“Las transferencia de competencias judiciales de Nación a Ciudad es una deuda que tenemos todos los porteños y que aún reclamamos”, comenzó Horacio Corti, defensor General porteño, al tiempo que se armaba de paciencia: “El nuevo gobierno anunció, de la mano de Germán Garavano (ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación), el proyecto de ley que habilitaría la transferencia de fueros judiciales, pero tiene un plazo de siete años para consumarse”.
El juez, camarista, expresidente del Consejo de la Magistratura y profesor se consumó como cabeza del Ministerio Público de la Defensa porteña en marzo del 2014, desde cuando procuró hacer de su gestión un “cambio cultural” que provea la garantía de sus derechos a cada vez más ciudadanos porteños. Por eso, hoy vela por esta trasferencia de competencias que le brindaría a la Defensoría “más cercanía con el pueblo”.
“Es muy importante que los porteños, como cualquier habitante de otra provincia, tengan su propia justicia local”, argumentando que la Ciudad ya posee los elementos necesarios para dicha acción, en referencia al Consejo de la Magistratura, Legislatura y Justicia porteña.
Esto significaría que el ciudadano capitalino “así como elije a su jefe de Gobierno y legisladores, también elija, a través de estos últimos y la Magistratura, los jueces que luego van a juzgar sus problemas”.
“Esto nos aportaría más herramientas para la defensa y el amparo, ya que al tener instituciones que sólo se ocupen del vecino de la Ciudad, la Justicia podría ser aún más rápida y efectiva”, explicó.
Pero, al respecto del intenso debate que persiste en el Poder Judicial en relación a esta temática, Corti salió del discurso formal para aclarar que “no hay que confundir política con el traspaso de los fueros judiciales”.
“No digo que no haya intereses de por medio”, confesó Corti, “pero por ejemplo, en el ámbito laboral, ahora hay mucha discusión porque hay quienes opinan que traspasar la justicia laboral a la Ciudad implicaría convalidar una legislación de flexibilización laboral, algo que en los últimos años se pudo revertir por el retroceso en esta materia que hubo en los ‘90”. Acto seguido, advirtió: “Yo no creo que la sociedad argentina pueda hoy aceptar medidas regresivas con respecto al derecho del trabajo. Pero el traspaso no implica que todo lo logrado se pierda. Creo que es una oportunidad para mejorar la justicia laboral en la ciudad”.
Y, finalmente, embistió contra “el Pro” al mencionar que “su política incluye en esta receta la flexibilización laboral, pero eso lo harán con o sin traspaso de la Justicia”.
“Para mí es una pérdida de tiempo discutir si traspaso sí o no; hay que discutir en qué términos se traspasa y cómo repensamos la Justicia, cuáles son sus reglas procesales y cómo podemos tener una defensa pública fuerte en esos fueros”, concluyó.
Su relación con el gobierno
La perspectiva nacional y popular de Horacio Corti parece no trastabillar frente al cambio de gobierno. Hijo de Arístides Corti, un destacado jurista de izquierda, llegó a su puesto por el apoyo del peronismo y el kirchnerismo. Más no le tembló la voz en subrayar los aspectos positivos en materia de Justicia que llegaron “a partir de enero”.
“Nuestra experiencia es que hasta ahora el gobierno no daba respuestas a muchos reclamos, pero ahora hay muchos juicios de urbanización de casi todas las villas de la Ciudad y, efectivamente, en algunas situaciones eso hoy está cambiando. Es notorio el cambio del gobierno”, expuso el defensor, haciendo alusión, en principio, a la urbanización de Rodrigo Bueno.
“Uno de los casos mas manifiestos como es el de la urbanización de la villa Rodrigo Bueno. Los vecinos venían reclamando al sistema político y la respuesta era siempre negativa. El juicio tiene seis o siete años, pero hace menos de un mes ya se aprobó”, argumentó, y luego aclaró: “En este caso, no cambiaron ni los vecinos ni nosotros, sino que el cambio vino desde el gobierno”.
La comunicación, un pendiente en la agenda
La Defensoría mantiene “muchísima actividad”, y su principal preocupación en la actualidad son las usurpaciones de viviendas que se baten en distintos punto de la Ciudad. De la misma manera, asisten a “miles de ciudadanos” que posean “reclamos hacia el gobierno”.
Por tanto, tras ser cuestionado sobre el parador montado en la Plaza del Congreso por el Movimiento Popular La Dignidad, a fin de dar alojo y cuidado temporario a personas en situación de calle, o bien por su “improvisación” de servicios médicos, de bomberos y traslados (entre otros) acarreados por esta organización social con recursos propios, Corti aseguró que “ese aspecto hay que analizarlo desde dos ópticas, ya que representa dos problemáticas muy diferentes”.
“Un tema es la urbanización de las villas, barrios y asentamientos, como es el caso de Rodrigo Bueno, la Villa 31, la 21-24, 1-11-14 o los Piletones, que ya están constituidos como barrios y lo que reclaman es ser realmente integrados a la Ciudad”, comenzó.
En tanto, la otra problemática refiere a la gente en situación de calle. “Esas son personas que nosotros desde la defensa pública asistimos, y si no asiste a todas es porque crecen o porque no hemos tomado contacto”. Y aseguró: “Pero en general todas las personas que viven en la calle ya nos conocen y ya saben que para acceder al ‘régimen 690’ tiene en la Defensoría alguien que le consigue subsidios, o la extensión de los mismos. Y puedo decir que tenemos una eficacia altísima”.
Por lo tanto, la conclusión de que continúen habiendo personas en situación de calle o reclamando, de manera independiente a la Defensoría, es una cuestión, a priori, comunicacional.
“Tenemos miles de casos y asistimos integralmente, así sea en problemas de salud mental, alimentación, cuestión de salud, y hacemos los reclamos administrativos o amparos en todos los aspectos. No debiera haber ninguna persona en la calle que no sea asistida por la defensa pública. Tenemos locales en toda la ciudad. No sólo ellos tienen que tener la iniciativa de acercarse, sino que nosotros nos acercamos también”, comentó.
Y, en sumatoria a este punto, apuntó: “Somos abogados, cuyos fueros en la Ciudad son dos: fuero penal y contencioso administrativo tributario. Sin embargo, la gente no valora por completo que tienen abogados gratuitos para los problemas jurídicos que se le planteen”.
Por esto mismo, Corti se propone “seguir abarcando personas o situaciones que aún no fueron abarcadas por cuestiones de comunicación o conocimiento”. “Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de que las personas sepan y entiendan qué significa que haya un Ministerio Público de la Defensa y que tienen abogados públicos gratuitos para acceder a la Justicia”, cerró el defensor.