Una nueva normativa aprobada este jueves por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propone avanzar con la integración de un barrio postergado desde hace nueve décadas y la radicación definitiva de sus habitantes en el marco de las disposiciones de la Ley 3.343 sancionada en el año 2009, que plantea la urbanización del polígono correspondiente a las villas 31 y 31 bis, también conocidas como Padre Carlos Mugica.
Como parte del proyecto se implementará un programa de construcción de unas 1200 nuevas viviendas además del mejoramiento de las existentes, que consistirá en dotar a las unidades de conectividad de infraestructura sanitaria, hidrófuga y eléctrica con el objetivo de fortalecer el hábitat y favorecer su regularización dominial.
Una modificación al proyecto de ley incorporada a último momento establece taxativamente que “no se realizarán desalojos forzosos. Toda relocalización que resulte excepcionalmente necesaria se realizará dentro del polígono del barrio y con el consentimiento de los/as beneficiarios/as”.
Se propone además la creación de un Consejo Consultivo para la Gestión Participativa (CCGP) del proceso de reurbanización integrado por el cuerpo de consejeros del barrio, un representante de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, representantes de la presidencia y vicepresidencia de las Comisiones de Vivienda y de Planeamiento Urbano de la Legislatura, un representante de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, entre otros, cuya función será evaluar los avances del proyecto.
Serán beneficiarios de una solución habitacional única y definitiva en los términos de la presente ley, las personas del Barrio Padre Carlos Mugica que se encuentren registradas en los empadronamientos realizados por la Dirección General de Estadística y Censos entre los años 2016 y 2018; quienes acrediten ante la Autoridad de Aplicación residencia permanente en el momento de la posesión definitiva y quienes no hayan sido beneficiarios de otros Programas de Vivienda social en los últimos 10 años en el territorio de la República Argentina. Las organizaciones sociales que prestan servicios y actividades en el barrio también podrán ser beneficiarias de una parcela y/o unidad funcional.
El Título Tercero de la Ley hace referencia al ordenamiento territorial y a la normativa urbanística. En este sentido se prevé un esquema de apertura de calles, se establecen las alturas permitidas en cada parte del polígono y los usos para cada uno de esos sectores. Además se avanzará en la liberación del bajo autopista actual con la relocalización de los habitantes en viviendas nuevas, que estará sujeto al acuerdo de los vecinos.
Por otra parte, cuando se avance con la nueva traza de la autopista Illia, todo lo que hoy forma parte de la bajada pasará a ser un conector verde donde se destinará un 25% a vialidad y un 75% de su superficie a espacio público.
También se agregó el precepto de “contemplar la factibilidad de incorporar establecimientos y/o servicios de sanidad, educativos, de cultura, culto y esparcimiento” y que la autoridad de aplicación posibilite “el acceso a reducciones tarifarias suficientes en los servicios de agua potable, electricidad y alumbrado, barrido y limpieza”. También le encomienda a esa autoridad promover “la incorporación de los integrantes del grupo familiar que sean mayores de edad a programas de terminalidad educativa, capacitaciones, talleres de oficios y oportunidades laborales que tengan por finalidad mejorar su situación socioeconómica”.
En este sentido la ley sostiene en uno de sus artículos que “en el marco del proceso de reurbanización e integración social se ampliará la oferta educativa a fin de contribuir con garantizar el derecho a la educación de la totalidad los habitantes del Barrio Padre Carlos Mugica. Para tal fin se instalarán establecimientos educativos estatales y se adecuarán establecimientos comunitarios preexistentes”.
También se dispuso que “los inmuebles existentes al momento de la aprobación de esta ley que tengan un valor simbólico, histórico y/o religioso de interés general para el barrio, serán respetados y puestos en valor con el consentimiento del responsable a cargo de administración de dicho inmueble”.
La iniciativa tuvo despacho de las Comisiones de Vivienda, Planeamiento Urbano y Presupuesto y se elaboró sobre el expediente de autoría del Jefe de Gobierno; previamente hubo una iniciativa particular de Amalia Aima hecha propia por los diputados Javier Andrade y Paula Penacca (UC), que presentaron un proyecto de minoría proponiendo la vuelta a comisión del expediente porque sus objeciones no fueron consideradas y por “la multiplicidad de acciones llevadas a cabo por el Gobierno de la Ciudad a través de la Secretaría de Integración Social y Urbana que no están enmarcadas en ninguna ley”. “Se desconsidera el Dictamen trabajado de manera participativa e interdisciplinaria” lo que hace necesario “profundizar el debate para llegar a un resultado que realmente permita un proceso de reurbanización integral garantizándoles a los vecinos y vecinas de la villa 31 el derecho a la vivienda y a un hábitat digno”, argumentaron.
El debate
Sobre la reurbanización del barrio Padre Mugica, la diputada que preside la Comisión de Vivienda, Lía Rueda (VJ) afirmó: “Hoy es un día histórico porque se inicia un proceso inédito de transformación de nuestros barrios populares. El tema de la villa 31 fue un tema postergado por décadas y en ese lugar la presencia del Estado recién empezó a ocurrir hace 10 años”, y agregó que “el compromiso de la Nación nos permite hacer una reurbanización en serio”. Explicó que “donde antes había un bunker de narcos hoy hay una oficina del gobierno. Tenemos más de 1200 viviendas nuevas. Ya tenemos familias mudadas a sus nuevas casas. Con este proyecto de reurbanización, vamos a lograr que cada uno de los 40 mil habitantes del barrio acceda a una mejor calidad de vida. Con los mismos derechos y obligaciones que el resto de los vecinos de la ciudad”.
También se expresaron durante el debate del proyecto los diputados oficialistas Omar Abboud quien enfatizó que la ley garantiza la radicación para los actuales habitantes y Victoria Roldán Méndez (VJ), que señaló “es un proyecto innovador y ambicioso ya que busca integrar a todos los barrios de la ciudad. se trata de revalorizar los espacios urbanos”.
El socialista Roy Cortina hizo una enfática defensa del proyecto y sostuvo que “hay leyes que, aunque no sean perfectas, significan un avance”. “Yo pregunto a los que se oponen si creen que el barrio va a estar mejor o peor después de aplicar esta ley; yo estoy seguro que va a estar mejor, por eso es un disparate no votar esta ley”.
Por su parte, desde el Bloque Peronista, Santiago Roberto ponderó los cambios introducidos a último momento en la norma para evitar desalojos compulsivos y pidió incorporar para los habitantes del barrio la tarifa social en los servicios públicos, especialmente en la electricidad. Explicó que su bloque vota a favor pero lo hará negativamente en la segunda lectura si no se toman en cuenta las propuestas de los vecinos y las atribuciones de una mesa de participación.
Otros sectores de la oposición, tal el caso de Unidad Ciudadana, a través de Carlos Tomada criticó el “apuro e improvisación”, la falta de participación real de los vecinos y dijo: “No quiero pensar que esto sea por especulaciones electorales”. Sus pares Penacca y Conde hicieron referencia a no construir un enfrentamiento entre vecinos cuando todos necesitan y tienen un mismo interés que es el de resolver el tema de vivienda. Aludieron al objetivo supuesto de hacer negocios inmobiliarios y señalaron que el proyecto “no responde a las necesidades de los habitantes, no garantiza la tenencia de la tierra ni el arraigo”.
Por su parte María Patricia Vischi adelantó la abstención del bloque Evolución en la esperanza de que el proyecto pueda ser mejorado en segunda lectura, después de pasar por Audiencia Pública. Reclamó más participación de los vecinos, la construcción de más viviendas y su preocupación por “las divisiones que se han generado entre los habitantes de ese barrio”.
El rechazo también fue expresado desde la izquierda por Fernando Vilardo (AyL): “en el día de ayer recién se incorporó que no habría relocalización de la gente, por qué esa demora, por qué se genera incertidumbre? preguntó. Con relación a educación y salud recordó que es interesante la discusión que se dio respecto a reemplazar en la ley “el garantizar” por el de “contribuir a garantizar”. “No se especifica qué cantidad de escuelas se necesitan, ni cuántos centros de salud”. En el mismo sentido se manifestó Patricio Del Corro (MST): “No sólo no se escuchó a una buena parte de los vecinos sino que se incitó al enfrentamiento entre los propios vecinos del barrio para poder sacar este proyecto. Están jugando con la necesidad de vivienda. Al BID le regalan 100 años el puente, pero a los vecinos se les pondrá una hipoteca. Por qué quieren que esas casas, esos terrenos, se puedan vender por migajas para luego desarrollar los grandes intereses de la Ciudad? interrogó. Y a su turno, Gabriel Solano (FIT) apuntó que “nuestro bloque va a rechazar este proyecto, primero por el procedimiento: la Comisión de Vivienda no estaba funcionando y de repente se activó para sacar este proyecto de ley y por otro lado esta propuesta es de exclusión de los vecinos”.
Finalmente, la ley fue aprobada esta tarde en primera lectura con 40 votos positivos (VJ, BP, PS), 5 negativos (FIT, MST, AyL) y 13 abstenciones (UC, GEN, Evolución) y deberá pasar por Audiencia Pública.