Devoto sigue encarcelada en la Ciudad

"Para muestra sobra un botón", dicen. Y la Ciudad tiene una mercería entera en la que exhibe porqué no logra la autonomía tan ansiada. La todavía existente Cárcel de Devoto -depende de Nación- y el no tener un Servicio Penitenciario propio, son parte del stock del costurero.
La cárcel de Devoto es una de las prisiones más superpobladas del país, construida en 1923, tiene capacidad para unos 1.600 internos pero aloja a más de 2.300. Es la número 2 del Servicio Penitenciario Federal y la única que queda en la Capital; la otra —la de Caseros— fue cerrada y todos los detenidos llevados a un complejo nuevo, en Ezeiza.

Según dicen en el Ministerio de Justicia de la Nación, “el Gobierno nacional está por construir cárceles en Mercedes (Buenos Aires), Güemes (Salta) y Coronda (Santa Fe)” y, aunque sostienen que, “entre las tres se incorporarían 3.500 plazas que servirán para aliviar el hacinamiento de otras cárceles”, se sabe, esto no alcanzaría para cerrar la vetusta cárcel que preocupa a los vecinos de Devoto.

Ante esta imposibilidad, desde la Legislatura porteña han comenzado a despertarse viejos proyectos que instan al Poder Ejecutivo de la Ciudad para que interceda ante el Gobierno Nacional a fin de que articule las acciones tendientes a concretar el cierre del Instituto de Detención de la Capital Federal -más conocido como la Cárcel de Devoto.

El último, una declaración de la diputada Mirta Onega -inspirada en una anterior de la kirchnerista Silvia La Ruffa- pide informes sobre “la fecha de estimación de la desafectación de la Cárcel de Villa Devoto, cantidad de la población carcelaria a la fecha de la contestación del pedido de informes y la cantidad de efectivos del Servicio Penitenciario a cargo de los internos”. Pero, todavía no hubo respuesta.

En los fundamentos, los legisladores reconocen que “las condiciones de hacinamiento en que se encuentran los alojados en estas dependencias es lo que acarrea perjuicios en la comunidad carcelaria”. Sostienen que por esta razón “se suscitan problemas de convivencia que ocasionan dificultades en le control de la seguridad, y que sumado a la deficiente estructura física del lugar, resulta evidente que no se da cabal cumplimiento al mandato de nuestra Constitución Nacional”.

Ante la consulta de este medio, los funcionarios porteños prefirieron hacer “silenzio stampa”, sin embargo, aunque no lo quieran admitir públicamente y quede bien bregar por la autonomía de la Ciudad, muchos han reconocido en los pasillos que tener la cárcel en convenio con la Nación “es más barato y trae menos problemas”, ya que “allá se hacen cargo de los asuntos que surgen”.

Sin entender de estos dimes y diretes, los vecinos se cansaron del discurso “de la lengua para fuera” y exigen que alguien les dé una respuesta respecto del efectivo traslado de la cárcel. “Hace mucho que venimos escuchando que se va a hacer, y nada. Nadie lo cumple. Mientras, aquí, nuestras propiedades se devalúan y la misma cárcel se cae a pedazos”, aseguran los representantes de la ONG “Vecinos de Devoto”.

Aunque, si bien es cierto que, con los planes estratégicos para la construcción de estos predios, se contempla la cercanía de centros urbanos para facilitar las relaciones de los internos con sus familiares y al mismo tiempo que su edificación se realice en los límites de las ciudades, normas que se respetaron en el barrio de Villa Devoto en sus orígenes ya no sirven al presente.

La cuestión es fácil: ¿cuándo se muda la Cárcel de Devoto? Y, la respuesta, es: “Cuando la Nación quiera”. E inmediatamente surge la pregunta final: “Y entonces, ¿la autonomía?”. Habrá que seguir esperando.

¿SISTEMA PENITENCIARIO O DE REINSERCIÓN SOCIAL?

La autonomía definitiva de la Ciudad es un anhelo que todos los porteños tienen. Justicia y Policía son los temas que están siempre en las gateras. En plan de ello se encuentran trabajando los legisladores de la Ciudad. Aunque, la remoción de la Cárcel de Devoto parece escaparse a las manos porteñas, desde la Comisión de Justicia de la Legislatura porteña han surgido varios proyectos para avanzar en la independencia judicial. Su presidente, el legislador Julio de Giovanni (Partido de la Ciudad) ha redactado un proyecto de Ley para que se cree el Servicio Penitenciario de la Ciudad (SPC).

Según el diputado la existencia de este servicio “llenaría un vacío existente en el proceso de autonomía de la Ciudad. Es importante, en este contexto, el contar con un servicio penitenciario autónomo, moderno y eficaz para lograr los mejores resultados en el proceso de reinserción social de aquellos ciudadanos sometidos a sanciones privativas de la libertad”.

El SPC, que dependería de la Secretaria de Seguridad de la Ciudad, sería la rama de la administración pública activa destinada a la custodia y guarda de procesados y a la ejecución de las sanciones penales privativas de la libertad, de acuerdo a las normas legales y reglamentarias en vigencia y, estaría compuesto por cuatro órganos: los Institutos de Contraventores, Encausados y Penados de la Ciudad. Además, prevé crear tres institutos: el centro de criminología, el de asistencia liberacional y la junta de egresos anticipados.

CON EL OJO PUESTO EN EL MISMO LUGAR

En el mismo sentido que De Giovanni, la diputada kirchnerista Silvia La Ruffa ha presentado un proyecto que propone la creación del Servicio de Reinserción Social de la Ciudad, una institución que permitiría lograr la reinserción social de las personas privadas de la libertad, mediante la vía del tratamiento interdisciplinario individualizado, apoyándose en actos que no vulneren los derechos de las mismas.

El proyecto introduce como novedad que la carrera del personal del Servicio de Reinserción Social se estructure en base a Operadores sociales, Supervisores y Operadores administrativos, por lo cual se propone la desmilitarización total de los integrantes del Servicio de Reinserción Social, erradicándose definitivamente todo lo que signifique cuerpo militarizado y todo lo que tiene que ver con el ritual castrense ejercido hasta el presente en los servicios penitenciarios del país.

Teniendo en cuenta el bajo índice de delitos penales que existen en la Ciudad “la idea del proyecto sería establecer un Sistema Penal moderno”, aseguró La Ruffa.