Por séptima vez, presentan el proyecto de legalización del aborto

Por séptima vez, presentan el proyecto de legalización del aborto

El debate en comisión durara al menos 2 meses y ya hay 71 firmas a favor en diputados.


Si se aprobara el proyecto de Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE), que este martes volverá a presentarse, por séptima vez, en la Cámara de Diputados, cualquier persona con capacidad gestante tendrá derecho a abortar en un  hospital público o una clínica privada –con los gastos cubiertos por las obras sociales y las prepagas– en las primeras 14 semanas de gestación, sin tener que dar ninguna explicación –como ocurre en la mayoría de los países desarrollados, entre ellos España– y, más allá de ese plazo, en casos de violación, si estuviera en riesgo la vida o la salud (física, psíquica o social de la mujer) –como ya está en la ley– o si existieran malformaciones fetales graves.

La propuesta, elaborada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, llega con el apoyo de 71 diputadas y diputados de un amplio arco político, el número de firmantes más alto desde que se presentó por primera vez en 2008. Aquella vez tuvo 22 firmas. En 2014, llegó a tener 70 pero se juntaron a lo largo de varios meses. Ahora, en pocos días. En 2016, ingresó con 34 firmas.

Un sondeo de la Campaña marca a grandes rasgos un contexto muy favorable para iniciar el tratamiento:

Un 30 por ciento de diputados y diputadas a favor de despenalización y legalización del aborto, otro 30 por ciento, en contra, y un 40 por ciento sin definir, que se dividirían por mitades, entre indecisos y quienes aún no dieron a conocer su postura.

La mayoría de los firmantes pertenece al FpV; hay 14 de la UCR, 5 del PRO (cuatro varones y una mujer), tres de la fuerza que lidera Martín Lousteau –él mismo firmó–; otros tres del Frente de Izquierda. Las bancadas más reticentes, por el momento, son las del Justicialismo –apenas 1 sola diputada– y la que responde a Sergio Massa –solo dos firmas–.

La propuesta legislativa establece que si la IVE debe practicarse a una adolescente, entre los 13 y 16 años de edad, “se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento”. Si es menor de 13 años, “se requerirá su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal”. En todos los casos, serán “de aplicación la Convención de los Derechos del Niño, la ley 26.061 y los artículos pertinentes del Código Civil y Comercial de la Nación, en especial en lo que hace a su interés superior y el derecho a ser oído”.

Fija, además, que no se exigirá autorización judicial y los procedimientos de IVE deberán ser cubiertos integralmente por prepagas y obras sociales –e incorporadas como prestaciones médicas básicas obligatorias– y realizarse en el sistema de salud, dentro de los 5 días de solicitados.

En 2016 se incorporó a las personas trans con capacidad de gestar y se amplió de 12 a 14 semanas el plazo para garantizar el derecho a la IVE, en línea con legislaciones de países europeos como España. El artículo primero define: “En ejercicio del derecho humano a la salud, toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional”.

El artículo 9 se refiere a la IVE en casos de personas con “capacidad restringida”. Dice que “si la restricción no tuviere relación con el ejercicio de los derechos que otorga la presente ley podrá prestar su consentimiento informado requiriendo si lo deseare la asistencia del sistema de apoyos previsto en el artículos 32 Código Civil y Comercial de la Nación. Si se tratare de una persona declarada incapaz judicialmente deberá prestar su consentimiento con la asistencia de su representante legal o a falta o ausencia de este, la de un allegado en los términos art. 59 Código Civil y Comercial de la Nación”.

Qué se dice del tema...