El contexto de pandemia ha cambio los enfoques y prioridades de la justicia y, con ella, el entendimiento de las faltas contravencionales. Es que los vecinos del complejo Villanueva de Tigre organizaron, este fin de semana, una marcha “pacífica” en sus autos para protestar contra la extensión de la cuarentena y su impacto en la economía. Ante esto, la Policía Bonaerense advirtió que estaba prohibida la movilización vehicular.
El oficial a cargo del destacamento de Villa La Ñata, Tigre, dijo que está “terminantemente prohibida” la manifestación y planteó que, quienes se movilicen, se exponen a penas de prisión. Los vecinos afirman que la advertencia va contra la Constitución Nacional y que la caravana sigue en pie.
Desde el sábado por la noche, cuando el presidente Alberto Fernández anunció en conferencia de prensa una nueva prorrogación de la cuarentena, comenzó a circular un flyer entre los vecinos del complejo urbano Villanueva: “Una revolución pacífica en auto por nuestros derechos”, convocaba la imagen.
El oficial a cargo del destacamento de Villa La Ñata, Lucas Gabriel Farías, hizo llegar ayer por la noche a los administradores de los barrios una advertencia. En el escrito se menciona el decreto de necesidad y urgencia 206 que firmó el Gobierno, mediante el cual se prohíben las manifestaciones:
“Atento a lo normado en el artículo 205 del Código Penal, será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
En tanto, este lunes, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, respaldó el escrito que firmó el inspector Farías: “Hay un decreto presidencial que así lo dice. La violación de la cuarentena es motivo para iniciar una causa penal, judicial y en este caso federal. Cuando dice ‘será reprimido’ es lo que dice el Código. Obviamente no va a existir ningún tipo de represión. Aquellos que incumplan con la cuarentena van a tener que justificar cuáles son los motivos. Ese comunicado seguramente fue respaldado por la Justicia. Quien determina si existió o no un delito es el juez”.
“Después de más de 60 días encerrados decimos basta de manipulación y exigimos la reactivación del trabajo ya. Hemos aprendido cómo cuidarnos. Es nuestra responsabilidad estar sanos”, dice el flyer.
A medida que el escrito policial se distribuyó entre los barrios, pronto surgió la indignación de los vecinos, que aseguran que se les coartan derechos de libertad de expresión. Los tigrenses plantean que, incluso, una movilización vehicular como la organizada no implica ningún real peligro para la salud.
Es que ante las urgencias de la preservación de la salud pública, los dilemas ante escenarios inéditos generan conflictos como el que se relata.
Más allá de la advertencia, la protesta siguió en pie. Es la segunda vez que se lleva adelante una caravana de este tipo. Los vecinos afirman que los cacerolazos, por la distancia que hay entre las casas, no se escuchan. Por eso, también habían decidido salir con los autos tocando bocina, movilizados por la liberación de los presos.
En esta ocasión la idea era la misma y se esperaba una mayor convocatoria. “Hemos decidido entre la mayoría de los habitantes de Villanueva salir nuevamente en auto, sin bajar de ellos, en caravana, tocando bocina, haciendo un recorrido en la zona de Tigre, que es nuestro partido, y sin cruzarnos a otros”, se lee en un mensaje de WhatsApp que circuló entre los grupos vecinales.
Los habitantes de los once barrios que integran el complejo Villanueva tomaron la orden policial como un amedrentamiento a sus derechos. “Es una amenaza abierta a los ciudadanos y va en contra de la Constitución Nacional. Por supuesto que vamos a salir en los autos de igual manera”, plantearon.