El ministerio de Gobierno que conduce Bruno Screnci a través de la Subsecretaría de Reforma Política presentó su agenda de mesas de diálogo para la reforma política-electoral y de la ley de acceso a la información de la Ciudad.
Respecto del primero, el objetivo es construir bienes públicos institucionales. Esto significa, bienes que benefician a todos por igual, pero que también requieren de esfuerzo colectivo. El esfuerzo colectivo consiste en la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil, universidades y centros de investigación y representantes de todos los poderes de la Ciudad. Esta comunidad tendrá la posibilidad de construir y consensos y de delimitar disensos sobre dos áreas clave de la convivencia democrática. Se realizarán mesas de diálogo temáticas destinadas a alimentar futuros debates de políticas públicas y conversaciones con la Legislatura.
A propósito de la ley de acceso a la información, se considera que contar con adecuado acceso a la información pública es una señal clave de que el gobierno considera el diálogo informado con los ciudadanos una herramienta central de política pública. Por una parte, es necesario actualizar la norma de acceso a la información. Buenos Aires fue pionera en este área, ya que cuenta con una ley de acceso a la información pública desde 1998. Sin embargo, en los últimos 18 años han existido avances en la materia, tanto del punto de vista tecnológico como desde su consideración como derecho humano por la jurisprudencia nacional e internacional. Datos abiertos, transparencia activa, son algunos de los conceptos que la ley debe contemplar para estar a la altura de estándares internacionales.
Por otra parte, es necesario consolidar un sistema institucional para las elecciones de la Ciudad. Definiciones claras de roles y funciones de autoridades electorales, mecanismos de transparencia en tiempo real del financiamiento de las campañas, debate electoral, institucionalización de la incorporación de tecnologías son algunos de los temas estratégicos para contar con una institucionalidad electoral adecuada. Una competencia electoral con instituciones sólidas, que garanticen la transparencia y la equidad en la competencia fortalecerán el sentido de pertenencia común de las distintas expresiones políticas y de los vecinos en general.