El juez porteño Roberto Andrés Gallardo fue recusado por el Gobierno de la Ciudad en el marco de la causa que investiga irregularidades en las morgues de varios hospitales porteños y que dejó en evidencia la desaparición de numerosos cadáveres.
Según informó mediante un comunicado de prensa el titular del Juzgado Nº2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad la recusación fue presentada el lunes 12 de agosto de 2013, en el marco de las actuaciones caratuladas “GCBA s/ otros procesos incidentales – Expte Nro. 42492/1”.
“La recusación deducida implica mi automático desplazamiento como juez de la causa, hasta tanto la Excma. Cámara de Apelaciones resuelva en consecuencia. En tanto las cuestiones ventiladas en ese expediente son de profunda gravedad e incluyen entre otras situaciones las de: falsedad de partidas de defunción, supresión de identidad, desaparición de cadáveres y estafa procesal; esta recusación deducida por el Gobierno, a través de la Procuración General y con eventual directiva política del Jefe de Gobierno, no sólo obstruye en forma deliberada la actuación de la justicia, sino que favorece indirectamente el encubrimiento y la impunidad”, expresa el juez porteño.
Ante la recusación planteada, Gallardo presentó una denuncia ante la Justicia Nacional en lo Criminal contra Mauricio Macri, “la Ministra de Salud, el Procurador General de la Ciudad, a los Directores de los Hospitales Durand, Ramos Mejía, Rivadavia, Piñeiro, Santojanni y a un importante conjunto de funcionarios de menor rango”.
En la denuncia contra Macri y los diversos funcionarios del Ejecutivo, Gallardo señala que la recusación podría representar un accionar constitutivo del “delito de encubrimiento” ya que “se trata de una recusación extemporánea, presentada varios días de conocidos los hechos invocados como causa de la recusación, y que evidenciarían la intención, de las autoridades comunales, de evitar el esclarecimiento de situaciones e irregularidades en principio configurativas de delitos por parte de los funcionarios y agentes involucrados”.
“Resulta sorprendente e institucionalmente grave que el Gobierno de la Ciudad, frente al cúmulo de irregularidades detectadas, en vez de ponerse a disposición de la justicia para esclarecer los casos, opte por recusar al juez actuante, obstruyendo la misión judicial. En el día en que cuatro directores de hospitales estaban citados para dar explicaciones, el GCBA impide la celebración de las audiencias mediante artilugios procesales carentes de entidad y fundamento”, subraya el magistrado en el comunicado de prensa al que tuvo acceso Noticias Urbanas.
Y agrega: “La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, garantiza en su art. 12 – artículo que el Jefe de Gobierno parece desconocer- el derecho a la identidad de las personas. Asegurando su identificación en forma inmediata a su nacimiento, con los métodos científicos y administrativos más eficientes y seguros (sic). Asimismo, establece que debe facilitarse la búsqueda e identificación de aquellos a quienes les hubiera sido suprimida o alterada su identidad. No obstante la claridad de la norma, ante la proliferación de irregularidades que hacen suponer la supresión de identidad, la destinación ilegal de cadáveres y hasta la alta probabilidad de que personas buscadas se encuentren muertas y almacenadas en depósitos sin que nadie haga nada al respecto, frente a todo ello, el GCBA, lejos de iniciar sumarios administrativos y separar preventivamente a los funcionarios involucrados, arremete contra el Poder Judicial y sostiene la zozobra y la impunidad”.
La investigación encabezada por Gallardo se detectó que en seis hospitales, ingresaron cadáveres pero no se registró su egreso, no encontrándese los cuerpos. Los datos recopilados por el juez porteño registran la desaparición de los cadáveres de 30 adultos y 11 bebés en el hospital Ramos Mejía, 20 adultos y 73 bebés en el Hospital Rivadavia, 3 adultos y un bebé en el Hospital Durand, 1 adulto en el Hospital Muñiz, 16 adultos y 24 bebés en el Hospital Piñeiro, 7 adultos y 30 bebés en el Hospital Santojanni.
“Lamentablemente, la intempestiva decisión recusatoria del GCBA, impide poder evaluar la situación del resto de los nosocomios en análisis”, remarcó Gallardo.
“Por otra parte, numerosos cuerpos (deducidos del cálculo de faltantes de salida), obran en las morgues sin identificación alguna. Se han omitido en la mayoría de los casos los procedimientos de indagación legalmente prescriptos para poder determinar identidad y comunicar a quienes resulten interesados o dar adecuada sepultura. En una morgue, dos bebes tienen el mismo nombre. Pero ello no parece importarle al GCBA, lo único que lo agravia -en ese caso- es que el suscripto haya ordenado la remisión de los cadáveres de ambos menores a la Morgue Judicial de la Nación para rastrear su ADN. Eso si molesta y ha sido planteado como causal de recusación. La tónica es, contrariando la ley y la más elemental fórmula de respeto por la persona humana, la acumulación descontrolada y en condiciones deplorables de los cadáveres en las morgues públicas”, relata el juez.
Finalmente, el magistrado porteño realizó un llamado de alerta a la ciudadanía al afirmar: ” Que la máxima autoridad legal del estado local, promueva en el Poder Judicial acciones propiciando la sepultura de personas inexistentes (NO OBRAN EN LAS MORGUES CUATRO CADAVERES DE LOS CUALES SE SOLICITA LA ORDEN JUDICIAL DE SEPULTURA) o convalidando certificados de defunción confeccionados dos o tres años con posterioridad a los eventuales fallecimientos, es de una gravedad escandalosa y debe informarse, por su impacto y trascendencia, a la sociedad”.
En paralelo con la denuncia penal contra los funcionarios del Ejecutivo porteño por parte del juez Gallardo, el magistrado notificó de dicha presentación judicial a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y a la Procuración General de la Nación, a los fines de que se evalúe su intervención en el marco de sus respectivas competencias.
