El asentamiento La Esperanza se desprendió como barrio de Los Piletones, cuando en 2009, en ese espacio de Villa Soldati, se incendió una manzana entera. Lindante con la autopista Presidente Cámpora y la avenida Riestra, en él habitan unas 500 personas –entre ellas, dos centenas de chicos– que vienen padeciendo hace tiempo condiciones indignas de vida. Sin luz, sin recolección de residuos, sin agua, decidieron denunciar al Gobierno porteño ante la falta de respuesta. Y recibieron el visto bueno de la Justicia.
En ese sentido, el lunes 12 de enero el juzgado de feria número 3 del Fuero Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, a cargo de Darío E. Reynoso, intimó al GCBA para que en el término de 3 (tres) días corridos desde esa fecha provea al barrio, mediante el establecimiento de camiones cisterna, de agua potable.
“La fecha para la respuesta claramente ya pasó. El Gobierno porteño no cumplió. Así que, si no tenemos agua para hoy a la tarde, los vecinos están barajando la posibilidad de cortar la autopista Cámpora el jueves a las 8 de la mañana. Es algo que tenemos que decidir en la reunión que hacemos en la capilla del barrio todos los miércoles a las 18, pero es una posibilidad muy concreta, ya que seguimos sin agua”, explicó a Noticias Urbanas Víctor Benítez, uno de los once delegados de La Esperanza, quienes cuentan con el apoyo de la Corriente Política 17 de Agosto.
“La situación en la que vivimos es terrible. Las instalaciones de luz son precarias y provocan cortes constantes. Además, no tenemos ningún tipo de recolección de residuos ni un lugar donde volcar los desechos de nuestras casas; muchos pasillos y calles continúan siendo de tierra, agravando las inundaciones los días de lluvia e imposibilitando la circulación y el acceso al barrio”, relata a NU, por su parte, María Galloso, delegada y mamá de 3 hijos, quien reside en el lugar hace 3 años y sobrevive con “changuitas de limpieza”.
Una de las cuestiones de fondo que preocupa gravemente a los vecinos de La Esperanza es la falta de reconocimiento estatal. Cuando tal gesto institucional no existe, entienden, se puede esperar lo peor: topadora y desalojo del asentamiento. Y antecedentes de ese tipo, se sabe, de la historia del barrio Papa Francisco de Lugano para atrás, sobran en la Ciudad. “La cantidad de habitantes del barrio la calculamos nosotros, a través de un censo, ya que el GCBA siempre se negó a realizar un relevamiento poblacional, para no hacerse cargo de sus obligaciones”, apunta Galloso.
Víctor Benítez agrega: “Por otro lado, en otra presentación judicial, los vecinos solicitamos al juez que ordene también al Gobierno que garantice la recolección de residuos. Este servicio solo se brindó excepcionalmente entre octubre y diciembre del año pasado, a través de un servicio de recolección domiciliaria a cargo del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que fue suspendido ese mes”. Y por último, respecto al tema del agua, insistió: “Si no hay respuestas, vamos a cortar la autopista”.
