Tras la ratificación del tarifazo, el massismo acusó al Gobierno de usurero

Tras la ratificación del tarifazo, el massismo acusó al Gobierno de usurero

Los diputados nacionales Graciela Camaño, Daniel Arroyo y Felipe Solá criticaron en duros términos la decisión de Mauricio Macri. Qué dijeron.


El tema del aumento indiscriminado de tarifas sigue ocupando el centro de la escena. El jueves fue un día clave en lo político porque el Gobierno nacional de Mauricio Macri ratificó los aumentos con la salvedad de que el gas se podrá pagar en cuotas pero con intereses. Ese mismo día se produjo una marcha en contra del tarifazo y un día antes un ruidazo naciomnal. 

Luego de conocerse la ratificación de los aumentos, el Frente Renovador (FR) repudió la decisión del Gobierno de mantener la suba de las tarifas y se manifestó en desacuerdo con la implementación de cuotas para el pago de las facturas. “Basta de prueba y error, se requiere de racionalidad y mirada social”.

La diputada nacional Graciela Camaño sostuvo: “Cuando uno tiene un problema,  y evidentemente el tema energético es uno de los grandes problemas de los argentinos, tiene dos opciones: lo resuelve o lo patea para adelante. El Gobierno ha pateado para adelante el problema, no ha solucionado el tremendo colapso que causan las tarifas altas, irrazonables, que en muchos casos llegan a ser confiscatorias de los ingresos de muchos ciudadanos”.

En tanto, Camaño insistió en la postura de la fuerza liderada por Sergio Massa: “Nosotros vamos a seguir exigiendo una solución, que sin volver al pasado les dé un respiro a los argentinos e invitamos a los diputados oficialistas a ser parte de la solución y no de la distracción. Acá no tenemos por qué convertir a los usuarios en deudores de empresas que no hicieron ningún esfuerzo y fueron cómplices de la situación de colapso energético en la que se encuentra el país, porque eso es lo que propone el gobierno ahora”.

Por su parte, el diputado nacional Daniel Arroyo, sostuvo: “Que el gobierno proponga pagar en cuotas el aumento de tarifas y, sobre ello, habilitar que se aplique un interés por ello es una broma de mal gusto, es otra tomada de pelo. Este es un gobierno usurero”.

“Esta decisión deja en evidencia lo fuera de foco que están las autoridades nacionales: estirar el pago no es una solución”, señaló Arroyo, al tiempo que reclamó: “Basta de prueba y error, se requiere de racionalidad y mirada social. Están a tiempo de pegar el volantazo. El gobierno aumentó la tarifa de gas en un 1600%, 500% la luz y 400% el agua. Es un aumento desmedido en un contexto de familias sobre endeudadas por los costos fijos que cada vez son más altos”.

“Ya hubo un acomodamiento tarifario, lo que tiene que haber ahora es racionalidad: las tarifas no pueden aumentar más que lo salarios”, destacó Arroyo.

En ese sentido, el diputado nacional Felipe Solá, reflexionó: “El nivel de tarifas del gas decidido por el gobierno es confiscatorio para los usuarios, ya que excede en mucho los aumentos de salarios de la gente. Por lo tanto, mantenerlo igual es injusto y demuestra que no han entendido el problema. El diferimiento en tres cuotas que proponen encarece todavía más el gas al cobrarse intereses; por lo tanto no es ninguna solución. Además, el gobierno no propone ningún cambio en las tarifas de la luz”.

“Insistimos en nuestra propuesta: deben ligarse los aumentos con los salarios, tomando como base el 1 de noviembre pasado. Eso sería llegar a precios razonables, porque las tarifas vienen subiendo más que el salario desde mucho antes”, agregó Solá.

Cabe destacar que el Bloque FR-UNA junto a Argentina Federal, presentaron en conferencia de prensa el Proyecto de Precios Razonables para Servicios Públicos. Bajo la consigna “La plata no alcanza porque la inflación no para”,  la medida establece que las tarifas no podrán subir más que los salarios y sean estables por 12 meses. Además, que los aumentos de tarifas no podrán ser mayores al índice de precios mayoristas del INDEC, implementando un régimen de tarifa social por el que pagarán el 20% del valor de la factura.

Asimismo, el Proyecto contempla que las empresas proveedoras de servicios deberán generar un crédito a favor del usuario si las tarifas a partir del 1 de noviembre de 2017 aumentaron más que el índice de precios mayoristas del INDEC o que los salarios, como así también, reduce el IVA de las facturas de 21% a 10,5%, y se elimina la alícuota especial de 27% de IVA para consumo de servicios públicos de PYMES. En ese sentido, también prohíbe la creación de nuevos impuestos a los servicios públicos, y se invita a provincias y municipios a que reduzcan impuestos de la factura de servicios.

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