El juez federal en lo Penal y Económico, Diego Amarante, sobreseyó a Mauricio Macri en una investigación iniciada tras la difusión de los Panama Papers. El magistrado descartó una presunta evasión impositiva vinculada a las sociedades offshore Fleg Trading, radicada en Bahamas, y la panameña Kagemusha. La decisión la tomó el magistrado el 6 de agosto, antes de las PASO, pero recién trascendió este jueves.
El juez determinó que “las empresas no habían tenido ganancias, ni en el país ni en el exterior, ni los directores – por Mauricio, sus hermanos Mariano y Gianfranco, y su padre ya fallecido Franco Macri- cobraron honorarios”.
Asimismo se estableció que “no realizaron ninguna actividad en el país ni siquiera en forma aislada, descartándose que pudieran resultar sujetos obligados tributarios” y que tampoco se hayan distribuido dividendos. Destacó asimismo que se dejó de pagar la tasa para mantenerlas activas en Bahamas y Panamá.
Si bien se corroboró que Fleg Trading fue accionista de la firma Owners Do Brasil, en ese país, “se descartó, por un lado, que a través de su estructura jurídica se haya llevado adelante la prueba piloto de Pago Fácil en Brasil y por otro, que haya tenido actividad que permitiera distribuir honorarios con posterioridad al año 2007, fecha en que la sociedad quedó inoperativa por falta de pago de la tasa de mantenimiento”.
En relación a la otra parte del expediente vinculada a los hermanos del Presidente Gianfranco y Mariano, investigados por la presunta evasión fiscal debido a la omisión de declarar fondos en una cuenta en Suiza a nombre de la sociedad offshore BF Corporation SA, Amarante resolvió rechazar el pedido de sobreseimiento realizado por la defensa.
La fiscal Gabriela Ruiz Morales, subrogante de la Fiscalía en lo Penal Económico Nº 6, había solicitado a su vez el sobreseimiento de los hermanos del Presidente antes de la feria judicial de julio, junto con el de Mauricio Macri, con el argumento de que se habían acogido al último blanqueo.
Sin embargo, el magistrado no resolvió ese pedido a favor de los hermanos de mandatario en agosto, cuando determinó el cierre de la causa contra el Presidente, ya que decidió profundizar la investigación.
El miércoles, ante un pedido de la defensa de Gianfranco de sobreseimiento por “falta de acción”, al considerar que es la Fiscalía la que debía impulsar la causa y había pedido el cierre de la causa, Amarante lo rechazó el cierre por prematuro.
El magistrado consideró que aún debe determinar si le corresponden o no los beneficios de la ley de blanqueo, que por ejemplo, exige que no hayan quedado bienes sin declarar. Asimismo, evaluará la vinculación de Gianfranco Macri con la causa de los cuadernos de las coimas.
La investigación se inició en abril de 2016 a partir de las revelaciones de la investigación global de los Panama Papers, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que derivaron en una denuncia penal del diputado kirchnerista Darío Martínez. La investigación le atribuía a Mauricio Macri haber omitido declarar su participación Fleg Trading y Kagemusha. Adicionalmente, se sospechaba que las referidas sociedades podrían haber sido utilizadas para ocultar maniobras de lavado de dinero u otros activos y que podrían haber cometido algún delito de orden penal tributario.
El fiscal Federico Delgado impulsó la investigación por haber omitido Macri declarar su participación en esas firmas offshore, con la hipótesis de que podrían haber sido utilizadas para el presunto lavado de dinero o un delito tributario.
Un año más tarde, el expediente recayó en el Juzgado de Amarante, quien delegó la investigación en la Fiscalía en lo Penal Económico Nº 6, subrogada por Gabriela Ruiz Morales. Fue luego de que el juez federal Casanello descartara, en abril de 2017, la hipótesis de lavado de activos, y enviara una parte del expediente al fuero Penal Económico para que investigue si hubo evasión impositiva. La otra parte fue al Juzgado Criminal Nro. 20, del fuero ordinario, para determinar si Macri había incurrido en omisión maliciosa en sus declaraciones juradas. La decisión de Casanello fue luego ratificada por la Cámara Federal.
