La Legislatura aprobó en la sesión del jueves, una ley para regular la actividad de las empresas que realizan reclamos extrajudiciales a través de agentes de cobranzas, y de esta manera otorgar garantías a los consumidores y usuarios que muchas veces sufren amenazas y hostigamientos al no cumplir con sus obligaciones de pago.
La norma aclara que el agente de cobranza podrá exigir el cumplimiento de la obligación del deudor moroso mediante correo electrónico; carta documento o telegrama; comunicación telefónica o cualquier otra vía extrajudicial que no afecte su integridad física ni psíquica.
Sin embargo, prohíbe a los agentes utilizar los siguientes métodos:
– Reiterar comunicaciones que hostiguen al deudor en mora como método de cobranza;
– Notificar por parte del agente de cobranza en los teléfonos, medios electrónicos y espacios laborales o la comunicación con sus empleadores;
– Enviar misivas postales, comunicaciones telefónicas y/o por medios electrónicos a cualquier persona distinta al deudor;
– Abordar al deudor en lugares públicos con la finalidad de intimidarlo o humillarlo con la exhibición de letreros, pancartas, carteles o cualquier otro elemento relacionado con la reclamación de la deuda;
– Publicar en sus establecimientos comerciales, páginas de internet o redes sociales o difundir a través de los medios de comunicación nóminas de deudores/as y requerimientos de pago sin mediar orden judicial. Lo anterior no comprende a la información que se proporcione a las bases de datos de antecedentes financieros personales ni a la Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central de la República Argentina;
– Cualquier otra modalidad de gestión de cobro que coloque al deudor moroso en una situación vergonzante, humillante o vejatoria, así como el uso de cualquier medio de coacción, intimidatorio o amenazante.
– Realizar llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto o similares al presunto deudor/a entre las 20.00 horas y las 08.00 horas los días lunes a viernes; los días sábados antes de las 10.00 horas y desde las 12.00 horas y días domingos, feriados y días no laborales.
El legislador Santiago Roberto (Bloque Peronista) celebró la aprobación de la ley que busca regular el accionar de las agencias de cobranza extrajudicial, con el objetivo de garantizar el trato digno a los consumidores y evitar las prácticas comerciales que pudieran vulnerar sus derechos.
La iniciativa, que fue impulsada por la presidenta del Bloque Peronista, María Rosa Muiños, y consensuada con legisladores opositores y oficialistas, y asociaciones de consumidores, “busca poner un freno a una metodología injuriante, no solo a través de la actuación, sino también previendo sanciones ante los incumplimientos, buscando disuadir a las empresas e impedir que sigan con prácticas controvertidas”.
En su discurso en el recinto, Roberto detalló que “el objetivo es garantizar derechos que muchas veces no se cumplen por falta de información y por distintos vacios jurídicos, ya que permitirá llevar tranquilidad a los consumidores que abonan deudas a terceros ajenos a los proveedores que los contratan.”
Agregó que “los deudores no tienen por qué sufrir hostigamientos vergonzantes por parte de las agencias de cobranza, que los pueden llevar incluso a perder el empleo” y remarcó que “con esta ley queremos evitar que estén recibiendo llamadas o notas con falsas denuncias penales de forma permanente, ya sea en sus casas o trabajos, con el fin de presionarlas para que paguen.”
Por último, el legislador destacó que “hoy cualquier persona puede convertirse en moroso. Sobre todo en este contexto de crisis económica, donde se hace cada vez más difícil pagar los servicios, el alquiler y las expensas”, y destacó que “esta ley va a ser el punto de partida para que la tomen otras ciudades.”
Ley de “Trato digno”
La Ley se apoya en los principios de trato digno y equitativo, la buena fe contractual y el deber de informar respecto de las gestiones de cobranza, presentes en la Ley de Defensa del Consumidor. En este sentido, establece que el acreedor deberá informar al deudor cuando el reclamo extrajudicial se derive a un agente de cobranza, así como brindar sus datos, la información correspondiente y especificar si tiene representación para efectuar el cobro y de qué manera.
Respecto de los reclamos a los deudores, la norma indica que los mismos podrán realizarse por correo electrónico, carta documento, telegrama, comunicación telefónica o cualquier otra vía extrajudicial que no afecte la integridad física ni psíquica del deudor.
Para evitar esto, al notificarlo queda prohibido realizar reiteradas comunicaciones que lo hostiguen; contactarlo por teléfonos, medios electrónicos y espacios laborales; comunicarse con sus empleadores; enviar correos postales abiertos, o que aun cerrados queden a la vista de terceros como intentos de cobro de deuda en mora; comunicarse con cualquier persona distinta al deudor; ni utilizar la apariencia de reclamo judicial.
Tampoco se podrá abordar al deudor en lugares públicos con la exhibición de letreros, pancartas, carteles o cualquier otro elemento con la finalidad de intimidarlo o humillarlo; publicar nóminas de deudores y requerimientos de pago sin mediar orden judicial; realizar llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto o similares de lunes a viernes entre las 20 horas y las 8 horas, los sábados antes de las 10 horas y desde las 12 horas, los domingos, feriados y días no laborales; ni cualquier otra modalidad de gestión de cobro que coloque al deudor moroso en una situación vergonzante o vejatoria, así como el uso de cualquier medio de coacción o amenazante.
Por otro lado, al momento de cancelar la deuda, el agente deberá exhibir copia del derecho o poder que lo habilita al cobro y toda la documentación relacionada a la deuda, para que el deudor pueda constatar la procedencia del reclamo; e informar el nombre, apellido o Razón social, DNI o CUIT del acreedor y el monto de la deuda.
Por último, el acreedor deberá informar el pago y, ya sea él o el agente de cobranza, realizar las gestiones para quitarlos de los registros de deudores y/o de información financiera en un plazo de hasta cinco días de acreditado o notificado el pago.