La Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad hizo lugar este lunes a una medida cautelar y ordenó al Gobierno porteño a realizar de manera urgente medidas dirigidas a erradicar la presencia y prevenir la proliferación de roedores en la Escuela de Danzas “Aída Mastrazzi”, en un plazo de cinco días.
La decisión fue tomada por el titular del juzgado Nº 13 en lo CAyT de la Ciudad, Guillermo Scheibler e impulsada por un grupo de padres de alumnos del establecimiento, dependiente del Ministerio de Educación de Gobierno porteño. Asimismo, la institución se encontraba denunciando estas situaciones desde el año 2015 porque afectan el derecho a la educación y a la salud de los alumnos que asisten allí.
Por su parte, la comunidad educativa presentó una acción de amparo en la que detalló la formulación de una serie de reclamos, algunos referidos a cuestiones edilicias, otros en relación a la seguridad de las inmediaciones del colegio y por último advirtieron que “persiste la presencia de roedores en el establecimiento”. También relataron que “hubo algunas suspensiones de clases dispuestas a pedido de los padres pero dicha medida se revirtió desde el 17 de agosto de este año, fecha en la que se decidió retomar las actividades” y reclamaron porque entienden, que previo a ello “se debió haber efectuado un estudio y/o inspección a fin de determinar si el colegio representa o no un ambiente sano para el alumnado”.
En el caso del Ministerio de Educación de la Ciudad, las autoridades se opusieron al dictado de la medida cautelar solicitada y destacaron que “no se encuentra comprometida ni la seguridad ni la salubridad de los alumnos que concurren a dicha institución”. En la misma línea informaron que “no se habían detectado la presencia de roedores en los últimos días y que además de la desratización, desinsectación y desinfección mensual (realizada el 3 de agosto), se habían llevado a cabo dos refuerzos (los días 15 y 18 de agosto)”.
Con lo cual, enumeraron distintas medidas tendientes a continuar con las tareas de desinfección y desratización, la incorporación de nuevo personal a la planta de auxiliares en las cuadrillas de limpieza y la elaboración del pliego para realizar la colocación de un ascensor para el ciclo lectivo 2018.
A su turno, el juez Scheibler libró un oficio a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para que analice las muestras colectadas en el marco de reconocimiento judicial y constató que el 17 de agosto, “asistieron las doctoras del Área Programática de Salud del Hospital Argerich, quienes respondieron las preguntas de la comunidad educativa e informaron que en caso de presencia de materia fecal, se debía limpiar, desinfectar y seguir con las clases, mientras que en el supuesto de ser visto el animal circulando, por protocolo se debían suspender las clases”. A su vez, se señaló la existencia de un informe pormenorizado hecho por personal del Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur”.
De esta manera, el magistrado concluyó que “no se encontraría discutido que haya habido roedores y sus excrementos ni que no se hayan adoptado ciertas medidas, lo que resulta necesario determinar en este estado de las actuaciones es si esas medidas han lorado mitigar esas circunstancias y sobre todo si están dadas las condiciones de seguridad y salubridad tanto para el alumnado, como para el personal docente y no docente, para que desarrollen sus respectivas actividades en dicha institución”.
Por último, afirmó que tras lo observado en el reconocimiento judicial practicado, cuya realización fue dispuesta y notificada con varios días de anticipación que “efectivamente ha existido una respuesta de la Administración frente a la situación planteada, sin embargo ésta dista de estar a la altura de la situación que se pretende conjurar”.
La información fue dada a conocer por Ijudicial.