El vínculo entre el Gobierno nacional y el movimiento obrero más o menos organizado quedó en el centro de la escena después de los acontecimientos del último diciembre. Una victoria pírrica en el tratamiento de las modificaciones al régimen previsional dejó al oficialismo en una situación precaria para negociar en el Congreso otros aspectos de su plan de reforma permanente.
Si la relación con los gobernadores llegó hasta un límite y los números en las dos cámaras dan cada vez más justos, en la Casa Rosada ven a la CGT como el interlocutor más indicado para conseguir llevar adelante los cambios a la legislación laboral. Una bendición sindical, creen, podría suavizar la posición de algunos parlamentarios opositores, los necesarios para aprobar las leyes requeridas. Sin embargo no será sencillo conseguir la buena voluntad de las cúpulas gremiales.
“Entrando en su tercer año de mandato, nada de lo que se prometió se ha cumplido”, dice el documento que esta semana refrendaron todos los sectores de la CGT. “Hacen más ricos a los ricos y más pobres a los pobres”, acusa el texto. “Es imposible suponer que se va a eliminar la pobreza o tan solo bajarla si se sigue sosteniendo un trazado económico contrario al interés nacional”, escribieron en el comunicado más duro que emitió la central contra este gobierno desde diciembre de 2015.
El documento fue presentado el lunes pasado por el triunvirato conformado por Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, más Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, los dos caciques sin cargo y con su influencia intacta. También estuvo Sergio Palazzo, representante de la combativa Corriente Federal. Ese día le pusieron el clavo final al ataúd del proyecto de reforma laboral tal como lo había presentado el Gobierno.
Menos de 24 horas más tarde, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunciaba la marcha atrás y proponía discutir “punto por punto” la iniciativa, empezando por el blanqueo. Era una forma elegante de admitir que los aspectos más regresivos de la nueva legislación serán dejados de lado. No fue gratuito.
Ese mismo día se activaba un mecanismo de pinzas sobre la cúpula cegetista. Por un lado, se ordenó reforzar los controles sobre los fondos de las obras sociales, el tesoro más preciado de los sindicatos; por el otro, operadores judiciales afines al oficialismo dieron luz verde a causas que comprometen a aquellos sindicalistas que asomaron la cabeza. Entre los apuntados se encuentran Moyano, Barrionuevo y Acuña. “Por las buenas o por las malas”, es la orden que bajó de la Casa Rosada.
El presidente Mauricio Macri tiene otro problema a resolver en el corto plazo. Aún si los dirigentes gremiales se decidieran a sentarse a la mesa de negociación, hoy el Gobierno no tendría a quien poner de su lado. Jorge Triaca (h), que llegó al cargo de ministro de Trabajo con el visto bueno de Moyano y Barrionuevo, es uno de los pocos funcionarios de primera línea, si no el único, que puede hablar en el mismo idioma que los sindicalistas. O era el único: el escándalo desatado por su exempleada Sandra Heredia, que trabajaba en negro en su casaquinta y fue despedida por WhatsApp tras desempeñar un cargo en la intervención del SOMU, dejó al ministro en una situación muy delicada. Cuando regrese de Europa, Macri deberá decidir si sostiene a Triaca, a pesar del hándicap, o si le busca un reemplazo.
Si el ministro se quedara o fuera reemplazado, no incidiría mucho en el tratamiento de la menguada reforma laboral, pero sí será clave en otra negociación que hoy resulta mucho más importante para el Gobierno: las paritarias, que ya son inminentes.
La sostenida suba del dólar durante enero sepultó prematuramente la vara del 15 por ciento que se buscó instalar desde los despachos oficiales. La batalla, hoy, estará puesta en la columna de las decenas: desde el Gobierno buscan a toda costa evitar que llegue al “2”. De eso depende, en buena medida, que tengan alguna chance de mostrar buenos números de inflación a fin de año.
“Está dificilísimo”, coinciden todos los economistas, desde los del Frente de Izquierda hasta los de la Bolsa de Comercio, pasando por los que cantan la marchita y por los que tienen su despacho en dependencias estatales.
La especulación que entretiene a las tertulias empresariales y políticas de verano no es tanto si el funcionario se va o se queda, sino, para el primer caso, cuál será el perfil de su reemplazante eventual. Siempre en el ámbito de las elucubraciones, habría dos posibilidades. La primera sería alguien que replicara el perfil de Triaca: oficialista de origen peronista, de relación añeja y con un vínculo fluido con la cúpula sindical.
De todos modos, fuentes de la Casa Rosada aseguraron que Triaca cuenta con el respaldo del Presidente, por lo que el debate por la sucesión no se apagará mientras este siga ocupando el sillón de la avenida Leandro N. Alem. Por esta razón, las especulaciones seguirán, por el momento.
En tren de especular, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, que responde al identikit, se apuró en desmarcarse de la posibilidad. Algunos sugirieron entonces el nombre de Emilio Monzó, el presidente de la Cámara de Diputados, pero no tendría el visto bueno de Peña. Más probable, se comenta, es que se busque a alguien de perfil empresarial, a tono con el resto del gabinete. En la segunda posibilidad, las fichas son todas del ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, ex responsable de Recursos Humanos de Telecom, Walmart, Cencosud y Pérez Companc, entre otras.
“Por las buenas o por las malas”. Esa es la cuestión.
