La demanda inaudita

?¿Nosotros hicimos eso? Puta que lo parió, no podés descansar ni un día y ya hacen una cagada.? Palabras más, palabras menos, así respondió un letrado PRO cuando NU lo consultó por la decisión del Gobierno de la Ciudad de interponer durante la feria judicial una medida cautelar en la que demanda a ocho trabajadores del Teatro Colón que durante 2010 realizaron varias huelgas y manifestaciones en protesta contra las autoridades del Primer Coliseo y denunciaron la crítica situación en la que se encuentra el patrimonio cultural, histórico y mueble del teatro.
Según el Gobierno de la Ciudad, que exige a los ocho demandados y a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) unos 55 millones de pesos ?incluida la inhibición general de bienes?, la medida requerida habría de ?evitar la agravación de los daños que ya han sido ocasionados al erario público en tanto pretende el resguardo de la actividad, patrimonio y tareas que desarrolla el Colón?.

En la descripción del escrito presentado el 17 de enero, durante la feria judicial, el Estado peticionó la inhibición de bienes ?para ser inscripta ante el Banco Central de la República Argentina y por la suma provisoria de 11 millones de pesos que se estima para responder por los daños ocasionados?. Asimismo, requirió ?se ordene no interferir en el normal funcionamiento del Teatro para la temporada 2011 que tiene previsto comenzar sus funciones al público el 29 de marzo y que serán anunciadas el 1 de marzo, todo ello con el fin primordial de evitar el agravamiento del daño por parte del deudor y, a su vez, custodiar el desarrollo de la temporada artística?.

Cinco días después, el letrado a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario 13, Guillermo Scheibler, negó el pedido de habilitar la feria para este tema, argumentando que ?no se han invocado ni acreditado otros hechos que en concreto demuestren a la fecha de la presente resolución un perjuicio cierto, inminente e irreparable que justifique anticipar la actuación jurisdiccional sin esperar la finalización de la feria judicial?. Sin el escollo de la feria judicial, ya en febrero, el GCBA volvió a presentar la demanda, que recayó en el Juzgado Nº 8, a cargo de Osvaldo Otheguy.

?Si volvemos a los valores del respeto y del trabajo, antes que los derechos, creo que vamos a salir adelante?, afirmó el director general del Ente Autárquico del Colón, Pedro García Caffi, en un reportaje radial.

En diálogo con NU, conocidos estos hechos, el titular del Estudio Alanis & Asociados, a cargo de la defensa de los trabajadores del Colón, expresó, con relación a la viabilidad de la demanda judicial, que ?en primer lugar, en los próximos días expondremos al tribunal los argumentos que sustentan la defensa de los trabajadores, la cual básicamente se centra en la falta de sustento jurídico y fáctico de las pretensiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual determinará que en los próximos días el juzgado deba expedirse sobre si hace lugar o no a la inhibición de bienes que fuera solicitada por Macri y García Caffi sobre el patrimonio de estas ocho familias?.

?Aquí no debemos olvidar que los responsables de esta pretensión por parte del Gobierno de la Ciudad no son sólo Macri y García Caffi, sino también todos los integrantes del Directorio que maneja el Teatro Colón, como lo son: Mónica Fredda, Lucas Figueras e Inés Urdapilleta?, agregó.
Y sostuvo que ?el estudio se encuentra avocado al análisis de las medidas e instrumentos necesarios para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos constitucionales por parte de los trabajadores del Teatro Colón, en particular a reclamar y ejecutar su derecho a la huelga. En ese sentido, y frente a las arbitrarias y surrealistas posiciones adoptadas por Macri y García Caffi, se está elaborando una acción de amparo en pos de garantizar el ejercicio de los derechos laborales por parte de los trabajadores?.

El silencio de los gremios

Mirando de reojo la situación, el gremio mayoritario en el Colón, Sutecba, ha decidido llamarse a silencio sobre la demanda millonaria, pero previamente, a través de un comunicado elaborado después del acuerdo que alcanzó con las autoridades del Ente Autárquico, aseguró que: ?Debemos reconocer, con amplitud de criterio, que los conflictos desatados llevaron a las partes a posiciones irreductibles. En este caso, las responsabilidades son compartidas?. 
Otros gremios, en cambio, han optado por adherir a los planteos de ATE que, en conferencia de prensa, sostuvo que el Gobierno de la Ciudad ?está atacando el derecho a huelga, nos maneja como un patrón de estancia, con un perfil totalitario?. Además, el gremio de los trabajadores del Estado advirtió que la medida ?puede sentar una jurisprudencia peligrosa?.

?El Ente Teatro Colón no investiga los desfalcos que están sucediendo. Por el sólo hecho de pedir un aumento salarial, Pablo Pedro García Caffi y Mauricio Macri lo tomaron como un ataque político. Actuamos gremialmente, no políticamente?, dijo el secretario gremial de ATE en el Teatro Colón, José Piazza.

?Nosotros esperamos que todos los sindicatos y las centrales obreras reaccionen porque esto es un ataque al derecho de huelga, es un ataque hacia todos los trabajadores. Si el juez le da entidad legal al reclamo estaremos volviendo al medioevo?, agregó Máximo Parpagnoli, delegado de ATE demandado.

OPINIÓN
El fin del derecho a huelga y el cruel ejercicio de la función pública *

No existe en la República Argentina antecedente alguno que funde el actuar estatal. Tan sólo se han dado dos casos hace más de 20 años, pero notoriamente distintos al que nos convoca, dado que habían sido iniciados por empresas privadas contra sindicatos (Petrolero Neuquén y Unión de Obreros y Empleados Municipales, ambos en 1987).

Si prospera esta demanda millonaria contra los trabajadores, el derecho de huelga quedaría limitado sólo a quienes tienen el capital suficiente para enfrentar las pérdidas que eventualmente se generarían en las ganancias que ellos mismos generan a quien se aprovecha de aquellas (¿un trabalenguas? No, sólo estrategia macrista). Por ello, en modo alguno se puede tolerar que el Estado, entidad encargada de la gestión del bien común, comprometa recursos públicos para atentar contra el ejercicio de derechos tan básicos como necesarios.

La demanda no se encuentra dirigida contra una asociación gremial, sino directamente contra las personas de los trabajadores, con todo lo que ello implica. Algún consagrado jurista sostuvo hace tiempo que el único juicio que debía tener un hombre honesto era el de su propia sucesión. Independientemente de la ironía presente, no puede desconocerse que una contienda judicial genera para todas las partes involucradas distintos niveles de inconvenientes, pero, puntualmente, para la demandada la posibilidad de que el juzgador disponga de alguna medida cautelar sobre su patrimonio para eventualmente cobrarse el crédito generado.
Embargos, inhibiciones, anotaciones de litis, medidas que lógicamente son ajenas al mundo del arte y debieran ser del universo de quienes están reclamando justamente, dentro del marco de las reglamentaciones vigentes, el mantenimiento de su ámbito laboral dentro de los parámetros normales exigidos para el desarrollo de cualquier actividad.

*Dr. Santiago Perez Toruel.
Abogado, profesor y especialista en Derecho Administrativo.


(PUBLICADO ORIGINALMENTE EN EL SEMANARIO NOTICIAS URBANAS Nº 278, DEL 03/02/11).