Desde el último fin de semana las autoridades nacionales, del gobierno de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires decidieron reforzar la seguridad de la Casa Rosada, de los principales ministerios, sobre todo los de Seguridad, y de las Unidades Penitenciarias Bonaerenses. También se envió una “recomendación” de “extremar medidas de prevención para el personal” policial, a quien se le aconsejó que no viaje en trasporte público uniformado. La idea es no “generar alarma” entre la población, por eso las disposiciones –menos en el Servicio Penitenciario Bonaerense– no se realizaron por escrito.
Las medidas se tomaron después de la bomba molotov arrojada contra el Senado bonaerense el jueves durante una marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado, y el “atentado” –según las palabras del ministro de Seguridad Cristian Ritondo– perpetrado en el estacionamiento externo de la sede de su cartera ese mismo día, tres horas más tarde, que derivó en el incendio de dos autos y quemaduras leves en la cara y las manos de un efectivo que evitó que estallaran otros dos bidones de combustible, la semana pasada.
Por ese hecho, Asuntos Internos investiga la posible participación de un “Teniente Primero de la Patrulla de Tigre”. Esto ocurre por una denuncia anónima que llegó al ministerio provincial realizada por otro policía el viernes 25.
Según sus dichos, este policía es compañero del oficial señalado “que está en contra de la gestión de la gobernadora Vidal y de sus políticas de seguridad”, y lo habría escuchado hablar sobre las bombas caseras que haría estallar “en el baño el jueves 24 mientras hablaba por teléfono el miércoles 23”.
Guillermo Berra, el auditor general de Asuntos Internos, ya derivó el legajo del oficial señalado y la denuncia a la UFI 1 de La Plata, a cargo de Ana Medina, que investiga los incidentes, pero hasta ahora no se tomaron medidas.
“Los dichos del policía pueden ser ciertos o puede tratarse de una interna policial, como suele ocurrir. Si fuese por mí ya estaría allanando su casa, pero no tengo esa potestad. Eso lo debe decidir la fiscalía”, le dijo a Infobae el abogado Berra.
Después del ataque al ministerio de Seguridad, Ritondo decidió desplazar al jefe de inteligencia criminal de la policía Bonaerense, el comisario general Héctor Valentín Puente. En su lugar quedó, al menos por ahora, el comisario mayor Víctor Carro, quien iba a pasar a retiro, junto al mismo Puente, a fin de mes. Pero los acontecimientos aceleraron la partida de uno y la demora de su segundo.
El domingo pasado, tanto la Policía Federal como de la Ciudad reforzaron los operativos de las brigadas en la ciudad de Buenos Aires “para sumar prevención”, según reconoció ante Infobae uno de los responsables de llevar a cabo el refuerzo de patrullajes que se centraron en los puntos neurálgicos del microcentro porteño, las principales avenidas, como Santa Fe, Corrientes, Rivadavia, 9 de Julio –solo por nombrar algunas– los alrededores de Plaza de Mayo, Casa de Gobierno, Banco Nación, la Casa de la Provincia de Buenos Aires y de Chubut, y las estaciones de subte y los andenes del Ferrocarril Sarmiento.