No se trata de una nueva doctrina policial; al fin y al cabo, no hicieron falta reglamentos para que el presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, condecorasen al agente Luis Chocobar, reciente celebridad de la derecha manodurista, actualmente en proceso por homicidio agravado tras haberle disparado por la espalda a un delincuente que huía de la escena de un crimen.
Es, en todo caso, parte de la misma puesta en escena. Una más de las muchas permutaciones que ensaya el oficialismo para resolver un rompecabezas que se le presenta esquivo: cómo mantener la gobernabilidad de un país al borde del colapso sin resignar las expectativas electorales que ya adquieren, en el horizonte, el peso y la centralidad absoluta del sol.
En ese escenario, Bullrich, la más popular entre el funcionariado nacional, según los diversos sondeos que manda a hacer cotidianamente el ecuatoriano Jaime Durán Barba, aparece como una probable compañera de fórmula para una eventual segunda presidencia de Macri. La ¿última? sorpresa en la singular carrera de “La Piba”, que se imagina a sí misma como “La Señora”.
El éxito del operativo de seguridad del G20 fue un bálsamo, días después del fallido superclásico, que estuvo a punto de arruinarlo todo. El excelente vínculo de la ministra con los servicios de inteligencia extranjeros que colaboraron con la puesta a punto de la cumbre ayudó; la escasa concurrencia de grupos globalifóbicos del hemisferio norte, más violentos y menos orgánicos que las organizaciones locales, facilitaron la tarea.
La ausencia de los misteriosos encapuchados que rompieron manifestaciones precedentes despertó algunas suspicacias; desde el Gobierno le dieron el mérito al gigantesco plan de contingencia que militarizó una buena parte de la Ciudad, pero la oposición asegura que esto confirma que los “capuchas” son, en realidad, infiltrados policiales y no aparecen cuando su presencia no es funcional al Gobierno.
De cualquier manera, se atravesó el summit presidencial sin grandes inconvenientes y esa fue la señal de largada para que Bullrich comenzara a peinarse por si le toca salir en la foto.
El protocolo de uso de armas de fuego se había diseñado con la excusa del G20 pero, llamativamente, se publicó en el Boletín Oficial 48 horas después. Había que esperar a que concluyera en paz el fin de semana salvaje para lanzar la campaña. El encargado de dialogar con las organizaciones que marcharon en repudio al cónclave internacional fue Pablo Noceti, el mismo que en agosto de 2017 encabezó el operativo de Gendarmería en el Pu Lof mapuche de Chubut, que concluyó con la muerte, en circunstancias aún no esclarecidas, de Santiago Maldonado.
Casualmente, o no, el mismo viernes, el juez Gustavo Lleral decidió cerrar el expediente que investigaba este episodio, cumpliendo con un paso imprescindible para limpiar la imagen de Bullrich de cara a una eventual campaña. Según la familia Maldonado, Lleral les confesó que actuaba bajo presión: “Estoy siendo extorsionado. Todo mi equipo de trabajo y yo estamos siendo apretados para que cierre la causa. Por eso debo hacer esto”, le habría dijo a la madre de Maldonado en una charla telefónica antes de publicar su resolución, según denunciaron públicamente. Aún no fueron desmentidos.
Menos de 24 horas tardó en llegar la primera impugnación al reglamento de uso de armas de fuego. Al cierre de esta nota se preparaban varias más. En el Gobierno no veían esto con mayor preocupación: lo importante no era modificar el protocolo, sino mostrarse ante la opinión pública como intransigentes en la lucha contra el delito. El relato se completa intentando poner a la violencia criminal como la causa principal del malestar de los argentinos, un casi desesperado intento de sacar por un rato el foco de la debacle económica, que el macrismo no supo evitar.
En estos días, variopintos voceros paraoficiales y oficiales repitieron en los medios razonamientos que ligaban un uso más flexible de armas por parte de la Policía con menores tasas de criminalidad. Sin embargo, los números muestran una realidad muy diferente: la Argentina tiene un índice de muertes por violencia intencional de seis cada cien mil habitantes, similar al de Estados Unidos, inferior al de Uruguay y entre cuatro y cinco veces menos que el de Colombia y Brasil, según datos de Naciones Unidas.
La mano dura pasó a ser la continuación de la política por otros medios. La llegada de Bolsonaro al poder en Brasil abrió una señal de alarma en el Gobierno nacional. No tanto por la figura del exmilitar, con quien Macri ya tuvo varias charlas telefónicas que anuncian una relación fluida. El task force de Durán Barba y Marcos Peña considera sumamente improbable la aparición de una figura similar en la Argentina, que ponga en riesgo la hegemonía de Cambiemos sobre el electorado de derecha.
Sin embargo, sí les preocupa que una eventual candidatura de Alfredo Olmedo, José Luis Espert u otra figura similar despierte el interés de un sector minoritario pero que le produzca al oficialismo una sangría de votos que pueden resultar clave a la hora de definir los comicios en primera vuelta o que les impida acceder a un balotaje en un escenario de tercios reñido. Allí entra en juego Bullrich, el mejor cuadro político del macrismo duro, según la definición de un ministro que no ve la hora de volverse a su casa. La mujer, que supo transformarse tantas veces, va por su última transformación, acaso la definitiva.