Los incidentes ocurridos el último sábado durante el desalojo del barrio Papa Francisco en Villa Lugano generaron un sinfín de cruces políticos y judiciales que lejos de atenuarse con el tiempo crecen cada vez más. A eso se agrega que el desalojo no terminó de la mejor manera. O para explicarlo mejor: no fue completado y un grupo de familias, al cierre de esta edición, aún permanecía en el lugar. Con lo cual se le abrió al gobierno de Mauricio Macri un frente de tormenta que incluye los ataques del kirchnerismo a través del secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, y de los legisladores K de la Ciudad. A esto se sumó la carta del papa Francisco dada a conocer el lunes pasado, en la que manifiesta que “lloró” al enterarse del desalojo. “Parecía Gaza… y me puse a llorar. No entiendo nada. A esa gente, a esas mamás con chicos, los acaricio con mis lágrimas. Parece que la crueldad se nos instaló en el corazón. Una crueldad vestida con tantos ropajes: ‘qué me importa’, ‘que vayan a trabajar’, ‘es gente insociable’… palabras que no justifican sino que manifiestan tanta crueldad”, manifestó Francisco en el texto.
Pero el dato que más sorprendió fue el comunicado de “difusión e información a la sociedad” que el martes hizo público la jueza que ordenó el desalojo, la titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 14, María Gabriela López Iñíguez. En el escrito, la magistrada aseguró que la Policía Metropolitana no completó el desalojo y que incumplió sus órdenes. En el texto también critica a la Fiscalía General de la Ciudad y señala, con dureza, que llevará a cabo una indagación de los hechos para saber por qué las tareas no se realizaron tal cual ellas las ordenó.
Iñíguez arranca señalando que durante la mañana del último martes se enteró, por un escrito de la Dirección de Asuntos Penales de la Ciudad, que le solicitaban una “ampliación de la orden de desalojo”. Razón por la cual se abocó a realizar “intensas indagaciones” en las que, según argumenta, comprobó que “no se procedió al cumplimiento de la orden judicial de desalojo en los términos en la que fue dictada (…) el viernes pasado, cuando todos los informes recibidos (…) daban cuenta de que el desalojo había sido total”. “Remarco que dicho desalojo se llevó a cabo sin incidentes, pese a la magnitud del procedimiento, y gracias a la colaboración eficaz de la Gendarmería Nacional bajo la coordinación del secretario de Seguridad. Por lo tanto, nada impedía la ejecución completa de la orden. Y en su caso, de haber habido dudas sobre los alcances de la misma, el camino correcto era el de elevar la consulta a la jueza que había firmado la misma, cosa que no ocurrió.”
Para sorpresa del macrismo, la jueza empieza criticando el accionar de la Policía Metropolitana por no completar el desalojo y, de yapa, le agradece al secretario Berni por el trabajo hecho por la Gendarmería, que según los voceros de la PM consultados por Noticias Urbanas, solamente se dedicó a garantizar el perímetro del lugar.
Iñíguez subraya que “no se ha desalojado aún el pequeño predio que se extiende a modo de pasillo entre la línea imaginaria que delinea el paredón de la Policía Federal perpendicular a la avenida Fernández de la Cruz, y la calle Escalada, encerrado, por un lado, por el borde de la manzana 30 de la Villa 20, y, por el otro, por el otro paredón del predio de la Federal”. Y, sin sutilezas, culpa de esta situación a los miembros de la Fiscalía porteña, al fiscal general de la Ciudad, el macrista Martín Ocampo, y a la Policía Metropolitana.
“Esta omisión resulta inexplicable no solo porque estaba perfectamente descripto en la orden de allanamiento que el mismo debía extenderse entre las calles Pola y Escalada y no hasta una línea imaginaria trazable a la altura de lo que sería la calle Corvalán, que jamás integró la orden de allanamiento ni la resolución que le diera fundamento. El sector que no se liberó es el más problemático, señalándolo como el sector denominado ‘de los paraguayos’ y en donde, según los dichos de vecinos, radicarían los focos delincuenciales vinculados a la tenencia ilegal de armas y al comercio de estupefacientes. Ni los integrantes del equipo fiscal ni el fiscal general de la Ciudad se han comunicado con la jueza a fin de explicar las omisiones señaladas. Tampoco se ha elevado al juzgado, pese al tiempo transcurrido y los reclamos telefónicos efectuados, el acta de la Policía Metropolitana dando cuenta del procedimiento.” Para finalizar, la jueza adelantó que indagará a los involucrados para que le expliquen todas estas anomalías. “Ante la gravedad institucional que tienen los hechos, especialmente porque no encuentran explicación alguna con las órdenes impartidas, resuelvo sin perjuicio de lo que procesalmente corresponda, iniciar una indagación de los hechos, a efectos de determinar las razones por las cuales las autoridades a quienes se les expidió dicha orden decidieron dar por concluido de este modo el procedimiento.”
El texto dado a conocer por la magistrada enfureció al Gobierno de la Ciudad, porque según los funcionarios consultados por este medio, la Metropolitana cumplió con las directivas de Iñíguez, que era la jueza que tenía a su cargo la causa por la usurpación. “Ella ordenó el desalojo. No fue una iniciativa nuestra. Ahora, ante los hechos consumados y porque un grupo se resistió, hubo incidentes y críticas del Papa y de Berni, la jueza nos termina echando la culpa de todo a nosotros. Eso no es nada justo”, se quejaba un funcionario macrista a Noticias Urbanas.
Tras el desalojo de 700 familias, unas 50 personas instalaron un acampe sobre el bulevar de la avenida Fernández de la Cruz, entre Escalada y Pola, que se encuentra frente al terreno liberado, porque se oponen al desalojo. Debido a esa situación, la zona permanece custodiada por efectivos de la Metropolitana. Desde el gobierno de Macri dicen que es la Justicia la que debe resolver esa situación.
Desde la Ciudad se destacó que la mayoría de las familias del barrio aceptaron ser trasladadas y que un grupo minúsculo es el que se niega a abandonar el lugar. La vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, manifestó que más de mil personas aceptaron dejar el lugar y se reubicaron por su cuenta en villas cercanas. Otras 150 fueron llevadas a los refugios de Parque Avellaneda y Parque Chacabuco, y solo un pequeño grupo optó por quedarse en el bulevar. Al principio, “había solo 30 personas acampando, pero sabemos que se sumaron más. Por eso colocamos vallas en la zona, para que no ingrese más gente”, dijo Vidal.
Con anterioridad, la funcionaria porteña había celebrado el desalojo realizado por la Policía Metropolitana y Gendarmería, sosteniendo que, desde su gobierno, “no permitirán que las mafias se aprovechen de la necesidad de otros”. “Para nosotros –abundó la funcionaria– es un paso adelante haber recuperado el terreno, volver a tener la posesión del lugar y dar un mensaje importante: que ni las mafias ni los narcotraficantes se van a apropiar de un espacio público, de un espacio que es de todos”. Ahora, al analizar las causas de la usurpación y de su irresolución en el tiempo, Vidal culpó a la Justicia: “La inacción judicial permitió la continuidad del conflicto porque la Justicia no avanzó en una denuncia realizada por el Gobierno de la Ciudad sobre cinco personas que les habrían vendido tierras a las familias que habitaban el predio”, precisó.
El operativo de desalojo fue criticado con dureza por parte del kirchnerismo. El legislador del Frente para la Victoria (FpV) Juan Cruz Campagnoli le aseguró a Noticias Urbanas que fue reprimido durante el desalojo junto a otros legisladores K. Entre ellos, el más perjudicado fue Pablo Ferreyra, quien recibió el impacto de tres balas de goma. “No estamos a favor del desalojo ni de la violencia. El sábado, a las 9, llegué al predio y vi a cientos de familias en la calle, muchos de ellos golpeados por la policía. A las 14 empezaron a reprimir a la gente que estaba en el bulevar y ahí intervenimos un grupo de legisladores, entre los que estaban María Rachid, Horacio Pietragalla, Paula Penacca y Ferreyra, y nos reprimieron también a nosotros. Esto demostró que el Gobierno porteño no tenía una solución habitacional para las familias desalojadas y por eso los dispersaron con balas de goma. Por eso nos preocupa que la política de vivienda del Pro sea la inacción o el desalojo, no tienen una política para los sectores populares, bajos y medios. Ya desde la llegada de Macri, el presupuesto del Instituto de la Vivienda bajó del 4 al 2,5 por ciento”, señaló Campagnoli. Por último, el diputado porteño recordó que la Ley 1.770, de 2005, ordenaba la urbanización de la villa 20, algo que nunca se llevó a cabo.
Debido a lo sucedido, los legisladores K convocaron a una sesión especial, que podría realizarse el viernes, para tratar dos declaraciones que contemplan el repudio al “accionar violento” de la Metropolitana durante el desalojo.
El enfrentamiento político entre Nación y Ciudad volvió a ponerse al rojo vivo luego del desalojo y sus consecuencias inesperadas. Y una prueba de ello fue el duro cruce que se dio en los medios entre el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, y el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni. El martes, Macri aseguró: “Berni debe hacerse cargo de todos los desalojos de la Ciudad, como en el caso de la toma del predio de Villa Lugano. Él dijo una y otra vez que es el responsable de la seguridad en la Ciudad y por eso él debería hacerse cargo de todos los desalojos”. En ese sentido, agregó: “No quieren hacerse cargo de este tipo de situaciones, entonces la Justicia llama a los dos, a la Nación y a la Ciudad”. Las declaraciones del Jefe de Gobierno se produjeron luego de la embestida pública que realizó Berni sobre el accionar del macrismo. “El Jefe de Gobierno no actuó cuando tenía que actuar; no tuvieron el coraje, porque tuvieron el miedo de que cuando desalojaran pasara lo mismo que en el Borda”, los acusó el funcionario K.
Pese al cruce entre Nación y Ciudad por el desalojo, fuentes consultadas por Noticias Urbanas manifestaron que la idea de liberar la zona se aceleró a partir del homicidio de Melina López, una joven de 15 años que fue asesinada de dos disparos el miércoles de la semana pasada, en un intento por robarle la cartera. El hecho se produjo a metros del asentamiento. Esto generó que los vecinos realizaran una manifestación para exigir justicia y el desalojo del predio. Tras el crimen, la primera fuerza política que pidió públicamente la desocupación del lugar fue el Frente Renovador, en la voz de su coordinador porteño, Diego Kravetz. En una columna que publicó en Infobae, el exlegislador aseguró que el barrio Papa Francisco no estaba, momentáneamente, “en condiciones de ser habitado” y que no era “un asentamiento de gente humilde porque nadie vive allí”. “Se trata de un loteo hecho a mano y algunas casitas donde se ocultan delincuentes como los que mataron a Melina. Hay que tirarlo abajo”, afirmó. Por su parte, desde el Gobierno porteño, María Eugenia Vidal expresó que la jueza Iñíguez debía determinar “el grado de relación” entre la liberación del predio y el asesinato de Melina López. “Luego de este asesinato, tanto los funcionarios de Nación como de Ciudad estaban convencidos de que se debía realizar el desalojo; a eso se sumaba el visto bueno y la decisión de la Justicia en ese sentido. Es evidente que si la Gendarmería participó del desalojo, Berni sabía lo que estaba sucediendo y lo apoyaba, claro que nadie pensó que todo iba a terminar como terminó y por eso ahora nadie quiere hacerse cargo de lo que pasó”, le explicó a este medio un jerarca de un funcionario del Poder Judicial que estuvo involucrado en el desalojo. Algunas horas antes del cierre de esta edición, organizaciones villeras y familias desalojadas marcharon a la Legislatura, donde entregaron un petitorio, y a la Jefatura de Gobierno porteño para exigir soluciones habitacionales. Con el resultado a la vista y la gravedad de las consecuencias, la solución de la usurpación se transformó en un nuevo problema, que puede terminar siendo más grande que el anterior.