Todo comenzó el 1° de febrero de 2013, con una denuncia presentada por la legisladora porteña Graciela Ocaña contra el presidente de Aerolíneas Argentinas y líder de La Cámpora, Mariano Recalde. Ocaña le cuestionaba que cobrara más de un salario por cumplir más de una función, ya que Recalde era el presidente de Aerolíneas, de Austral y de las empresas controladas Optar S.A., Jet Paq S.A. y Aerohandling S.A., pero la acusación no se detenía allí, porque la acusación de la legisladora era multipropósito, ya que solicitaba, entre otros temas, que se investigara si existía de parte del dirigente político y aerocomercial, una instancia de enriquecimiento patrimonial, si era propietario de un inmueble en la avenida Álvarez Thomas.
Además, la diputada que recibió un apodo compatible con la identidad de los formícidos himenópteros, solicitaba que se investigara la existencia de una propiedad en Chacabuco y también un crecimiento patrimonial “extraordinario”.
En esto el juez a cargo de la investigación, Daniel Rafecas, investigó a Recalde solicitando, entre otras medidas, que se levantara el secreto bancario que protegía sus cuentas, tras lo cual éstas fueron peritadas. Además Recalde se presentó con un escrito ante el juzgado en el que expuso sobre sus ingresos y sus actividades, que incluían, además de su actividad en la empresa aérea, su desempeño en el estudio jurídico que comparte con su padre y su actividad como profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Con respecto a la propiedad en Chacabuco, Recalde informó que pertenecía a su mujer y madre de sus dos hijas desde antes que se conocieran. La propiedad le fue donada a María Cecilia Angelo en 2002 por sus abuelos y fue vendida a Molino Chacabuco S.A. en 2014, por lo que el expresidente de Aerolíneas respondió que desconocía la obligación de incluirla en su declaración de bienes.
Tmbién propuso Ocaña otros cuestionamientos a la existencia de movimientos contables y supuestas inconsistencias en las declaraciones jurdas presentadas por Recalde a lo largo de sus años como directivo de las empresas aéreas del Estado, que fueron desechadas por el perito contador de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Roccatagliata, que dictaminó que no existieron inconsistencias entre las declaraciones salariales y el incremento patrimonial de Recalde.
Pero la frutilla del postre fue la acusación de la legisladora a la que Lilita Carrió apodó “La Hormiguita”, de que Recalde era el propietario de un departamento situado en Álvarez Thomas 3030, que en realidad le había sido adjudicado a su nombre en la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos, pero fue por un error en la carga de datos. El propio subdirector General de Recaudación de la Dirección General de Rentas, Alejandro Rodríguez, que explicó el motivo por el cual se cargó erróneamente el dato que involucraba a Recalde. Los números de Partida Inmobiliaria del inmueble de Álvarez Thomas y de otro que sí es propiedad de Recalde son casi iguales y allí situó Rodríguez el origen de la confusión que aquejó a la legisladora de Confianza Pública.
En resumen, en el dictamen que emitió el juez Daniel Rafecas, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3, éste resolvió, “sobreseer a Mariano Recalde, de las demás condiciones personales consignadas en autos, por los hechos identificados en los apartados II y III de la presente resolución, haciendo la expresa mención que la formación del presente, no afecta en nada el buen nombre y honor del que gozare (cfr. art. 336, inciso 2° del C.P.P.N.)”.
