El viernes por la tarde, el Gobierno de la Ciudad envió a la Legislatura un proyecto de ley para enajenar el predio donde funciona el Buenos Aires Design, en el barrio de Recoleta, y licitarlo por un lapso de 70 años. Se trata de una figura que aún no se ha utilizado en el ámbito de la Ciudad y que está prevista en el nuevo Código Civil: “derecho real de superficie”. Supone que una empresa puede usufructuar el sitio durante todo este tiempo, pero la Ciudad sigue siendo dueña del predio.
En el proyecto de ley se especifica que el plazo máximo que establece el nuevo Código Civil para esta figura es de 70 años; sin embargo, desde el Ejecutivo entienden que el proyecto podría salir con una cantidad de años inferior. “Es probable que en el ámbito legislativo haya un debate en torno a este tema en concreto”, explicaron. Se trata de una ley que debe ser tratada en el recinto dos veces: dos lecturas, con audiencia pública. Y en ambas necesita 40 votos a favor, con lo cual necesitará de alianzas con la oposición para aprobarlo.
El proyecto de ley enviado a la Legislatura es para brindar nuevas condiciones al futuro contrato. El más importante es que los ingresos por el canon mensual, que se calculará cuando finalice el tratamiento de la norma, se otorgarán al Instituto de la Vivienda (IVC) para destinarlos a viviendas sociales. En la actualidad los $400.000 mensuales que paga IRSA, la empresa concesionaria, van al tesoro del Estado y se utilizan en diferentes fines.
Con estos fondos el IVC podrá fortalecer las políticas de urbanización que está realizando en varias villas de la ciudad, donde se están construyendo nuevos complejos habitacionales para relocalizar a los vecinos con mayores necesidades. La villa 20, Rodrigo Bueno y Playón de Chacarita son algunos de los ejemplos.
Actualmente el predio se encuentra concesionado a IRSA, donde opera el Buenos Aires Design. El 18 de noviembre deberían entregar el lugar, ya que es el día en que termina el contrato. El shopping de diseño, construcción y decoración, funciona desde 1993. Lo desarrolló Pérez Companc y en 1997 IRSA le compró los activos de real estate y se quedó con él. Paga a la Ciudad un canon de $400.000 mensuales.
Si se aprobara la ley, luego el Banco Ciudad sería el encargado de tasarla. Recién ahí podría determinarse cuanto pagaría el privado por explotar el lugar por 70 años o la cantidad de tiempo que quede dicho en la ley.