El Ministerio de Educación (G.C.B.A.) puede resolver razonablemente -si en verdad quisiera- las “tomas” pacíficas de los establecimientos escolares de educación media. Tal conclusión surge claramente si se analiza cuál es el verdadero eje del planteo de los estudiantes agrupados en los centros de estudiantes, y qué derechos se encuentran en juego y han sido vulnerados.
La Ministra de Educación anunció en diferentes medios de comunicación la reforma educativa en el nivel medio para el año próximo, que se llama “Escuela del Futuro”, aportando algunas características de tal reforma, tal como la implementación de pasantías.
Lamentablementeaún a la fecha, el Ministerio de Educación no ha podido informar oficialmente en qué consiste dicha reforma, más allá de lo que señala su página web, y algunos archivos informáticos que circulan entre docentes y alumnos, cuya autoridad oficial no es clara. Tal es así, que se le ha reclamado oficialmente información sobre la reforma, sin que a la fecha hubiera contestado.
De lo hasta aquí expuesto, se desprende con claridad palmaria que el Poder Ejecutivo local intenta llevar una reforma educativa del nivel medio. Y ello no es en principio reprochable, más allá de las opiniones que pudieran suscitarse en torno a cuestiones pedagógicas y académicas.
Lo reprochable es la falta de información pública y la falta de participación estudiantil en el debate de dicha reforma educativa, de manera previa a su implementación. Eso es precisamente lo que los estudiantes reclaman legítimamente, y por cual -ante la vulneración del derecho a la participación- han decidido tomar los establecimientos escolares.
La Observación General nº 12 “El Derecho del Niño a ser Escuchado” (emitida por el Comité de Derecho del Niño de ONU en 2009), señala que: “…Aunque se encuentren con dificultades para evaluar la edad y la madurez, los Estados partes deben considerar a los niños como un grupo que debe ser escuchado, por lo que el Comité recomienda enérgicamente que los Estados partes hagan el máximo esfuerzo por escuchar a los niños que se expresan colectivamente o recabar sus opiniones” (párrafo 10, el remarcado y subrayado me pertenece).
También el mismo instrumento internacional dispone que: “Más allá de la escuela, los Estados partes deben consultar a los niños a nivel local y nacional sobre todos los aspectos de la política educativa, en particular sobre el fortalecimiento del carácter adaptado a los niños del sistema docente, las posibilidades de aprendizaje regladas y no regladas que brinden a los niños una “segunda oportunidad”, los planes de estudios, los métodos de enseñanza, las estructuras escolares, los niveles de exigencia, los presupuestos y los sistemas de protección de la infancia” (párrafo 111, el remarcado me pertenece).
Y siguiendo tal lineamiento, el art. 126 inciso i) de la ley 26.206 (Ley de Educación Nacional) dispone que los/as alumnos/as tienen derecho a “Participar en la toma de decisiones sobre la formulación de proyectos y en la elección de espacios curriculares complementarios…”.
Nada de ello ha cumplimentado el Ministerio de Educación local, quien intenta llevar adelante una reforma educativa sin información pública oficial clara y completa, y sin convocar a los centros de estudiantes reconocidos por las leyes 137 y 26.877 para que participen y opinen sobre la reforma educativa que se propone.
Ante la falta de cumplimiento de las normas que imponen la participación estudiantil, los estudiantes tomaron pacíficamente las escuelas.
Ahora bien…¿cuál fue la respuesta del Ministerio de Educación?: respondió con un instructivo destinado a los directivos para que realizaran las denuncias penales de las tomas -que tuvo que ser dejado sin efecto judicialmente-, la amenaza de que los días de toma serán considerados como “ausentes”, la decisión por resolución oficial de suspender las experiencias directas y/o las salidas didácticas programadas en las escuelas tomadas, y la recepción a los estudiantes de escuelas no tomadas, desconociendo la representación de los centros de estudiantes constituidos legalmente.
Es evidente que el Ministerio de Educación solamente pretende endurecer su posición, tomando medidas “sancionatorias”, y apuntando a que los/as adolescentes se vean desgastados en su reclamo por el lógico paso del tiempo.
El desconocimiento de obligaciones constitucionales y legales por parte del Poder Ejecutivo local respecto de la participación estudiantil en los planes de estudio fue lo que originó el conflicto. Es necesario que el Jefe de Gobierno y la Ministra de Educación suspendan la reforma educativa en lo inmediato, informen a los estudiantes en qué consiste la reforma brindando información completa, veraz, adecuada y oportuna, y convoquen a los estudiantes a través de los centros de estudiantes a opinar sobre tan importante aspecto de la política educativa, como lo es un nuevo proyecto de plan de estudios.
Es solo una simple decisión que asegure la participación estudiantil. Ello seguramente permitiría suspender las tomas de los establecimientos educativos, y el retorno de todos/as los/as alumnos/as a clase, para el debate de la reforma educativa.
*Gustavo Daniel MORENO. Especialista en Derecho de Familia. Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario CABA. Secretario General de la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF).