto de la evasión".
"¿Cómo puedo ser el jefe de una asociación ilícita, si la investigación no estipula cuánto evadí?", se preguntó. Para terminar, el legislador electo aseguró que sus números ante la DGI están en orden y que la denuncia pudo haberse originado en ATE - Santa Fe, "un gremio que tiene la misma ideología que la fiscal".
