El presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, exigió a la empresa Metrovías, que controla el subterráneo, que le devolviera la plata del pasaje ya que la escalera mecánica de la estación donde intentó viajar estaba apagada, haciéndose eco del fallo del juez Roberto Gallardo que está en vigencia desde esta semana y según el cual todo usuario del subterráneo que al ingresar o egresar de una estación observe que alguna de las instalaciones mecánicas (escaleras mecánicas, ascensores y/o salvaescaleras) se encuentre en ese momento fuera de funcionamiento, se encontrará exento de abonar la tarifa correspondiente al servicio regular.
“Pedí mi boleto de vuelta en la Estación Palermo de la Línea D porque no funcionaba la escalera de salida, tal como lo ordenó el juez Gallardo. ¡Y en el acto fueron a prenderla! ¡No estaba rota, la tenían apagada! Metrovías se volvió a presentar para la nueva privatización del subte”, contó Baldiviezo en su cuenta de Twitter, y rápidamente fue replicado por millones de usuarios.
Pedí mi boleto de vuelta en la Estación Palermo de la Línea D porque no funcionaba la escalera de salida tal como lo ordenó el juez Gallardo Y en el acto fueron a prenderla!! No estaba rota la tenían apagada!
Metrovias se volvió a presentar para la nueva privatización del subte pic.twitter.com/I27wTZvkuN— Jonatan E Baldiviezo (@jonatanbaldivie) February 19, 2019
El fallo del juez Gallardo se da en un contexto donde la Legislatura de la Ciudad aprobó a fin del año pasado la Ley N° 6.132, que modifica el Código de Tránsito y Transporte.
El GCBA y la empresa concesionaria del subte habían sido condenadas judicialmente a garantizar la accesibilidad en todos los ingresos a las estaciones. Además, en 2016, la Ley N° 5.770 había modificado el inciso i) del Art. 9.3.1 del Código de Tránsito y Transporte estableciendo que se debe garantizar el acceso de personas con movilidad reducida a todas las estaciones de la red de subterráneos. Actualmente solo una de cada tres estaciones es accesible, y en seis de cada diez viajes los ascensores no funcionan.
En vez de cumplir este mando legal y la sentencia judicial, se impulsó la aprobación de la Ley N° 6.132. Esta ley otorga al GCBA y a la concesionaria del subte un plazo de 20 años para garantizar la accesibilidad y otorga un año de gracia para realizar un relevamiento. Esto es para que, en plena campaña electoral, la ciudadanía no tenga el derecho de exigir accesibilidad en ninguna estación por estar realizándose el relevamiento. Lo que constituía una vulneración al derecho a la plena y efectiva accesibilidad de las personas con movilidad reducida, especialmente personas con discapacidad y adultos mayores, el GCBA pretende ahora que ya no lo sea.
De allí la relevancia de la última sentencia cautelar del juez Gallardo, que ordena la devolución del pasaje abonado o el ingreso gratuito al subte ante el incumplimiento de la accesibilidad en las estaciones.
Hace más de 20 años que Metrovías tiene la concesión de la operación del subte y no ha podido garantizar la accesibilidad en las estaciones. Esto y otras malas prestaciones del servicio nos enseñaron que la privatización del subte no es la mejor solución. A pesar de esto, la Legislatura, a través de la Ley N° 5.885, autorizó nuevamente la privatización de este servicio público por el plazo de 15 años. Violando la normativa de aprobación de leyes que establece la Constitución. Metrovías, con estos antecedentes, se volvió a presentar para ser adjudicataria de la licitación. En ese momento, legisladores de Cambiemos en el debate parlamentario aseguraban que Metrovías no se presentaría a fin de lograr que se apruebe la privatización. Otra mentira más.