E sta última semana estuvo plagada de brotes de todo tipo: psicóticos, verdes, negros y hasta algunos dignos de figurar en el álbum de viaje de Tarzán.
¿Inteligencia? y policías alterados
El jueves pasado, el exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, presentó un recurso para que la causa que se tramita en los Tribunales federales de Lomas de Zamora se traslade a los de Comodoro Py, adonde siente que es un personaje y no solamente un ciudadano. El mismo día, Arribas recibía otra mala noticia, ya que el fiscal federal Ramiro González los imputó a él y a la “Señora 8”, Silvia Majdalani, por la venta irregular y a precios irrisorios de armamento a sus funcionarios y agentes en actividad.
El mismo día, el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó la inhibición de los bienes del expresidente del Banco Nación, Javier González Fraga y al directorio que lo acompañó en su gestión. La razón tiene que ver con los créditos por sumas millonarias concedidos a la agroexportadora Vicentín, que se niega a devolver. Pollicita consideró que los funcionarios aludidos “incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo”, a la vez que los directivos de la empresa postergaban los pagos a sus proveedores para que el Banco no tuviera de dónde recobrar lo prestado.
Al mismo tiempo, el fiscal Rodolfo de Lucía dispuso apartar a la Policía de la Provincia de Buenos Aires de la investigación por la desaparición de Facundo Astudillo Castro, que viajaba entre Pedro Luro y Bahía Blanca para visitar a su novia. Desde entonces, la Policía Federal se encuentra a cargo de la pesquisa.
Republicanos contra periodistas
El viernes era el duocentésimo cuarto aniversario de la Declaración de la Independencia, que se redactó el 9 de Julio de 1816, pero ese día las cosas se centraron en la protesta. Dos movilizaciones de índoles opuestas se produjeron, una en el Obelisco porteño y la otra frente al municipio, al Monumento a la Bandera y al puerto, en Rosario.
En la primera, un reducido elenco de manifestantes, conmovidos por la próxima irrupción del comunismo en la Argentina y, enfervorizados por su adscripción al capitalismo y por la defensa de sus riquezas, se constituyeron en el preciso sitio en que la bandera fue izada por primera vez en la ciudad para pegarles a los periodistas, insultar al presidente y proclamar su fe en la república. Sus hazañas no se limitaron sólo a la rotura de los vidrios del móvil del canal de noticias C5N, sino que las complementaron agrediendo a dos periodistas y a un fotógrafo de Telam, que hacía su trabajo. La causa penal quedó en manos del fiscal Paulo Horacio Gaspani.
El otro acto fue protagonizado por variadas organizaciones sociales y políticas, que a las 10:30 de la mañana se dirigieron primero a la sede de la Municipalidad de Rosario, luego al Monumento a la Bandera y finalmente a la Terminal del Puerto. La caravana, que alcanzó siete cuadras de longitud, fue convocada por el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y tenía por objeto defender los puestos de trabajo en Vicentín y el apoyo a la intervención del Gobierno nacional en la empresa. En la tarde, en Reconquista, adonde se encuentra la sede de Vicentín, se realizó una caravana similar, en la que, a lo largo de cuarenta cuadras cientos de motos, autos y bicicletas manifestaron a favor de los trabajadores y acreedores de la empresa, cuyos directivos “olvidaron” honrar sus deudas.
Opositores quisquillosos
El presidente de la Nación, Alberto Fernández, por su parte, encabezó un acto en conmemoración del Día de la Independencia que se realizó –a tono con los tiempos- por vía streaming. “Vine acá para terminar con los odiadores seriales y para que todos nos unamos”, aseguró, rodeado por empresarios y sindicalistas. En la videoconferencia, que incluyó a todos los gobernadores, el presidente aseguró que no busca “instalar un discurso único”, a la vez que abogó porque la “diversidad ideológica sea llevada adelante con responsabilidad, sin mentir, diciendo la verdad y respetándonos”, para ser desafiado minutos después por los desaprensivos manifestantes del Obelisco.
Mientras que en el primer día de la semana, nuestro país superaba los 100 mil casos de contagiados por Coronavirus, la conducción legislativa de Juntos por el Cambio anunciaba que no participaría de la reunión por videoconferencia a la que convocó el presidente, a la que invitó a todos los bloques opositores. Casi caprichosamente, alegaron que no debían asistir al cónclave las bancadas que tuvieran menos de 25 legisladores. Buscaban de esta manera que Alberto Fernández reconociera su importancia legislativa.
Ante el desplante, Fernández los convocó aparte del resto de la oposición y sostuvo un diálogo en el que les reclamó que para que haya confianza, primero deberían omitir hechos como el que aprovecharon para culpar a la vicepresidenta de la Nación por un hecho policial acaecido en su provincia, en el cual evidentemente no tenía ninguna responsabilidad.
Macri, mientras tanto, escribía inexplicablemente un mensaje en la red del pájaro azul, en el que clamaba: ¡¡¡Libres!!!, en línea con su oposición al ASPO y con su desapego de la realidad.
No tan inteligentes
La semana comenzó con la concurrencia de la ex Señora Ocho, Silvia Majdalani, ante el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé. En la ocasión trabajaron más los abogados que la propia exvicejefa de la AFI. Éstos recusaron a la fiscal Cecilia Incardona porque antes intervino en las causas en la que el juez Federico Villena les dio cobertura a los agentes de ¿inteligencia? para que espiaran a los opositores de Mauricio Macri. Al igual que su exjefe, Majdalani podría intentar la recusación del juez Augé, para que la causa arribe al paraíso de Comodoro Py.
Según surge de la lectura del expediente judicial, el agente de la AFI procesado, Alan Ruiz, “no respetaba la estructura jerárquica” del organismo, por lo que “su actuar fraccionaba y quebraba el esquema establecido institucionalmente, rompiendo con la cadena de mando constituida, ya que en muchas ocasiones actuaba por encima de sus superiores, dado que tenía un vínculo directo con quien era en aquel momento la subsecretaria de la AFI, Silvia Majdalani”, según relataron otros acusados.
Las tareas actualmente cuestionadas de los espías –que se encuentran más cercanos al inefable Maxwell Smart que al hierático James Bond- las llevaba a cabo un grupo que sus colegas identificaban como “los externos”. Uno de éstos declaró que “ellos hacían tareas especiales que les pedía Alan Ruiz, supuestamente por pedido de Silvia Majdalani”.
Entretanto el exdirector de Contrainteligencia de la AFI, Martín Coste, que está imputado por espiar a Cristina Kirchner, solicitó en un escrito que se incorpore a la causa su declaración ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia del Congreso. Allí le adjudicó a Majdalani las maniobras de espionaje por las que se lo imputa, a las cuales manifestó que se opuso. “Todo era irregular en la agencia”, manifestó, señalando que se violaba constantemente la Ley de Inteligencia y que los agentes generaban documentos falsos para cubrir sus tareas ilegales.
Coste realizó una cruda descripción de las andanzas de Alan Ruiz. “Alan le tiene que hacer un informe a Juan Hernández, de Reunión; Hernández me tiene que hacer un informe a mí; yo le tengo que hacer un informe a Sumarios; Sumarios le tiene que hacer un informe a la Subdirección y a la Dirección General. Bueno, el informe era de Alan firmado hacia la Subdirección”, por lo que salteaba el proceso descripto y llegaba a Majdalani directamente.
En la misma mañana, el chef Martín Terra, que se encontraba prófugo de la Justicia desde hacía una semana, se entregó al juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, que entiende en la causa del espionaje ilegal desplegado por la Agencia Federal de Inteligencia. Terra está acusado de haber formado parte de la banda de Majdalani. No quedó detenido, pero debió constituir domicilio ante el juez. Hay quienes le imputan haber espiado a su exesposa, Analía Maiorana, que actualmente está casada con el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, que también fue observado por agentes de la AFI.
Milagro entre rejas
Mientras tanto Milagro Sala llegaba a los 1.641 días presa. En un reportaje destacó su “fe en que Alberto y Cristina van a levantar el país que Macri dejó destruido. Y van a terminar con esa famosa grieta que la derecha y la oligarquía han producido en nuestro país y que se vio en estos días”.
Sobre el gobernador que salteó todos los obstáculos legales para mantenerla lejos de la acción política, la líder social manifestó que “lo de Gerardo Morales es un odio visceral, no sólo hacia mi persona, sino también contra la organización social y hacia los que menos tienen”.
Un matrimonio igualitario disputado
El día en que esta publicación está siendo editada, un confundido editor escribió en la cuenta del pájaro azul del expresidente: “En el 10º aniversario de la Ley de Matrimonio Igualitario, recordamos esta decisión pionera de @mauriciomacri que abrió el camino a la igualdad. Celebramos este aniversario y seguimos trabajando para una Argentina más libre y diversa”.
En las redes sociales, en las que habitualmente se hace alarde de cierta crueldad, no dejaron pasar la oportunidad de ejercerla. Alex Freyre le recordó al expresidente que “no cumplió sus deberes de funcionario público ni defendió el fallo del tribunal porteño, no defendió la autonomía de CABA y se echó para atrás y nos tuvimos que casar en Ushuaia”, en recuerdo de su boda con José Di Bello. Ésta debía de haberse realizado el 1° de diciembre de 2009, pero un recurso de un abogado lo impidió, a pesar de que tenían una autorización judicial. Macri no les dio luz verde y finalmente el primer matrimonio entre personas del mismo sexo de Latinoamérica se realizó en Usuahia, autorizado por un decreto de la entonces gobernadora fueguina, Fabiana Ríos.
Debate al interior del oficialismo
Al mismo tiempo, Hebe de Bonafini cuestionó la convocatoria del presidente a los empresarios para su discurso del Día de la Independencia, manifestando, en nombre de las Madres de Plaza de Mayo, que “nos sentimos agraviadas y heridas en lo más profundo de nuestro corazón, al ver que usted sentó en su mesa a todos los que explotan a nuestros trabajadores y trabajadoras, y a los que saquearon el país”.
Inmediatamente, Fernández le contestó con una carta, en la que le expresó que comparte “el dolor por el sufrimiento de nuestro pueblo, que se ha agravado por la tragedia de esta pandemia”, a la vez que le expresó que “siempre las escucho y atiendo sus observaciones o reparos”, aunque reafirmando que “mi compromiso fue y es el de siempre: con los que menos tienen”.
“Su respuesta nos alienta a seguir luchando”, le contestaron las Madres, desatando un debate al interior del Frente de Todos acerca de la conveniencia de cuestionar públicamente a sus gobernantes. Las opiniones están divididas, pero no hay nada más sano que permitir que las diferencias afloren y se discutan frente a los votantes de una coalición, más aún porque en la diversidad –y en el Frente de Todos existe una gran panoplia de opiniones diferentes- se enriquece la política.
La secta del gatillo alegre
Los casos proliferan, en una cadena que no se inició recientemente, aunque en los últimos cuatro años se exacerbó con la adopción de la Doctrina Chocobar y la tolerancia a la secta de los adorares de la pólvora.
Facundo Astudillo no aparece desde el 30 de abril. Fue visto por última vez cuando lo detuvo la policía bonaerense de la localidad de Mayor Buratovich y desde entonces no se supo más de él. La policía entregó tantas versiones acerca de lo que le pasó, que solitos se ubicaron en el rol de sospechosos obligatorios.
Lucas Verón festejaba su cumpleaños en su casa de González Catán y a la madrugada salió en moto con un amigo para comprar más bebidas. Un patrullero lo persiguió y desde su interior le dispararon y lo mataron.
Raúl Dávila estaba preso en una comisaría en Chascomús por resistencia a la autoridad desde el 27 de junio. El nueve de julio incendió su colchón en su celda y, ante la demora en la intervención de los bomberos, murió con el 50 por ciento de su cuerpo quemado.
En la localidad de Fontana (Chaco) cuatro policías que habían protagonizado un feroz allanamiento ilegal contra la vivienda de la familia qom González-Saravia, se encontraban detenidos desde el 31 de mayo, pero el martes la jueza de Garantías Rosalía Zózzoli les otorgó la libertad.
El gobernador Jorge Capitanich se negó a reincorporarlos a la fuerza hasta que demuestren si son inocentes –algo muy difícil, ya que las pruebas en su contra son abrumadoras-, ante un dictamen de la Secretaría de Derechos Humanos. Inmediatamente presentaron su dimisión el jefe de Policía Fernando Romero, el subjefe Ángel Domínguez y la directora del Centro de Análisis, Comando y Control Policial, Mariela Aguirre, con la intención de presionar al mandatario para que revea su decisión.
La complicidad entre muchos jueces y policías se dejó ver cuando Zózzoli recaratuló el expediente, que pasó de “vejaciones y torturas” a allanamiento ilegal en concurso real con vejaciones”, que permitía la liberación de los uniformados mientras se sustanciara la causa.
Los jefes policiales renunciantes en estos casos suelen alegar que si permiten que se sancione a sus subordinados, pierden legitimidad ante la tropa. Más aún, cuando dentro de ella proliferan los “duros”, los “operativos”, que son los que lideran las protestas de los “patas negras” contra los jefes. Olvidan que deberían formarlos para que no agredan a los civiles que no delinquen y que a los que delinquen se los debe reprimir con la ley, no con la arbitrariedad de sus armas. Sólo si son agredidos deben reaccionar con la violencia, pero muchas veces eso no ocurre y los gatillos hablan en lugar del código penal.
Una profunda reforma judicial no es importante en este momento. Es imprescindible.
