Ante la debacle política de todos los candidatos presentados oportunamente ante la Comisión Bicameral correspondiente, la Defensoría del Pueblo de la Nación sigue acéfala desde hace siete años, desde cuándo se retiró el cordobés Eduardo Mondino. Mientras que desde el Gobierno no se quiere apurar el trámite, es en el peronismo donde radica el mayor apuro en cerrar un lugar clave para el control de la gestión nacional.
Hace poco más de un mes, cuando faltaban pocos días para que concluyera el período de sesiones ordinarias, los bloques propusieron ante la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo, que preside la senadora oficialista Marta Varela, los nombres de la legisladora porteña Graciela Ocaña, de los ex legisladores Héctor Polino y Humberto Roggero, y de la ex ministra de Educación del gobierno de Menem, Susana Decibe como posibles candidatos.
Las dos mujeres fueron propuestas por Cambiemos, Polino por la bancada socialista de la Cámara de Diputados y Roggero propuesto por el bloque que preside Miguel Ángel Pichetto en la Cámara alta.
Ocaña fue la carta más fuerte jugada por el Gobierno, pero a su vez la primera “brutalmente” descartada por las mayorías parlamentarias que encabezan –sobre todo en el Senado- las fuerzas opositoras comandadas por Pichetto. Su perfil semi oficialista y la cantidad de denuncias en su carrera le conspiraron -desde todos los sectores- para avanzar en el Organismo de Control. Susana Decibe fue la siguiente víctima que se cobró el cuerpo legislativo que le recordó los fuertes cuestionamientos de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), por el desmanejo que originó la histórica Carpa Blanca contra la Ley Federal de Educación y la ley de financiamiento educativo, que persistió durante 1003 días (sin que la funcionaria jamás recibiera a representantes del sindicato), lo que de alguna manera contribuyó a la legitimación del triunfo de la Alianza, que hizo un circo permanente de campaña en la Carpa y el posterior descalabro social en que dejaron el país, con 36 muertos en las calles.
Por su parte, el histórico parlamentario cordobés Roggero inició su carrera en el equipo de José Manuel de la Sota, pero hace ya varios años que no ejerce cargo público alguno y hoy hasta carece del apoyo de su mentor de entonces, lo cual condiciona el voto favorable a su nominación por parte del Frente Renovador. Tampoco cosecha adhesiones en Cambiemos ni en la centroizquierda por las sospechas de corrupción, suyas y de quién fuera su mano derecha, Norberto Aimé, duramente cuestionado por enriquecimiento ilícito. La justicia determinó luego que no había irregularidades en la acumulación de un patrimonio de casi 80 millones de dólares desde que accedió a la función pública, dejando dudas acerca de la cerrada defensa que el cordobés hizo de la ley de patentes y los supuestos sobornos que laboratorios argentinos habrían pagado para la sanción.
Así las cosas y con Polino sin margen para ser considerado por su baja legitimación en votos, el peronismo volvió a barajar con el fin de que el tema tenga un final rápido y favorable. La nueva carta que mantienen bajo siete llaves los operadores del peronismo–pero a la que Noticias Urbanas logró acceder con fuentes inobjetables- es la inminente postulación de Remo Carlotto, peronista e hijo de la líder de Abuelas, Estela de Carlotto, quien fuera ombudsman de la provincia de Buenos Aires, y quién ha realizado una convocatoria federal desde su banca de diputado -que vence en este año- para lograr esta nominación.
El radicalismo (en acuerdo) y la Coalición Cívica no se pronunció pero podrían acompañar esta postura dada la idoneidad del legislador, mientras que en el Gobierno entienden que sería un gesto-entre tantos desaciertos- para los organismos de Derechos Humanos, estructura de la cuál fuera secretario provincial Carlotto entre el 2003 y el 2005 en la primera etapa de Néstor Kirchner.
