Vecinos de Villa Urquiza contra los túneles y demoliciones
Villa Urquiza parece no tener paz. Luego del derrumbe del gimnasio que se cobró 3 vidas y aún sin respuestas concretas a las víctimas y familiares, ahora el ojo está puesto
en los bajos a nivel que el Gobierno de la Ciudad espera construir en varios cruces de la línea Mitre de ferrocarriles, para mejorar el tránsito en la zona.
En las calles Pacheco, Donado y Holmberg, el gobierno quiere realizar los túneles, pero los vecinos denunciaron que estos no aliviarán el tránsito sino todo lo contrario, y aconsejaron que los bajos a nivel se construyan en las avenidas Monroe, Triunvirato, Álvarez Thomas, Constituyentes, Congreso, Balbín y Larralde, que son las denominadas vías troncales y ya presentaron recursos de amparo para impedir que se avance sobre esa línea.
?Los túneles 'sapito' bajo a nivel del ex ferrocarril Mitre son inviables sin considerar un Plan Integral de Tránsito que contemple el uso transporte público, la problemática del transporte de cargas, camiones, la contaminación ambiental y sonora y sobre todo la identidad barrial de nuestra comuna?, refirieron los vecinos en un comunicado.
LEY QUE CAE Y PREOCUPA
Otra situación que dibuja un panorama sombrío para las organizaciones barriales que defienden el espacio público ante las avanzadas inmobiliarias, es que, el 31 de diciembre caduca la ley 2548 y su modificatoria 3056, que es la mínima protección que la legislatura de la ciudad de Buenos Aires le otorgó a los inmuebles construidos antes de 1941. Es una ley de procedimientos que establece que el interesado en demoler un inmueble de esas características deba someter a un consejo de expertos, el CAAP, la decisión de si tiene valor patrimonial, histórico o forma parte del patrimonio intangible, para así preservarlo o permitir su demolición.
En noviembre de 2007 cuando se promulgó, se vaticinó una avalancha de juicios contra el gobierno. Hoy después de dos prórrogas, nada de eso ha sucedido, lo que equivale a reconocer lo justo de la norma. La exigencia es mínima, y prácticamente todas las grandes ciudades con patrimonio notable la tienen incorporada; en Rosario es una simple ordenanza y desde hace muchos años.
?Hoy en el 2010, la presión para obtener predios donde construir es mucho mayor y esta norma es mas necesaria que nunca. Los empresarios de la construcción están haciendo pesar su influencia en la Legislatura para que se dilate el tratamiento, ya no de una ley sin fecha de caducidad, sino solo de una simple prórroga. A pesar de la exigencia constitucional de proteger el patrimonio arquitectónico, histórico y cultural, si esta ley deja de tener efecto, el mes de enero de 2011 nos deparará una bien preparada y triste transformación en toda la ciudad?, advirtieron desde la ONG Basta de Demoler.
