El pasado de la PM arrastra a Macri

La decisión de los camaristas no pudo haber sido tomada en un peor momento para la administración macrista. La resolución de separar al juez de Instrucción, Eliseo Otero, que llevaba adelante la causa que investiga los hechos que desembocaron en la muerte de tres personas en diciembre de 2010 durante la toma del Parque Indoamericano de Villa Soldati, volvió a poner en una situación muy complicada a los 33 efectivos de la Policía Metropolitana (PM) y a los 12 de la Policía Federal (PFA) que, según el fiscal Sandro Abraldes, son los causantes de las acciones que provocaron los asesinatos. Concretamente el letrado les imputa ?la responsabilidad por las muertes y por las lesiones?. Con la salida de Otero es muy probable que la jueza penal Mónica Berdión de Crudo acepte el pedido de indagatoria a los policías ?o sea, en calidad de sospechosos de un delito? que la Fiscalía realizó el primer día de diciembre de 2011 y que Otero rechazó con celeridad, sobreseyendo además a los uniformados.

?El cambio de magistrado es una mala noticia para el gobierno de Mauricio Macri, porque si la acusación del fiscal avanza, los policías podrían terminar procesados y en algunos casos hasta presos debido a la gravedad de la imputación. Y, como es lógico, los efectivos no se van a comer el garrón como si nada. En el momento que tengan que declarar y les pregunten por qué dispararon van a responder que cumplían órdenes de sus superiores. En este caso la responsabilidad terminaría recayendo en el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro. Lo peor del caso es que esta complicación judicial se produce en el mismo momento en que la causa de las escuchas ilegales ?en la cual el Jefe de Gobierno está procesado? fue elevada a juicio oral y público y casi al mismo tiempo que el publicista ecuatoriano Jaime Duran Barba debió presentarse a declaración indagatoria acusado por la campaña sucia contra el senador Daniel Filmus. La revitalización de las tres causas generó muchas sorpresas en el Pro. Es más, los más cercanos al ingeniero ven la mano de la Presidenta y sus laderos detrás de las complicaciones judiciales?, le manifestó a Noticias Urbanas un político porteño con buenas amistades en el Poder Judicial.
Los hechos y el testimonio de la fuente no hacen más que confirmar lo publicado por este semanario en la nota del jueves 3 de mayo titulada ?Los jueces son su peor enemigo?, en donde se detallan las causas judiciales que tienen a mal traer al Jefe de Gobierno. En ella también se hacía mención a la embestida judicial del kirchnerismo contra el gobierno de Propuesta Republicana (Pro) luego de que Macri se negara a hacerse cargo de las seis líneas de subterráneo y el Premetro. Pero en el caso que investiga los sucesos ocurridos durante la toma del Indoamericano, la situación es mucho peor porque el macrismo debería enfrentarse a la incómoda realidad de que su joven policía mató, posiblemente, a más de una persona.
El viernes 1 de junio se conoció la resolución de la Sala I de la Cámara del Crimen porteña que apartaba a Otero y que, luego de un sorteo, se designaba en su lugar a la jueza penal Mónica Berdión de Crudo. Los camaristas basaron su decisión al considerar que el fallo del juez de sobreseer a los policías metropolitanos y federales fue ?prematura? y que no era el resultado ?de una derivación razonada de los hechos de la causa? sino de su propia valoración. La caída del juez de Instrucción se aceleró luego del dictamen de 12 páginas que los mismos magistrados de la Sala I dieron a conocer el martes 29 de mayo, en el cual anulaban el sobreseimiento dictado por Otero sobre los 33 policías de la Metropolitana y los 12 de la Federal, y exigían que los efectivos sean investigados en profundidad.

En el escrito, los camaristas volvieron a cargar contra el juez afirmando que su decisión no se basó en un pormenorizado análisis de las pruebas presentadas por la Fiscalía. A los tres días se produjo la salida de Otero y el nombramiento de Berdión de Crudo, lo cual posibilitaba que la nueva magistrada reconsiderara el pedido de Abraldes de citar a declaración indagatoria a los 45 efectivos involucrados en las muertes de Villa Soldati.

La llegada de la jueza fue una buena noticia para el fiscal, quien a las pocas horas del nombramiento declaró que la magistrada ?tendrá que intervenir ahora en el grueso de la imputación referida a la responsabilidad por las muertes y por las lesiones?. Además, Abraldes aprovechó la oportunidad para reiterar sus acusaciones contra los policías de la PM. ?La responsabilidad penal en concreto es de un grupo de la Metropolitana que había ingresado en el parque y que aparecía vinculado en un primer escenario a una muerte y a tres lesionados. Ese mismo grupo aparece actuando una hora y pico después, donde también se produce una muerte, en la que, en mi opinión, tienen responsabilidad, junto con dos lesionados más. No se trata simplemente de dos asesinatos, que es algo muy importante, sino que también hubo lesionados. Encontramos gente herida de bala, hay dos de ellos que tienen el perdigón dentro de su cuerpo?, aseguró el fiscal en una declaración pública. Sobre este último punto, el letrado acusa a los uniformados por las heridas que sufrieron Wilson Fernández Prieto, Emanuel Ríos, Miguel Ángel Montoya, José Meruvia Guzmán, John Dure Mora y Juan Segundo Aráoz. Al testimonio del fiscal se sumó el de la secretaria de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad, Cristina Caamaño, quien hasta la llegada de Sergio Berni fue la segunda detrás de Nilda Garré en el Ministerio nacional, quien también festejó la decisión de la Cámara del Crimen de apartar a Otero y volver a centrarse en los policías.

?La investigación de la Fiscalía fue minuciosa, fue exhaustiva. Conozco al doctor Abraldes y sé que es una persona muy profesional y estuvo a la altura de las circunstancias. Podría presumir que investigó bien, pero el juez no le dio ni bola y pidió el sobreseimiento de todos. Por lo menos, debió haberles tomado declaración antes de sobreseerlos, ya que están acusados de agresiones, homicidio y tentativa de homicidio. Hechos muy graves?, precisó Caamaño en una entrevista periodística.

Pero el mayor problema que enfrentan los 33 integrantes de la PM no son los dichos de Abraldes y Caamaño sino las pruebas en su contra. Desde que se inició la investigación judicial, NU fue dando a conocer la magnitud de los elementos que responsabilizaban a los policías. Entre los más contundentes se encuentran la filmación de un grupo de efectivos disparando desde el puente de la avenida Escalada a pocos metros del lugar donde muere la primera víctima de la represión, el paraguayo de 22 años Bernardo Salgueiro, quien recibió un impacto de proyectil calibre 12/70, la noche del martes 7 de diciembre de 2010. Esa misma noche también murió la boliviana de 28 años Rosemary Curapeña, poco tiempo después del primer crimen, también a causa de una bala calibre 12/70. A eso se suma la declaración del cuñado del asesinado, Wilson Fernández Prieto, quien se encontraba con él en el momento de la balacera, que aseguró que los disparos fueron efectuados por hombres con uniforme policial. Como si esto fuera poco, una tercera prueba complica aún más a la PM. La Justicia detectó entre las comunicaciones policiales del desalojo del Indoamericano una advertencia que los federales les hicieron a sus pares porteños durante el transcurso de la noche en que murió Salgueiro. ?Avísenle a la Metropolitana que se vaya de ahí porque está generando otro conflicto?, se advierte en una de las modulaciones de las frecuencias de la Policía Federal. Según el fiscal, los federales se enteraron de que los policías de la PM estaban disparando contra los ocupantes del predio, provocando que el conflicto aumentara y con la certeza de que estaban siendo filmados, debido a la cantidad de medios que había en el parque.

Todos estos datos motivaron al fiscal a allanar el 21 de marzo de 2011 la División de Municiones y Armamento de la Metropolitana, ubicada en los Talleres Guzmán, en el barrio de Chacarita. En el lugar se hallaron 98 cartuchos con proyectiles calibre 12/70 y la documentación de una compra por un total de 300 iguales, del 14 de octubre de 2010. El descubrimiento del armamento complica a la administración de Macri, ya que las balas halladas (las 12/70) son compatibles con las escopetas que utilizaron tanto los miembros de la Federal como los de la PM en la represión. En los testimonios recogidos por la Fiscalía, numerosos testigos del desalojo declararon haber visto cómo integrantes de la PM disparaban contra los ocupantes. El descubrimiento demostró que Montenegro mintió al afirmar, luego de las muertes, que ?era imposible que la Metropolitana hubiera disparado balas de plomo y que solo utilizó postas de goma? porque, según dijo, ?no hay ninguna compra de balas de guerra?. Pese a ello, el fiscal corroboró antes del allanamiento de marzo que la PM utilizó escopetas y armas cortas en el desalojo, luego de secuestrar 36 armas empleadas por la policía macrista. Las contundencias de las pruebas ennegrecen no solo el futuro de los policías implicados, sino también el del propio Mauricio Macri.