El partido Confianza Pública presentó un proyecto en la Legislatura Porteña que exige el cumplimiento de la Ley 3.588, que obliga a las inmobiliarias de la Ciudad a exhibir en sus oficinas el monto máximo de la comisión a cobrar al inquilino, que actualmente es el 4.15% del contrato de locación.
Ante la preocupación de diversas ONGs respecto de la desinformación y desregulación que rige en el mercado inmobiliario actual, los diputados Graciela Ocaña y Diego García de García Vilas elaboraron la propuesta en conjunto.
Ambos legisladores se refieren la resolución del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios (Cucicba) -el ente que regula la actividad del sector dentro del ámbito de la Ciudad- que autorizó a duplicar la comisión que se les cobra a los inquilinos, por fuera de los marcos legales, en febrero último.
Por este motivo, el pedido de informes apunta a recabar datos sobre los controles y sanciones realizados por el Ejecutivo porteño a las inmobiliarias que incumplan la Ley 3.588. Esta norma las obliga a exhibir (en forma visible y destacada) en sus locales o sitios web su derecho a “percibir honorarios por la actividad realizada y comisiones de su comitente, según la retribución que libremente pacten y, de quien resulte co contratante, la que se establezca por la ley”.
También establece que “el monto máximo de la comisión a cobrar al inquilino, será el equivalente al 4,15% del valor total del contrato”.
El interés en que se cumpla esta normativa tiene que ver también con el déficit de acceso a la propiedad de la vivienda en CABA, que se manifiesta en un aumento de la cantidad de vecinos que se ven obligados a alquilar.
A esto se suma a la problemática el aumento de los valores de locación: un informe elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad afirma que, entre octubre de 2014 y el mismo mes de 2015, hubo un incremento del 31% del valor, que fue absorbido por el ingreso de inquilinos.
