Debate sobre la Ley Cafiero

El Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Centro de Formación Judicial del Consejo de la Magistratura y la Legislatura porteña organizaron el pasado miércoles 7 de noviembre un debate sobre la Ley Cafiero y sus impactos en el Poder Judicial de la Ciudad.

El encuentro comenzó pasadas las 16 en le Salón Dorado del Palacio Legislativo. La apertura estuvo a cargo de Eduardo Molina Quiroga, en representación del Centro de Formación Judicial, la jueza María Fernanda Botana y la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura local, María Teresa Moya.

Molina Quiroga resaltó la "preocupación y ocupación que genera en la Justicia porteña la vigencia de la Ley Cafiero y sus restricciones a la plena autonomía de la Ciudad"; Botana, en representación del Colegio de Magistrados, subrayó que la norma posee "una serie de inconstitucionalidades que cercenan competencias de la justicia local" y calificó de "insuficientes" los convenios de trasferencias penales suscriptos hasta el momento. Y María Teresa Moya comentó que "el Consejo de la Magistratura se ha abocado al estudio de la problemática", que "todas las cuestiones civiles, debido a que en esta materia el lugar rige sobre los actos que allí se realicen, deberían ser competencia de la Justicia de la Ciudad", y que tanto la Legislatura porteña, como la institución a la que pertenece deben trabajar en el tema y "crear leyes que fortalezcan nuestras instituciones".

El primer panel de expositores estuvo integrado por los diputados nacionales por la Capital, Federico Pinedo (PRO) y Juliana Marino (Frente para la Victoria), y por la titular del Ministerio Público Tutelar, Laura Musa.

Luego de manifestar que "ningún derecho ni ninguna garantía puede ser contrario a la soberanía del pueblo" y que este "es el principio del autogobierno", Federico Pinedo criticó la postura de los jueces nacionales por querer conservar "la chapa que dice juez nacional" y reconoció que esta actitud se sumaba a las dificultades que manifiestan los traspasos de competencias.

"Los legisladores de la Ciudad deberían empezar a trabajar en cómo deberían ser los procedimientos para resolver conflictos a los vecinos de la Ciudad", dijo. También señaló que a su criterio, no serían necesarias la aprobación de la Legislatura y del Congreso Nacional de los convenios de transferencias suscriptos entre los Poderes Ejecutivos, ya que "al aprobar el Congreso el 1º Convenio se despejó toda duda de la necesidad de los traspasos". Y aseguró que "si de traspasar delitos se trata, la Ciudad puede absorberlos, pero si se trata de Fueros completos no se pueden efectuar sin una reasignación permanente de partidas presupuestarias".

"No es verdad cuando se dice que la transferencia de fondos hay que discutirla con las provincias. La coparticipación de la Ciudad sale del 55 por ciento que corresponde a la recaudación del Gobierno Nacional. Cuando se fijó el 1.4 por ciento de coparticipación para la Ciudad no se debatió en el Congreso, se resolvió por decreto", finalizó Pinedo.

Generando la sorpresa de algunos presentes, la diputada Juliana Marino, luego de aclarar que no es "ni doctora ni licenciada" reconoció que coincidía ampliamente con el legislador macrista.

"Yo hubiera preferido que primero se modifique el artículo 8º y no el 7º. No comparto que primero esté la Seguridad y no la Justicia. Pero fue un avance", reconoció Marino. Y agregó: "Es difícil encontrar aliados en la Cámara de Diputados ya que hay mitos e imaginarios muy curiosos desde las provincias sobre la capital. Ellos piensan que la autonomía los despojaría de una jurisdicción que sienten propia".

En su exposición la legisladora K aseguró que "la Ley Cafiero no avanzó sobre ningún interés federal, sino que únicamente limitó la autonomía local"; que "se realizó terrorismo político" cuando se intentó avanzar en la modificación de la norma; que sería un "gran paso" que los jueces nacionales "comenzaran a administrar justicia en nombre de la Ciudad y con la legislación local y reconociendo al Tribunal Superior de Justicia como instancia superior y previa a la Corte Suprema"; y que sería muy útil la creación de "un observatorio de seguimiento de la autonomía".

Desde una visión práctica, Laura Musa describió los conflictos que sufren los menores e incapaces a la hora de recurrir a la justicia. "Un universo tan importante como el de los menores -800.000 personas- por la Ley Cafiero está siendo condenado a un estándar jurídico inferior al contemplado por las normativas locales. Un estándar menor es una vulneración de derechos", subrayó.

Luego de un impasse. Se inició la exposición del segundo panel.

El consejero Julio De Giovanni describió un plan de transferencias progresivas de competencias penales y civiles, enmarcado en un 3º convenio. Y resaltó la necesidad de que "quienes estamos en la búsqueda de la autonomía debemos ocuparnos del desarrollo de proyectos y del seguimiento de los mismos para que no se pierdan en la buroracia".

El jurista y docente Andrés Gil Domínguez realizó una detallada ponencia sobre la inconstitucionalidad de la norma, al discriminar negativamente y negarle derechos a los habitantes de la Capital, y recalcó que su creación tuvo como principal objetivo "castigar a la ciudadanía porteña que siempre fue adversa al Gobierno Nacional de Turno".

"Tener tres niveles de justicia en un mismo territorio es una esquizofrenia total. Los magistrados dicen que son de la Nación pero se declaran incompetentes cuando se les plantean reclamos nacionales alegando que son competencias federales. La verdad es que son simples jueces ordinarios que aplican normas de origen común", dijo.

Con seriedad, compostura y tonada salteña, el presidente de la Federación Argentina de la Magistratura, Abel Fleeming, realizó una profunda reivindicación de género para poder sacarse el saco. "El calor es insoportable, los hombres trajeados y además un tanto pasados de kilos lo estamos sufriendo infinitamente", dijo entre carcajadas de los presentes. Para luego, haciendo una humorada de los mitos entre el interior y la Capital, agregar: "Los porteños tienen la idea que en el norte hace calor. En Salta el clima es estupendo y acá el calor es terrible".

Para el magistrado, aquellos que luchan por la autonomía plena de la Ciudad "se equivocaron de enemigo". "Estoy seguro que los legisladores del interior del país han obrado en contra de la autonomía, pero desde un rol ejecutor de la voluntad política de poder central", resaltó. Y, criticando a los jueces nacionales, agregó: "Que la Justicia Nacional se cargue al hombro el status quo y que la Justicia de la Ciudad ofrezca el mejor servicio de justicia para los porteños. El destino de la chapa de la Justicia de la Nación es el de una chapa enlozada que yo pude comprar en la calle Defensa por 15 pesos y que decía 'Juzgado Nacional Nº 5 Chaco'".

Cuando el reloj ya marcaba las 8 de la noche, y con un auditorio muy disminuido, entraron al salón quienes se encargarían de cerrar el encuentro: Antonio Cafiero, el vicepresidente segundo de la Legislatura, Santiago De Estrada, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Casás, la presidenta del Consejo de la Magistratura local, Carla Cavaliere, y el presidente del Colegio de Magistrados, Fernando Lodeiro Martínez.

Cafiero, luego de manifestar que no entendía por que se la llamaba a la norma por su apellido, criticó duramente a los políticos que reclaman la derogación de la ley y señaló a las trasferencias progresivas como el mejor camino para conquistar la autonomía.

"La Constitución Nacional dice que debe haber una ley que garantice los intereses del Estado Nacional mientras la Ciudad de Buenos Aires sea Capital Federal. Si derogan esta ley deberán redactar otra similar", aseguró. Y luego de reconocer que "la Ciudad es autónoma pero no es una provincia", agregó: "Cuando se creó la Policía Federal dependía directamente del virrey, no del cabildo. Aquellos que reclaman que la Policía Federal sea manejada por la Ciudad no respetan el origen federal de una fuerza de seguridad que es de todos los argentinos".

Por su parte, José Casás, rebatió uno a uno los argumentos expuestos por Antonio Cafiero, e hizo hincapié en la necesidad de que las transferencias se realicen con los recursos.

"Los recursos que se reclaman para la Ciudad no se les quitan a las provincias. La Ciudad tiene el 1.4 por ciento de la coparticipación y ésta no aumentó cuando se hizo cargo de los hospitales y escuelas", dijo. Y, haciendo una comparación con el desarrollo humano, finalizó: "Espero que la Ciudad alcance la mayoría de edad con la autonomía plena".

"Estoy absolutamente convencida que el marco político donde se genera la discusión es diferente al contexto político del momento en que fue creada la ley", reconoció Carla Cavaliere.

Y, casi llegando a las 22, el legislador Santiago De Estrada agradeció a todos los que se quedaron hasta el final del encuentro y manifestó la importancia de continuar debatiendo todos los temas que afectan a la autonomía porteña y el fortalecimiento de sus instituciones.