"El control de la zona estaba en manos de la federal"
?En marzo de 2004 por pedido de la Policía Federal se llegó al Reventón. Estaba cerrado por lo que dijo un policía a la testigo Brizuela (inspectora) y que ella confirmó con Víctor Tellias. En mayo es intimado a que presente documentación y el administrador responde rápidamente. En agosto de 2004 la comisaría 7°, por nota del subcomisario Díaz, requiere la presencia de inspectores pero por dos boliches de Once y no por Cromañón?, alegó el abogado de la ex funcionaria, Ana María Fernández, quien dejó en evidencia que a lo largo del 2004 nunca fue inspeccionado República Cromañón.
El abogado Oscar Vignale, desde antes de las 10 de este martes hasta poco antes de las 18, estuvo alegando a favor de la ex titular de la Unidad Polivalente de Inspecciones (UPI), Ana María Fernández, quien fue trasladada en agosto de 2004 a la adjuntía de la dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC).
El alegato que entró en un receso de una hora a las 13.25, abarcó diversos puntos.
Uno de los que más resaltó fue cuando Vignale manifestó que "el control de la zona (por el barrio de Once) estaba en manos de la policía federal no por mi defendida".
Además recalcó las responsabilidades de los superiores a Fernández, que como ella se encuentran acusados por las querellas de la muerte de 193 personas y 1524 lesionados. "Las inspecciones nocturnas fueron unificadas por decisión de Fiszbin ?Fabiana, ex subsecretaria de Control Comunal-. Mientras que la lista de los boliches a inspeccionar llegaba de Control Comunal por Alfredo Ucar, que entregaba a Rodrigo Conzzani?, aseveró Vignale, que es reconocido en los medios por su defensa de Irene Hurtig, la media hermana de María Marta García Belsunce, en una demanda que le ganó a Susan Murray, ex presidenta de Missing Children.
Las justificaciones para que Fernández no sea condenada por los pedidos de la fiscalía de incumplimiento de los deberes del funcionario público se concentraron en que "con pocos inspectores hizo miles de inspecciones y no solo sobre los boliches. Ella no se arrinconó, ni escondió".
En ese sentido, presentaron lista de boliches que fueron inspeccionados pero no figuran con fecha, ni firma, ni sello comprobable de su veracidad. Fue redactado por la defensa.
También deslegitimaron la auditoria interna que se hizo sobre la UPI, luego disuelta, y del testigo que fuera funcionario a cargo de la UERA, Oscar Lucangioli.
"El 30 de diciembre de 2004 mi defendida no tenía poder de policía. No podía requerir inspecciones. Ella solo asistía al director general. Entonces Torres solo le otorgó meramente tareas administrativas", finalizó su alegato Vignale antes del receso de una hora.
Para el abogado querellante Patricio Poplavski "como Ana María Fernández tuvo responsabilidades de inspecciones a lo largo de 2004 esta claro que ella se encuentra involucrada en que siguiera funcionando Cromañón hasta el 30 de diciembre".
Al finalizar el juicio Cecilia Maiza, que presidió la audiencia, expresó que "el jueves son las replicas, y el viernes por la mañana las duplicas. En tanto que el viernes deben estar presentes todos los acusados. Si se niegan a declarar deben notificarlo por escrito".
Las presiones y los movimientos sospechosos comenzaron. A la salida del juicio Mirtha Miralles se percató que su bandera con la leyenda "prohibido Callejeros" fue robada. Este cronista la vio por la tarde colgada en las vallas de la calle Lavalle por donde ingresa el público al juicio de manera exclusiva.
"Preguntamos a los que están en la ambulancia y nos dijeron que se la llevó una señora con dos chicos. Esa bandera me acompañó durante cuatro años en cada marcha", se lamentó Miralles, la madre de Cristian "Terco" Mendez Viegas, y es la que más machaca contra las responsabilidades de Callejeros y una de las más constante junto a su marido en casi un año del juicio oral en el Palacio de Tribunales.
