“Pretenden instalar mecanismos de control social en manos de la policía”

“Pretenden instalar mecanismos de control social en manos de la policía”

El Defensor Adjunto de la Ciudad, Luis Duacastella se refirió a la reforma del Código Contravencional porteño.


El Defensor Adjunto de la Ciudad, Luis Duacastella, advirtió que con la reforma del Código Contravencional porteño, “se pretende instalar mecanismos autónomos de control social en manos de la policía” y destacó que “llevará a la criminalización de colectivos y comunidades en situación de clara vulnerabilidad”. 

Asimismo, hizo hincapié en que se incorporan el arresto en figuras que ya existen (como el acoso sexual callejero o el caso de los cuidacoches) y en nuevos tipos contravencionales (como limpiar vidrios o fijar carteles en la vía pública), y manifestó su inquietud en aquellos casos en los que acción sancionada es un medio de vida. “Esto permitiría la detención de, prácticamente, cualquier acción realizada en el espacio público”, aseguró.

Por otra parte, y en relación con el agravamiento de algunas figuras contravencionales, Duacastella señaló que “preocupa el uso inadecuado de la perspectiva de género, toda vez que el nuevo régimen contravencional mantiene el enfoque binario de su predecesor, ignorando la diversidad reconocida por la ley de identidad de género y los estándares jurídicos que surgen del derecho internacional de los derechos humanos”.

Con respecto a los cambios en el artículo 18 de la ley, que habilitará la denuncia anónima, el Defensor Adjunto sostuvo que “parece estar destinada a brindar mayor margen a la policía para iniciar procedimientos contravencionales” y recordó que si lo que se pretende es resguardar la identidad de una víctima, hay otros mecanismos para ello.

“En definitiva, vemos que la reforma avanza en un solo sentido: criminalizar las actividades de subsistencia en el espacio público a través del agravamiento de penas”, analizó Duacastella. Y concluyó: “Paradójicamente, en un contexto de aumento de la pobreza, se pretende combatir y castigar a un tercio de la población económicamente activa ocupada en trabajo informal que el Gobierno, lejos de ofrecer respuestas a sus demandas, se ocupó de incrementar”.

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