Chautabú: Montenegro pidió un informe al gobierno porteño

Chautabú: Montenegro pidió un informe al gobierno porteño

Las dos dependencias de de Recoleta y Villa Lugano, dedicadas a la Salud Sexual y Salud Reproductiva cerraron por orden del Gobierno.

Las palabras de la legisladora de la Ciudad

El gobierno de la Ciudad cerró las dos sedes del programa porteño Chautabú, que estaban ubicadas en los barrios de Recoleta y Lugano, las cuales consistían en Salud Sexual y Salud Reproductiva. A las dos Consejerías que denunciaron al gobierno porteño por el desmantelamiento de forma imprevista quince días antes de lo pactado y que además, no recontrató a los profesionales que aceptaron continuar con el trabajo bajo la movilidad de consultoría móviles, se sumó un pedido de informes de la legisladora de Unidad Ciudadana, Victoria Montenegro.

Montenegro afirmó que “el estado no puede retirase, evaporarse, después de haber consolidad políticas territoriales sin dar explicaciones. Podemos entender que se trasladen a otro lugar mejor, pero no es el caso y, además, las Consejerías móviles no cumplen la misma función de seguimiento y provisión de insumos”,

La Dirección de Políticas de Juventud del gobierno porteño, a cargo del programa Chautabú, le había comunicado la primera semana de diciembre a las psicólogas/os y médicas/os que brindaban asesoramiento integral sobre métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual y entregaban métodos anticonceptivos en los dos Consejerías fijas de la ciudad, una ubicada en Plaza Houssay (Recoleta) y la otra en la Villa 20 de Lugano, que a fin de mes se cerraban.

En la reunión que tuvimos nos informaron que cerrábamos a fin de mes. Nos dijeron que piensan nuestros contratos como recursos y que iban a disponer de ellos en otros espacios. Y nos ofrecieron pasar a dar talleres, trabajando una hora menos, y con un 25 por ciento menos de sueldo. Somos un equipo chico, de nueve personas. La mayoría decidimos no continuar, pero tres optaron por seguir. Sin embargo, el jueves 14 nos comunicaron que al día siguiente se cerraban los centros. Y el mismo 15, la coordinadora le comunicó a quienes habían decidido continuar que nos les renovaban el contrato”, informó uno de los trabajadores del programa al diario Página 12.

“El problema es que el cierre implica informar a quienes se atendían a dónde van a ser derivados, qué se va a hacer con las historias clínicas y toda una labor de traspaso a los Centros de Salud que no se pudo realizar”, agregó.

También destacó que para el profesional, las Consejerías móviles no cumplen la misma función, ya que “ahí los profesionales brindan talleres pero no dan insumos, ni hacen seguimientos de pacientes, ni llevan historias clínicas, todo ese trabajo que se hizo durante años, desaparece”.

En ese sentido, las dependencias “previnieron y trabajaron con casi 10.000 jóvenes en distintos puntos de la ciudad, siendo así un 625 por ciento más efectivo su impacto. Ambos son dispositivos distintos”, según subrayaron los voceros del área de Juventud.

“Además, al abrirse el nuevo Centro de Salud y Acción Comunitaria N° 43 en la Villa 20, donde ya contaban con el Cesac N° 18, notamos que no era necesario contar con el lugar físico de la consejería, dada la escasa población en la que impactarían los recursos, teniendo en cuenta el exceso de oferta para la demanda de la zona. Por esto mismo se propuso una refuncionalización del programa que consta en prevenir y acompañar a los jóvenes, trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud”, añadieron.

No obstante, el consejero que trabajó en Lugano habló sobre el desempeño de los vecinos con el programa: “En la Villa 20 se atendió, en 2017, a 1230 pacientes, con 4037 consultas. Hubo 447 usuarias nuevas, y se entregaron 7214 insumos (test de embarazo, píldoras anticonceptivas de emergencia, anticonceptivos orales combinados, anticonceptivos inyectables combinados, Desogestrel –anticonceptivo oral que no afecta la lactancia—). Se hicieron 422 derivaciones a los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) 18 y 43, principalmente; y se llevan 2662 historias clínicas desde fines de 2013. A esto se suman 129 consultas por interrupción de embarazo”.

A su vez, manifestó que “todas estas cifras cobran aún más relevancia en contexto:la Villa 20, según el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) tiene 28.000 habitantes, de los cuales 6700 son mujeres de entre 15 y 39. Atendimos en el centro a 2660, es decir un tercio de las mujeres. Según Coordinación Salud Sexual, Sida e ITS, del Ministerio de Salud, en 2016 se hicieron 563 interrupciones de embarazo legales en todo Capital. En Lugano, que representa el uno por ciento de la población de la ciudad, tuvimos 129 consultas”.

En la misma sintonía, aseguró que “nosotros trabajábamos con demanda espontánea: venías al centro, esperabas no más de quince minutos, te atendíamos y proveíamos de insumos. Ahora quienes sean derivados a los Centros de salud van a tener que pedir turno, ir un día determinado, pasar por la farmacia y entrar en una lógica que complica mucho más”.

Por su parte, la legisladora Montenegro hizo un requerimiento, en el marco de la ley de acceso a la información, para que la Vicejefatura de Gobierno, área a cargo de Diego Santilli de quien depende la Dirección de Políticas de Juventud, informe “qué pasará con la política pública desarrollada desde las Consejerías, indicando qué dependencia llevará a cabo la misma desde el 15 de diciembre del presente año; cómo se garantizará la atención en las zonas en las que funcionaban las Consejerías y en las zonas aledañas; de qué manera se garantizará la atención de estos/as consultantes”.

En declaraciones al medio gráfico, la legisladora de Unidad Ciudadana remarcó que “para los que trabajamos territorialmente sabemos lo importante que es lograr anclaje en los barrios, poder referenciarse y entender las particularidades. Y eso es lo que habían logrado esos profesionales. No es lo mismo esperar una Consejería móvil; esto es seguir desfinanciando espacio donde las mujeres pueden acceder a sus derechos. No sólo dejan sin trabajo a los profesionales sino que centenares de mujeres se quedan sin las políticas que le permiten decidir sobre su propio cuerpo. Que exista un área de prevención donde se dicten talleres es positivo pero distinto a un espacio físico donde pueden ir, tener contención, la información necesaria y los insumos. El estado tiene que trabajar en las dos líneas no una u otra”.

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