Funcionarios en el banquillo

El comediante y actor estadounidense Groucho Marx poseía una inteligencia ácida e irónica que le servía a la perfección para su trabajo. Esa lucidez sardónica fue la que posibilitó la siguiente definición: ?La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados?. La frase posee tanta actualidad que asusta. Y si en vez de usar la palabra política, uno la reemplazara por el término Justicia, la definición sería tan implacable que no necesitaría ningún comentario posterior.

La causa judicial sobre los responsables del incendio ocurrido el 30 de diciembre de 2004 en el boliche República Cromañón, ubicado en el barrio de Once, que provocó la muerte de 194 personas, es el claro ejemplo de una Justicia morosa y que se queda a mitad de camino, eligiendo la opción más fácil y tribunera, que se basó desde el día posterior a la tragedia en echarle toda la responsabilidad de lo ocurrido al gerenciador del local, Emir Omar Chabán.

Amparándose en el veredicto popular posterior al hecho, la mayoría de los distintos funcionarios judiciales que pasaron por el caso prefirieron apuntarle todos los dardos al empresario y dejar de lado las otras responsabilidades. Y entre estas últimas, la que le cupo al Estado no fue nada menor, ya que si Chabán fue un comerciante inescrupuloso que únicamente priorizó la ganancia, su modo de proceder solo pudo llevarse a la práctica por la falta total de control del Gobierno de la Ciudad y los órganos de control, principalmente la Policía Federal (PFA) y los Bomberos. No solo hubo desidia en el rol de los funcionarios públicos, sino que a eso se sumó cierta suerte de sociedad espuria entre los que debían controlar y algunos empresarios de la noche. Y los testimonios que probaron que esto era así fueron más que numerosos.

?La primera vez que tomamos contacto masivamente con locales de baile fue a partir de lo que pasó en Cromañón. Tal es así que la mayoría de los 108 boliches inspeccionados en enero no contaban con planos ni presentación ante la Dirección General de Obras y Catastro (Dgfoc)?, declaró el inspector Alfredo Vásquez en mayo de 2005 ante los legisladores que integraban la Comisión Investigadora del caso Cromañón.

En estos días, el Tribunal Oral en lo Criminal 24, que integran los jueces María Cecilia Maiza, Marcelo Roberto Alvero y Raúl Horacio Llanos, tiene a su cargo la investigación por tres causas conexas al proceso seguido contra Chabán y otros, por los hechos ocurridos el 30 de diciembre de 2004. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, los imputados son Rafael Levy, por estrago doloso agravado por la muerte de personas en concurso real con cohecho activo, en calidad de coautor; Gabriel Sevald, por cohecho en su modalidad pasiva, en calidad de coautor, y tres exfuncionarios porteños: el ex secretario de Justicia de Aníbal Ibarra, Juan Carlos López; el ex director de Servicios de Seguridad Privada, Vicente Osvaldo Rizzo, y el ex subsecretario de Seguridad, Enrique Carlos Carelli, acusados de ser coautores de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Según los fiscales José María Campagnoli y Jorge López Lecube, el extitular de la Comisaría 7ª, a cargo de la zona donde funcionaba Cromañón, Gabriel Sevald, merece una pena de cinco años y tres meses de cárcel por ?cohecho pasivo? (aceptar coimas) e inhabilitación perpetua para ejercer su cargo. En el caso de los exfuncionarios porteños, López, Carelli y Rizzo, los letrados solicitaron cinco años de prisión, por considerarlos coautores del delito de ?incendio culposo seguido de muerte?. En tanto, para el empresario Rafael Levy, dueño del local donde funcionaba el boliche siniestrado, pidieron que sea absuelto por el delito de ?cohecho activo? (pagar coimas), y condenado a la pena de cuatro años y medio por ?incendio culposo seguido de muerte?.

Una vez que los fiscales hicieron pública su petición, a fines de la semana última, los integrantes del Tribunal decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta ayer, jueves, donde expusieron sus alegatos las defensas de López, Carelli y Rizzo. En todos los casos, solicitaron la absolución de cada uno de los imputados. El proceso continuará el próximo martes, a las 9.30, el alegato de los defensores de Levy y Sevald.

A pesar de las imputaciones que realizaron los fiscales contra los cuatro imputados, los abogados querellantes que representan a los familiares de las víctimas de la tragedia habían solicitado condenas mucho más altas para los acusados. José Iglesias, padre de un joven muerto en Cromañón y letrado representante de la mayoría de los familiares de los muertos, pidió el jueves de la semana última que se condene a Levy a 26 años de prisión en orden a los delitos de estrago doloso en concurso real con cohecho activo; a Sevald a once años por cohecho pasivo en concurso real con estrago culposo, y cinco años para López por incendio culposo seguido de muerte; para Carelli, por incendio culposo seguido de muerte, y para Rizzo, por incendio culposo seguido de muerte.

Por su parte, los abogados Patricio Poplansky y Marcelo Parrilli, defensores de otro grupo de familiares, acusaron a Levy por ?estrago doloso por incendio seguido de muerte?, a lo que Poplansky le agregó el delito de ?cohecho activo?, por lo que pidió 22 años de prisión para el empresario, cuatro más que Parrilli. Este último es el apoderado de familiares de nueve de las víctimas y solo acusó al empresario. En cambio, Poplansky pidió también condenas para el excomisario Sevald, 18 años de prisión por estrago doloso seguido de muerte y cohecho pasivo; cinco años para López y tres para Carelli y Rizzo por los delitos de homicidio culposo o, subsidiariamente, incumplimiento de los deberes de funcionario público.

A las penas que pidieron los familiares y la fiscalía para los exfuncionarios ibarristas se sumaron los testimonios judiciales de excompañeros de gestión que no hicieron más que complicar la situación procesal de sus excamaradas. Tal fue el caso del ex subsecretario de Justicia del Gobierno de Ibarra, Marcelo Antuña, quien al declarar el viernes 18 de mayo ante los magistrados del Tribunal Oral, complicó la situación del ex subsecretario de Seguridad porteño Enrique Carelli.

Lo más triste del caso es que ambos se acusaban mutuamente por las fallas cometidas en el área de control. En primer lugar, Carelli declaró que no había clausurado Cromañón, a pesar de las serias irregularidades con las que funcionaba, porque, según él, no tenía ?facultad alguna? para ordenar dicha medida. Sin embargo, cuando fue el turno de Antuña, este sostuvo todo lo contrario al asegurar que ?Carelli tenía contacto con la policía y podía convocarla cuando quisiera?.

El testimonio del ex subsecretario de Justicia porteño cambió radicalmente cuando se refirió a López, quien en el momento del incendio era el secretario de Justicia ibarrista. ?El tema de boliches bailables le preocupaba a López. Sus directivas en ese sentido eran claras: ejercer el mayor control posible. Era un excelente organizador o generador de cambios muy profundos?, afirmó Antuña. Para los allegados a Carelli el discurso no era nada inocente.

?El ex subsecretario de Justicia fue propuesto por la defensa de López, porque era un hombre de extrema confianza del ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, al igual que el propio López, que era el cuñado del exfiscal. Como Carelli es radical, decidieron salvarse ellos y tirarle el muerto. Pero todos los inspectores de aquella época saben a la perfección que quien manejaba el área encargada de controlar a los boliches era Antuña. Hay numerosos testimonios de inspectores que declararon en la Comisión Investigadora, relatando que era el ex subsecretario de Justicia quien decidía qué boliche se inspeccionaba y cuál no, siguiendo un criterio totalmente arbitrario. Y eso se debía a la relación que mantenía con los empresarios que manejaban la Cámara que agrupaba a los propietarios de locales bailables?, le confesó a NU un abogado relacionado con la causa.

La pata política de la investigación es clave para entender por qué Cromañón permanecía abierto a pesar de todos los incumplimientos que pesaban en su contra. El abogado José Iglesias está convencido de que existía un arreglo entre los empresarios de la noche y quienes debían controlarlos. Por eso este juicio es fundamental para dilucidar esa trama.

?El proceso judicial es trascendente, porque se debaten las cabezas de responsabilidad del área política, por López; de la policial, por Sevald, y de la empresarial, por Levy. Todos los personajes que hicieron posible que el local estuviera abierto sin que cumpliera ninguna reglamentación. No es común que por primera vez se cuestionen estos niveles jerárquicos?, sostuvo.

Ante la probabilidad de que se abra la caja de Pandora más temida, el resultado del descubrimiento podría revelar una verdad casi tan espantosa como la tragedia de aquel 30 de diciembre.