El presidente Mauricio Macri recibió este jueves en Casa Rosada a la jurista Inés Weinberg de Roca, actual jueza del Tribunal Superior de Justicia porteño, quien aceptó formalmente la propuesta para postularse al lugar que dejó vacante con su renuncia Alejandra Gils Carbó en la Procuración General de la Nación.
En “sintonía” con la “igualdad de las mujeres” que promueve, el Gobierno quería a una mujer para ocupar el cargo, según lo aseguró el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, en diálogo con periodistas acreditados de Casa de Gobierno, para cumplir con la nueva política de Macri, el “feminista menos pensado”, como lo definió Fabiana Tuñéz, la titular del Instituto Nacional de las Mujeres.
Según aseguró, la jueza tiene además “una mirada muy valiosa” sobre la lucha feminista, con “mucho trabajo realizado” y una experiencia como jueza internacional en el Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas que dotaría de “prestigio” su posible futuro cargo como jefa de los fiscales.
“Cuando designamos a dos jueces hombres en la Corte Suprema de Justicia, asumimos el compromiso de que en la próxima designación se iba analizar la posibilidad de que fuera una mujer”, señaló Garavano, quien participó de la reunión entre Macri y Weinberg.
También dijo que su rol será el de “liderar la política criminal, hacerle frente al narcotráfico y a la criminalidad organizada” que son los “grandes desafíos que enfrentan hoy los fiscales de todo el país” y consideró que pese a “no ser muy conocida públicamente, en el ambiente judicial y académico sí es una reconocida jurista”.
“Es una mujer con mucha determinación, con mucha experiencia, y nosotros creemos que es una bocanada de aire fresco para liderar el combate contra la corrupción y el narcotráfico”, dijo.
El Gobierno optó por una candidata que “está por fuera del sistema federal” y que tiene “una fuerte capacidad de adaptación” como lo demuestra su historial de trabajo, que incluye haber prestado funciones tanto en el Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas, como en la Justicia Nacional o el Tribunal Superior de Justicia porteño, donde se desempeña actualmente.
Garavano salió al cruce de una pregunta sobre el pasado político del marido de Weinberg, Eduardo Roca, quien fuera embajador ante las Naciones Unidas de la dictadura militar de Leopoldo Galtieri. Aseguró “desconocer” ese vínculo, aunque dijo que es “desechable cuestionar a una persona por lo que haya hecho o no su marido, cosa que desconozco y más en este caso cuando estamos hablando de una mujer”.
“El Presidente ha mandado un mensaje muy enfático en términos de la igualdad de las mujeres y en reconocimiento por su trabajo y por su labor. Me parece que tratar de cuestionar a alguien por lo que pueda haber hecho o no su marido me parece que no corresponde bajo ningún concepto”, enfatizó para darle cierre al tema.
A partir de su elección, Macri deberá comunicar la postulación de Weinberg de Roca formalmente ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del decreto 222/03 que le dará inicio a un proceso de revisión que incluirá requerimientos ante la AFIP y otros organismos, además de la reunión de todos sus antecedentes en la Justicia, que deberán ser comunicados a la población a través de distintas publicaciones y solicitadas.
Luego del proceso de impugnaciones y apoyos, que podría extenderse cerca de quince días, el Ministerio deberá convocar a audiencias públicas y elevar un informe al Presidente, que deberá decidir o no su envío a la comisión de Acuerdos del Senado, que deberá reunir dos tercios de los votos para concretar la designación.
La candidatura se produce a partir de que Gils Carbó, la anterior procuradora, renunciara a su cargo a partir del 31 de diciembre, impulsada por “el fallo del fuero contencioso administrativo que determinó que a los procuradores se los puede remover sin un juicio político”.
Cuestionada actuar en sintonía con el kirchnerismo, la ex jefa de los fiscales está procesada como coautora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, por la compra de un edificio en la calle Perón al 600 para que funcionen las oficinas de la Procuración y por el que se pagaron 43 millones de pesos y se abonaron comisiones que rondan los 10 millones de pesos y que motivó que el juez Julián Ercolini le trabara un embargo de 7 millones.