Susana Giménez presentó a las trillizas de la honestidad en su programa televisivo a principios de agosto del año pasado, virtual cierre de campaña días previo a la PASO.
María Eugenia Vidal, Elisa Carrió y Graciela Ocaña presentadas en los grandes medios de comunicación como corajudas que luchan contra la corrupción.
Pero ese idilio entró en las penumbras más oscuras. Es que se descubrió que las campañas que Vidal, Carrió y Ocaña encabezaron fueron armadas en un calculado mecanismo ilegal de ocultamiento de millones de pesos a través del robo de identidad masivo.
La denuncia penal que radicamos con los compañeros de la Alameda en un mes, y gracias a la masividad de nuestra aplicación (verificar si sos aportante: https://public.tableau.com/views/Aportes/Aportes?:showVizHome=no) que ya visitaron casi 2 millones de personas y nos convirtieron durante dos semanas en un call center anticorrupción, demostró que no era sólo encubrir los aportes de la campaña de Vidal a gobernadora de la provincia de Buenos Aires a través de personas que reciben subsidios sociales del Estado.
La organización política que integro a partir del involucramiento de la ciudadanía pudo descubrir que el encubrimiento de los millones de pesos incluía también la campaña presidencial que encabezó Macri y la porteña que lideró Carrió con el slogan Vamos Juntos. Ya presentamos decenas de personas que se comunicaron con nosotros que son jubilados, empleados del Estado, profesionales, empresarios, dirigentes opositores y hasta propios a quienes les robaron su identidad para encubrir fondos que no pueden explicar su origen.
Al desnudo quedaron las damas anticorrupción de Cambiemos. Entonces no quisieron mostrarse en público para explicar de donde llegó el dinero de su campaña.
Vidal atinó a echar una funcionaria financiera de su campaña que días antes había intentado proteger dándole un ascenso pero que luego recalculo su decisión por el escándalo nacional e internacional de la llamada causa “aportantes truchos”.
Nunca la gobernadora bonaerense explicó el origen de su millonaria campaña que alcanzó casi 80 millones de pesos, y esta cifra es sólo lo declarado en la Cámara Nacional Electoral.
Otro engaño de Vidal y respaldada por Macri, Carrió y el resto de los funcionarios es su intento de auditoria interna. Sólo es válido para la ley de financiamiento de partidos políticos la intervención de la Auditoria General de la Nación (AGN). El peronista Oscar Lamberto presidente de este organismo aún no brindó ninguna explicación de cara a la sociedad sobre el rol de la auditoria pero seguro llegará el momento que lo haga ante la convocatoria de la justicia federal.
La Alameda denunció el lavado de dinero, asociación ilícita y los robos de identidad como los delitos más graves, que exceden a la justicia electoral que evalúa delitos de menor peso en condena.
No buscamos instrumentalizar la justicia contra nuestros opositores políticos. Nosotros creemos que la política es la más alta caridad del ser humano como reiteradas veces dijo el Papa Francisco.
Por eso nosotros que somos militantes políticos, que construimos un partido político y que queremos gobernar para el bien comúnle pedimos a los ciudadanos que se afilien, que militen, que controlen y sean la democracia, porque hoy debemos pelear para que realmente cambie el financiamiento de las campañas políticas.
Nadie puede responder al pueblo y el bien de su comunidad si se financió de las coimas, la venta de drogas, la trata sexual, la esclavitud laboral, el tráfico de bebés y la venta de órganos.
Tamara Rosenberg, referente de la Fundación Alameda y su partido Bien Común