Sin mucho margen de maniobra, el Gobierno resolvió habilitar el debate parlamentario para que sea tratada este jueves la Ley de Emergencia Social (el proyecto finalmente fue aprobado), que llega al Congreso de la Nación en un proyecto unificado y que propone aumentos en la asistencia alimentaria para atender las secuelas de una crisis económica que sigue profundizando el hambre y la pobreza en la Argentina.
Ante el arribo del proyecto de la oposición, a Mauricio Macri no le quedó otra que ceder al cálculo político y ordenar al bloque de Cambiemos que diera el quórum para tratarlo, pese que hasta hace unos días algunos integrantes de su mesa política sugerían trabarlo en comisión, una idea que no prosperó por las recomendaciones del ala política.
“La Emergencia Alimentaria está desde el 2002 y hay herramientas suficientes para atender todas las cosas. Carolina Stanley está siempre ayudando a aquellos que tienen la obligación primaria, que son los gobernadores. Estamos siempre para asistirlos. Si quieren cambiar o ampliar el proyecto estaremos disponibles”, argumentó el mandatario desde Santa Fe, blanqueando una estrategia que se terminaba de definir por la noche del martes.
Involucrar a los gobernadores, que ya tienen un frente abierto con el Poder Ejecutivo por la coparticipación que dejaron de recibir por la quita del IVA, por el que reclamaron en la Corte Suprema de Justicia, aparece en boca del Presidente y en la cabeza de algunos negociadores en el Congreso para empantanar la discusión posterior en el Senado, donde los gobernadores tienen influencia directa.
Así embarran la cancha, argumentando que del lado opositor se usa “el hambre para hacer política”. Ese mismo martes tan convulsionado, de negociaciones fracasadas con los movimientos sociales, incluyó entradas y salidas de los ministros Dante Sica y Carolina Stanley, los negociadores oficiales con los sindicatos y los movimientos sociales, y también del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza y la gobernadora María Eugenia Vidal.
Cuando le preguntaron por la campaña electoral, Macri aclaró que la “prioridad” es “estabilizar la economía” y “llevar tranquilidad” a los argentinos y dijo que para la “campaña tendremos tiempo en unas semanas”, aunque inmediatamente, casi tentado, habló sobre todo lo que está en juego en octubre. Más contradicciones de un fin de ciclo que nadie dentro del oficialismo se anima a reconocer en voz alta y mucho menos asumir con dignidad.
La posición de la Casa Rosada, resumida en cinco puntos, es la siguiente: la primera es apuntar contra la oposición por “hacer política con un tema sensible”; la segunda es que el Gobierno de Cambiemos es el que “más gasto social” hizo en la historia; en tercer lugar, aseguran que ya han sido reasignadas partidas suficientes para hacerle frente a la crisis alimentaria; la cuarta es que no trabarán un proyecto en caso de ser “serio” y el último punto es el que involucra a los gobernadores, a los que se les va a pedir “solidaridad” en este tema.
Los cinco puntos fueron discutidos con el Presidente, aunque también con Marcos Peña, quien al día siguiente bajó línea a los referentes del interbloque de Cambiemos que preside el radical Mario Negri sobre la estrategia parlamentaria.
“Para nosotros es una movida política, que se va a tener que repartir con las provincias. El punto clave es que no va a haber una estrategia para frenar el proyecto. También sabemos que al habilitar el debate y eludir el dictamen de comisión, puede tener modificaciones”, razonan desde el oficialismo en Diputados.
Además agregan que “la relación entre Alberto Fernández y los gobernadores se ha tensado. Y nosotros queremos descomprimir esta tensión social. No queremos que este tema se convierta en un tironeo muy duro y por eso es que planteamos otras medidas sobre la marcha. La mejor contribución que se puede hacer es apaciguar el clima político para no extremar tensiones. Y en eso hemos puesto un esfuerzo en estos días para que no se profundice”, aseguran cerca de Emilio Monzó, uno de los que maneja la ambulancia cada vez que la coyuntura política apremia la gobernabilidad del Presidente de la Nación.
A un mes de las PASO, el Gobierno ha logrado hasta ahora ganar un poco de tiempo: la discusión por el “reperfilamiento” de la deuda pública ha quedado postergada, al igual que la negociación con los gobernadores por los fondos coparticipables o el conflicto que atraviesan las provincias petroleras por el congelamiento en el precio del combustible, y cuya solución política ahora deberá afrontar el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, luego de que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, desistiera de seguir levantando el teléfono para acercar posiciones cuando al mismo tiempo los radicales acusaban a los gobernadores de “extorsionadores”.
Ahora, se les pide “solidaridad”. Asimismo, el Gobierno anunció que habrá un bono para los trabajadores del sector privado y encontró inmediatamente resistencia en algunos sectores empresariales.
“Confío que los industriales también le van a poner el hombro, como lo están poniendo los argentinos. Pensemos que de abril a hoy ha sido muy duro para las familias argentinas y muy difícil llegar a fin de mes”, dijo Macri desde Santa Fe.
Como sea, el Gobierno gana tiempo y posterga definiciones, mientras que su ministro estrella prepara los detalles de su viaje a Washington para destrabar el último desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras que el Presidente hará escala en Nueva York casi en simultáneo para hablar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Sostener reuniones bilaterales con Donald Trump o con Xi Jinping hasta ahora parecen sólo expresiones de deseo. Mientras, pareciera que el único interés del Presidente es llegar entero a octubre, porque es la campaña la que dicta la economía. Miguel Ángel Pichetto, su compañero de fórmula sigue en modo candidato y chicanea a CFK para impulsar un debate entre ambos y sacarla del hermetismo. Su posición cada vez le cuesta más enemigos dentro del sector más racional del oficialismo.
“Pichetto no pide permiso y algunos en Casa Rosada lo habilitan tácitamente o delegan en él y en Elisa Carrió las posiciones más duras y altisonantes. Hay algunos sectores que siguen pensando en la campaña como una estrategia de supervivencia, pero hay otra perspectiva dentro del Gobierno, que prioriza la responsabilidad institucional y esta visión debería estar por encima de cualquier campaña”, sostienen en la Casa Rosada.
