La titular del Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº 1, María Romilda Servini de Cubría, quedó a cargo de instruir la denuncia que realizó el empresario Cristóbal López contra funcionarios del gobierno anterior, que encabezaba Mauricio Macri.
La primera medida que tomó la magistrada el viernes pasado, fue solicitarle a la empresa Movistar la lista de llamadas recibidas y emitidas -entre enero de 2016 y agosto de 2019- por el celular de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el asesor presidencial preferido del expresidente. “La medida tendrá como objeto verificar con qué personas se habría comunicado de manera previa y luego de las reuniones antes señaladas”, explicó la jueza federal.
Rodríguez Simón fue acusado por López de haber sido el operador principal del armado político-judicial en su contra, que tenía como objetivo además obligarlo a vender sus empresas -entre ellas Oil Combustibles y C5N, del Grupo Indalo- a precio vil. Una de las operaciones era presionar sobre presuntas deudas impositivas, por la cual permaneció detenido durante casi dos años, entre los cuales, a los tres meses de entrar al presidio, medió una orden de liberación que le permitió respirar los aires callejeros durante un mes -de marzo a abril de 2018-, para volver a Ezeiza y ser liberado el cuatro de octubre de 2019, cuando el poder de sus enemigos comenzaba a decaer.
Los imputados en la causa son, además del polémico Pepín, el propio expresidente de la Nación, Mauricio Macri y algunos de sus asesores de máxima confianza, como Nicolás “Nicky” Caputo, Mario Quintana, José Torello, el exministro de Energía, Javier Iguacel y los extitulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli. Paralelamente, quedaron imputados también dos de los empresarios acercados por Macri y por Nicolás Caputo para hacerse cargo del paquete accionario de Indalo, Ignacio Rosner y el mendocino Orlando “Orly” Terranova.
Entretanto, Pepín, que fue el principal operador judicial de Macri, ya que formaba parte de la “mesa judicial” de su gobierno, reconoció que “tuve distintas reuniones con Cristóbal López, de Achával y Ricardo Benedicto por el pago de la deuda por Ingresos Brutos que tenían con la ciudad. Nunca les hablé de la línea editorial de C5N, ni de Fabián De Sousa ni de Oil Combustibles. Es falso que les pedí que no pasaran un informe mío en C5N”.
López denunció que la operación de pinzas para quedarse con los medios de comunicación del Grupo Indalo consistía, por una parte, en presionar para que los vendiera, mientras que por otra intentaba elevar fuertemente la presión impositiva sobre las tragamonedas que operan en el Hipódromo, de las cuales era copropietario.
Existe una concurrencia de fechas en esta línea de tiempo. En los últimos días de septiembre de 2017, algunos medios anunciaban el inminente desembarco de Terranova -muy relacionado con Nicolás Caputo- en los medios de comunicación de Cristóbal López, que finalmente no se produjo.
Finalmente, el 19 de diciembre de 2017, el juez Julián Ercolini ordenó el encarcelamiento de López y de su socio, Fabián De Souza. La razón aparente de esta detención fue una presunta deuda de 8.000 millones de pesos que adeudaba a la AFIP, una cifra que por estos días está siendo seriamente cuestionada.
