El derecho a la paz, un camino para desagrietar

El derecho a la paz, un camino para desagrietar


Los derechos humanos vulnerados durante las dictaduras y recuperados para la conciencia ciudadana bajo la consigna de memoria, verdad, justicia y reparación han quedado sólidamente instalados, aunque pertenezcan a otra etapa y aún persistan algunos rencores encubiertos.

Al día de hoy, podemos trabajar en derechos humanos con más y mejores elementos, e intentar transformar algunas situaciones que agobian el presente o comprometen la mirada hacia el futuro.

Se trata de ubicarnos en la plataforma sistémica de los derechos humanos, que incluye el “derecho a la paz”, y analizar cómo aplicarla para trabajar y difundir ese derecho junto a los que ya conocemos.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) lo promueve con racionalidad y humanismo. Pero no se lo comprende así en nuestra sociedad, ni tampoco en las organizaciones civiles y menos aún en los espacios del Estado donde aún perduran los criterios de poder y autoridad.

Mi propuesta es iniciar un camino para desagrietar a nuestro querido país. Para eso hace falta:

Primero: Difundir y capacitar sobre los textos, fallos y principios que integran el Sistema de los DD.HH., y no solamente una parte, porque los derechos humanos son indivisibles, interdependientes e interrelacionados.

Uno de sus principios es el de exigibilidad, que es mucho más que “peticionar a las autoridades”. Es el derecho que tiene toda persona de exigir a las autoridades la prevención, protección o restauración de derechos.

Otro principio es el de “no regresividad”, que quiere decir que ningún derecho adquirido puede retroceder, pero sí puede avanzar, por el principio de progresividad.

Segundo: Los funcionarios del Estado tienen la obligación de ser garantes de la vigencia de los derechos y principios del sistema de los tratados y convenciones ratificados oportunamente.

Ese deber de garantía incluye a los tres poderes, porque en el Sistema de los DD.HH. no se sanciona a un gobierno ni a un funcionario, sino al Estado. Es el Estado el que debe cumplir –a través de sus funcionarios– las obligaciones de prevenir y proteger los derechos. Si así no fuera, el Estado deberá investigar, juzgar, sancionar, operar para que no se repita y además reparar los daños a quienes hubieran sido damnificados.

Tercero: Los mecanismos de exigibilidad y de no regresividad están disponibles. ¿Por qué no se utilizan los instrumentos que tenemos en democracia? Si algún funcionario intenta vulnerar o hacer retroceder derechos ya adquiridos, el primer instrumento de recurso es el amparo judicial o una medida cautelar.

Sin embargo en lugar de aplicar las herramientas de la democracia, se hacen cortes, tomas o violencias contra el gobierno de turno. Ambas partes se suben a una escena de protesta con actores víctimas contra actores victimarios que eluden su rol de garante de derechos. Así se mantiene la grieta. La victimización genera agresión. Y quienes ignoran su deber de garantes se convierten en victimarios al quedar en espejo contra los otros. Y la grieta continúa.

Por no darle vigencia efectiva al Sistema de los Derechos Humanos sucede la escena primaria beligerante de “quien gana la pelea”. Así, no queda tiempo, lugar ni voluntades para elaborar las divergencias ni para estudiar la profunda y amplia composición del Sistema Derecho humanista, su racionalidad y pertinencia, que podría oxigenar el ambiente enrarecido de esta época.

Mantengamos la memoria, pero simultáneamente hagamos el esfuerzo de pensar hacia adelante, ampliando y difundiendo los nuevos paradigmas de los derechos humanos para hacerlos efectivos. Las nuevas generaciones lo merecen. Aunque ahora no dé rating.

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