La semana pasada, el presidente de la Comisión de Justicia, Daniel Presti, tuvo un rol destacado en las modificaciones al artículo 35 del proyecto de reforma al Código Contravencional que envió el Poder Ejecutivo porteño a la Legislatura y que regula la actividad artística en la vía pública y en los espacios culturales. Con estas modificaciones se escuchó la voz de los artistas callejeros.
“Escuchamos las preocupaciones de los distintos artistas callejeros y de los centros culturales y nos pusimos a trabajar en una solución, destacando además que nunca contuvo la intención el proyecto en su origen, en su naturaleza y en su elevación a la Legislatura, de perjudicarlos de manera alguna”, dijo Presti.
El legislador del Pro preside la comisión en la que se están debatiendo tres iniciativas que el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, considera fundamentales y que espera sean aprobadas este año.
Presti dialogó con Noticias Urbanas acerca del Código Contravencional, del Código Procesal Penal y del Código Procesal Contravencional, los tres proyectos enviados por el Ejecutivo porteño, sin dejar de lado el debate legislativo y las negociaciones con la oposición.
–Usted preside una de las comisiones más importantes de la Legislatura porteña, con varios de los proyectos que ha enviado el Ejecutivo, que necesariamente deben ser aprobados este año. Uno es el Código Procesal Penal, ¿en qué situación se encuentra actualmente?
–Es un proyecto elevado a la Legislatura por el jefe de Gobierno y está en el inicio de su tratamiento parlamentario. Hemos hecho una reunión de legisladores presentando el tema y ahora empiezan a trabajar los asesores. La idea es trabajarlo y conseguir los consensos necesarios para sacar una buena reforma. El objetivo es la oralidad, la transparencia e igualdad y la rapidez, todos principios procesales que hacen al justiciable y que, como novedad, tiene presente a la víctima. Creemos que darles esa certeza, tanto en los tiempos procesales como en la oralidad y en las audiencias, va a hacer a un sistema acusatorio como tiene hoy el Código Procesal Penal de la Ciudad, ratificándolo y dándole mayor celeridad y oralidad, lo cual será muy beneficioso para el acceso a la Justicia, en miras de la transferencia, que es un proceso que va sumando cada vez más delitos y lo vamos a seguir trabajando para lograr la transferencia plena en materia penal y en todas las otras materias.
–¿Esto va de la mano con lo que usted trabajó desde la comisión, en relación al traspaso de los delitos penales a la Ciudad?
–Sí, va de la mano con eso. En un par de meses va a entrar en vigor la transferencia de la Ley 23.737 de drogas, en la que los fiscales también van a actuar en esa materia, así que va todo unido con base en un solo objetivo, que es acercar la Justicia a la sociedad, por una demanda de la propia sociedad. Esperamos que la Justicia de la Ciudad esté a la altura de esto para dar una respuesta a la demanda de dar castigo si corresponde o de ejecutar sanción punitiva a los que infringen la norma.
–¿No hay aumento de penas?
–No, aumento de pena es más del código de fondo; está contenido en el Código Penal, que es facultad propia del Congreso. Sí lo que podemos trabajar nosotros es en el código de forma, en el tipo de procedimiento que se va a llevar a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, en los juzgados porteños con la Justicia local vinculados con los delitos transferibles.
–Como presidente de la comisión, ¿cómo ve el debate hacia dentro?
–Recién arranca el tema parlamentario, como decía, vinculado con los asesores. Vamos a invitar a gente del Ejecutivo, no solamente se va a hablar con los asesores, sino también con los legisladores de la comisión. Tengo en la cabeza invitar a las asociaciones de magistrados de la Ciudad, al Ministerio Público en sus tres ramas para conocer su opinión sobre el proyecto del Código Procesal Penal y, en definitiva, a los actores del sistema, los magistrados. Yo insisto, con la rapidez que tiene que tener un código procesal, con la transparencia, con acortar las puertas giratorias, como bien dijo Felipe Miguel.
–¿Hay tiempo estipulado para el tratamiento, según el ritmo de trabajo que viene llevando la comisión?
–No, no hay tiempo específico ni cronograma. Simplemente la norma tiene que seguir discutiéndose, tenemos que ser receptivos sobre cómo mejorar el proyecto elevado por el Ejecutivo a la Legislatura. Y una vez que esté en esas condiciones, va a llegar al recinto.
–En cuanto al Código Contravencional, ¿cómo se encuentra el debate en la comisión?
–Hay dos aspectos. Uno, presentado por los legisladores de la oposición y firmado por mí como autor, que es la actualización de los montos de las multas. Hoy están muy desfasados, pero estamos dispuestos al debate. Queremos transformarlo en unidades fijas, dividiéndolo por el medio litro de nafta o súper y de esa manera va a quedar actualizado este tema. Pensemos que hoy hay multas de 200 pesos por un hostigamiento o maltrato. En cuanto a la alcoholemia y el estacionamiento indebido, con la diferencia que hay entre ambas, en la que una es una falta y la otra es una contravención. Lo razonable es que el mínimo de la alcoholemia sea igual o superior a la infracción de tránsito. La propuesta nuestra para el máximo de la alcoholemia es de ocho mil y pico de pesos. Por otro lado, al proyecto elevado por el Ejecutivo (que incluye la perspectiva de género, quiero hacer hincapié en esto) se proponen algunas modificaciones. Nosotros trabajamos profundamente en las políticas de género y en lo que hoy no se ve, es decir, en muchas conductas diarias con las que la mujer se ve agraviada. Por ejemplo, si en una esquina hay una mujer estacionada o detenida y viene alguna persona que intempestivamente trata de limpiar algún vidrio, la mujer se siente agraviada, se siente dañada. Queremos trabajar para dar el debate vinculado con diferentes artículos del Código Contravencional enfocado desde esa perspectiva, con lo que, si se da esta circunstancia, la pena será el doble.
–¿Y el tema de los cuidacoches?
–Este tema es similar, lo mismo ocurre cuando una mujer estaciona o cuando alguna persona la intimida y, por la condición de mujer, esta se siente agraviada porque se le pide plata para estacionar en el espacio público. Este proyecto del Ejecutivo pretende terminar con la extorsión de la exigencia del pago. A esto se suma otro cambio que también estamos impulsando en el código de forma del Código Contravencional, que es la denuncia anónima. Porque muchas personas tienen miedo de involucrarse porque piensan que puede haber alguna venganza o los denunciados pueden saber dónde viven y qué hacen. O, incluso, porque no tienen tiempo o ganas de ir a juzgado a declarar testimonialmente. Por eso, una de las propuestas que también ha elevado el Ejecutivo es modificar el Código Procesal Contravencional, dando la posibilidad de formular denuncias anónimas. Todo esto va unido y concatenado. Incluso hay proyectos impulsados por los legisladores del oficialismo, así que tenemos un lindo semestre para trabajar y debatir al respecto.
–¿Qué otros temas podrían ser claves en este segundo semestre?
–Fundamentalmente, vamos a seguir trabajando en el tema de las transferencias y exigiendo la transferencia de todo el Poder Judicial. Mi posición particular es que debe haber una transferencia de competencias, con la estructura, con los jueces, con los edificios y con los empleados. Y una transferencia plena, no solamente de la Justicia penal, sino también de la laboral. Un senador o magistrado nacional no tiene por qué estar resolviendo conflictos de alguien de la Ciudad. Seguiremos reclamando la autonomía plena en materia judicial, reclamando las transferencias de competencias, exigiéndole al Congreso también que sancione y ponga en tratamiento los cuatro convenios, ya ratificados por la Legislatura, que firmó el jefe de Gobierno ya hace un par de años. Y, fundamentalmente, esto: el Código Contravencional, el Código Procesal Penal, el Código Procesal Contravencional. Posiblemente haya también alguna cuestión relacionada con la Ley 451, y algún que otro tema más.
